Por: Enrique Rodríguez.
* El principio de cosa juzgada es esencial para la certeza jurídica, violentarlo equivale a desconocer las decisiones de los juzgadores, es decir la ley de la selva…
Para decirlo en términos comprensibles, el principio jurídico de cosa juzgada es aquella resolución firme sobre un asunto en particular que no puede ser alterada o modificada porque ya fue exhaustivamente analizada
por todos los jueces e instancias que intervienen en la resolución de un litigio. Este concepto es esencial en un Estado de derecho. Cito un ejemplo figurado, imagine que la impecable e inatacable resolución de la Suprema Corte para revertir la prolongación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California, pudiera ser revertida por un documento ilegal avalado por la Fiscalía General de la República para reabrir el asunto, vulnerando la autoridad del Máximo Tribunal.
El principio de cosa juzgada es esencial para la certeza jurídica, violentarlo equivale a desconocer las decisiones de los juzgadores, es decir la ley de la selva. Le puedo anticipar que en Puebla se está preparando una cochinada para revocar lo irrevocable e intentar revertir el no ejercicio de acciones penales inatacables por diversas sentencias judiciales en una serie de añejos litigios que involucran a la Fundación Jenkins. La intención final de fondo es revivir causas perdidas en tribunales para apoderarse de la Universidad de las Américas en esa entidad, con la complacencia del gobernador Miguel Barbosa.
El patrimonio de la Fundación Jenkins, que realiza importantes y cuantiosas labores de filantropía tiene la categoría de donataria autorizada, siempre ha sido codiciado por poderosos personajes locales y nacionales.
Un conocido pleito familiar de los Jenkins es el contexto histórico de este caso que por su extensión no incluiré en esta ocasión, sin embargo les puedo adelantar que en la fiscalía poblana se procesa una denuncia con un desglose sobre la reapertura de una investigación que ya es cosa juzgada y tiene oscuras intencionalidades que darán mucho de qué hablar en los próximos días.
En otros temas, lamento que se haya confirmado en los hechos el dato anticipado en esta columna hace 17 días, respecto a que el 20 de junio llegaríamos a 20 mil muertes a causa de la indomable pandemia de covid-19 en México. El acierto no fue mío, es un riguroso cálculo matemático de los prestigiados epidemiólogos de la Universidad Johns Hopkins, que estudian la evolución de la enfermedad sin sesgo político.
EDICTOS
Esta historia se podría llamar “el fallido experimento 4T de 2 ex funcionarias de la Suprema Corte”.
En el ánimo de Andrés Manuel López Obrador sólo se puede estar con él o en su contra. Con esa visión del mundo, la conducta de los funcionarios de su administración debe garantizar devoción ciega hacia el catecismo ideológico o atenerse a las consecuencias.
Mara Gómez Pérez y Mónica Maccise pagaron el costo de buscar un cargo público en el régimen. En ambos casos fueron abandonadas y finalmente cesadas desde el escritorio principal de Palacio Nacional. Mara fue Directora General de Planeación de lo Jurídico en la Corte, Mónica titular de la Unidad de Equidad de Género del Máximo Tribunal. Las dos tienen capacidades profesionales incuestionables, también comparten afinidades protagónicas que terminaron marcando sus destinos. Conocidas de Olga Sánchez Cordero, quien fue el vínculo que les permitió asumir posiciones en la Comisión Nacional de Víctimas y el CONAPRED, respectivamente. Mara inició una lastimosa campaña mediática para victimizarse por los agudos recortes de presupuesto. Mónica invitó a un foro sobre discriminación al youtuber Chumel Torres, un panel en el que ella también tendría reflectores. Errores de cálculo que definieron sus efímeras etapas como servidoras de un proyecto en el que nunca encajaron.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















