Por: Emilio Suárez Licona.
* Del primero al 15 de octubre se definen las normas para formar coaliciones y los mecanismos para el registro de los candidatos.
El proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados inició el pasado 7 de septiembre, y con ello los partidos políticos arrancan una nueva carrera para lograr convencer al electorado que son la mejor opción de representación de sus intereses en el ámbito legislativo.
Además, que es en términos del número de elecciones y oferta política, la más grande en la historia de nuestro país.
En este sentido, hay dos circunstancias que deberían dotar a este ejercicio democrático —fuera de la lectura cotidiana del equilibrio de fuerzas en el país— del interés para los distintos sectores de la sociedad: primero, porque es la primera vez que operará la reelección camara di legislativa federal; y segundo, dado lo anterior resultará interesante observar las mutaciones de la oferta política en la posible conformación de las coaliciones electorales teniendo como referencia las pasadas elecciones.
Lo anterior no resulta trivial pues vale recordar que fue justo el tema de las coaliciones y su reflejo representativo (no correspondían los porcentajes de votación por partido con los números de sus legisladores) en los órganos legislativos un tema controvertido en sede jurisdiccional electoral, además de que posterior al pasado proceso electoral el tema ha sido retomado por analistas políticos e incluso algunos consejeros electorales federales.
En consecuencia, el propio calendario electoral define tres fechas que serán muy relevantes en el ámbito político y normativo que marcarán las reglas del juego bajo las cuales los partidos se presentarán a las elecciones y los órganos electorales deberán ser garantes de los distintos preceptos y principios constitucionales de representación.
Del primero al 15 de octubre se definirán las normas para formar coaliciones y los mecanismos para el registro de los candidatos; del primero de noviembre al 2 de enero del próximo año, el registro de coaliciones; y del primero al 30 de enero de 2021 la presentación de las plataformas electorales.
Será precisamente en dichos espacios de definición en donde la máxima autoridad en materia electoral habrá de privilegiar el establecimiento de mecanismos que fortalezcan la aplicación del principio de la auténtica expresión de la voluntad popular en las urnas en el contexto del diseño y celebración de convenios de coalición entre partidos políticos, a efecto de prevenir que mediante la distribución de candidaturas y asignación de distritos entre partidos coaligados se produzca una transferencia
artificial de triunfos electorales, los cuales generan un efecto distorsionador que menoscaba los principios constitucionales de la voluntad auténtica del elector y el límite de la sobrerrepresentación de una fuerza política en el espacio legislativo.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















