Por: Alejandro Poiré.
* Nos hablaron de afiliaciones falsas, conseguidas en instalaciones gubernamentales o religiosas, o a través de esquemas clientelares
Se Preparó el Instituto Nacional Electoral a resolver sobre la creación de nuevos partidos políticos en México. Este ritual que en el arranque de la era democrática de México era trianual, ahora se lleva a cabo solamente una vez al sexenio,
y abre la puerta a nuevas organizaciones para competir en las elecciones intermedias de 2021 y potencialmente en la presidencial del 2024.
La última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que con toda certeza se impugnará la resolución del INE, ya sea por quienes no resulten favorecidos, o por otros partidos que compiten con aquellos a quienes sí se les reconozca. Importa desde luego el resultado de este proceso. Si se valida al final del trayecto el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE, tendrán su registro México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y el Partido Encuentro Solidario, heredero del Partido Encuentro Social que perdió su registro en 2018, y es actual aliado legislativo de Morena.
De confirmarse este fallo, la dinámica electoral se verá afectada por al menos dos razones. Primero porque México Libre representaría una amenaza para el PAN. En muchas demarcaciones, un pequeño margen de votos mayor para México Libre y menor para Acción Nacional puede significar la derrota de este último; en algunos casos quizá sea incluso espacio para la salida de panistas que no sean reconocidos por su partido con una candidatura. Segundo porque la polarización ya existente entre las narrativas del presidente actual y el de hace dos sexenios seguramente se verá reforzada y seguirá marcando el ritmo de un pedazo importante de la discusión pública. El rol del (nuevo) PES será menos importante y similar al que tuvo en 2018: será un aliado del poder (inicialmente del PRI, ahora de Morena).
Pero más allá del resultado de este proceso, la discusión respecto a la creación de los nuevos partidos muestra que seguimos viviendo los males de un sistema de partidos construido para su propia debilidad.
Las notas que se han publicado hasta ahora sobre el dictamen de la Comisión del INE, y seguramente la discusión en el pleno del INE y del Tribunal, nos hablan de afiliaciones falsas, conseguidas en instalaciones gubernamentales o religiosas, o a través de esquemas clientelares y corporativos. De donativos no justificados, de multas y sanciones para las organizaciones que apenas se presentarán formalmente como “entidades de interés público” (como dice la Constitución de los partidos), y de un cúmulo de prácticas de simulación o aparente falta de transparencia que seguramente serán usadas por los medios y sus adversarios para manchar el nacimiento de estos institutos.
Y sin embargo habrán acreditado estos partidos un número de militantes y actividades comparable al de algunos de los institutos políticos tradicionales.
La ley exige a los nuevos partidos 227 mil integrantes, mientras que el PAN tiene acreditados 378 mil y Morena 319 mil. Otros tienen muchos más, pero pues hay que preguntarse qué tipo de militancia es esa: por ejemplo el PRD dice tener 5.2 millones de militantes; ¿y sus votos en 2018?, no llegaron ni a 2 millones. Posiblemente llegarán nuevas opciones a la boleta y al debate en 2021, y ello enriquecería las alternativas y la discusión para la renovación del poder público. Pero de lograrlo, llegarán a un sistema que los ha visto nacer en medio de simulaciones y que las seguirá produciendo–para todos los partidos.
Es demasiado difícil llegar a la boleta electoral en México, y esto se promueve como buena idea porque a quienes se les otorga ese espacio se les da también mucho dinero público.
Al mismo tiempo se le limita excesivamente a los partidos la capacidad para pedir dinero privado, pero como ilustran los videos y lo reconocen sus liderazgos, todos lo siguen haciendo. Y de esa forma se hace muy difícil el crecimiento orgánico de opciones políticas mejor vinculadas con la ciudadanía, con finanzas genuinamente transparentes, que puedan evadir el viacrucis de ceñirse a una ley diseñada para que no haya competencia. Esta no es buena receta para una democracia sana.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















