Por: Roberto Domínguez Cortés.
* De que el sistema fiscal es inequitativo, lo es…
Con una severa llamada de atención, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador como el causante de todos los males que aqueja al sistema federal en cada una de las entidades federativas.
El pronunciamiento del mandatario tapatío es elocuente y grave, pero fuera de contexto dentro del sistema constitucional mexicano: “Ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando el Gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece”.
De que el trato monetario–fiscal es injusto, dos datos relevantes confirman este aserto. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha documentado que de los aportes a la Federación, ésta únicamente le regresa el 50 por ciento en participaciones, en un grave atentado al sistema federativo. En el mismo sentido se pronuncia el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, cuando denuncia que de cada peso entregado al Gobierno de la República, este sólo regresa 28 centavos al estado, pero de eso a pretender romper con el pacto federal plasmado en la Constitución de 1917 es un despropósito del gobernador Enrique Alfaro. Para empezar, los estados no son libres y soberanos; son autónomos para darse sus propias leyes y emitir su Constitución.
Una de las características de la soberanía es que un Estado puede celebrar tratados con otros Estados nacionales, contratar empréstitos con naciones extranjeras y acuñar moneda, lo que no se permite a ningún estado de la Federación mexicana. Estas tres limitaciones están totalmente prohibidas en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos como esencia del pacto federal.
También con total desconocimiento de la Constitución, el presidente López Obrador instó a los 10 gobernadores anti-federalistas a hacer una consulta en sus estados para que la ciudadanía decida si están de acuerdo o no con el sistema federal imperante. Pésimo consejo presidencial. La Constitución federal no contempla las consultas populares en los estados. Por el contrario, son facultades exclusivas de los tres poderes de la Federación en las que participan el Congreso de la Unión, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aun en el caso de que las entidades federativas tuvieran facultades expresas para convocar a consultas populares, el contenido del artículo 35 de la Carta Magna es un formidable impedimento al despropósito de los 10 gobernadores enfrentados con López Obrador.
El texto es definitivo en su prohibición: “No podrán ser objeto de consulta popular los principios consagrados en el artículo 40 de esta Constitución”.
El numeral invocado define exactamente la característica del Estado mexicano: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica (innecesaria expresión), federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Más adelante, el artículo 41 de la misma Ley fundamental hace una precisión insalvable: “Las constituciones de los estados en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”. Esta disposición quiere decir que si un estado pretende desconocer ese mandato, el Senado de la República debe de intervenir inmediatamente y declarar la desaparición de poderes.
Al respecto, la ley reglamentaria de la fracción V, del artículo 76 constitucional, previene como causal de la desaparición de poderes de los estados “el quebrantamiento de los principios del régimen federal”. Por eso, la declaración del gobernador Enrique Alfaro pone en riesgo la estabilidad política del estado de Jalisco. El pacto federal, con todas sus imperfecciones, es insalvable, aun cuando López Obrador pretenda conducirse como Presidente de una República centralista en recuerdo de los mejores tiempos de Santa Anna, Porfirio Díaz y el PRI.
De que el sistema fiscal es inequitativo, lo es desde que nació, en 1978, durante el gobierno, de la frivolidad, de López Portillo. En 1978 impuso lo que hasta la fecha se conoce como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para someter financieramente a los estados en esa simulación de República federal. Bajo ese “acuerdo” firmado “voluntariamente” por los gobernadores de los estados, estos aceptaban un sacrificio fiscal a cambio de que la Federación se hiciera cargo de todos los impuestos en los estados.
El resultado fue funesto. El 80 por ciento de los recursos recaudados terminaron en poder de la Federación y sólo el 20 por ciento en los estados, pero todavía más. Hasta la fecha, el 95 por ciento de las haciendas públicas locales se componen de participaciones fiscales federales y apenas el 5 por ciento de ingresos propios, con lo que quedan sometidas económicamente a la Federación.
López Obrador critica todo lo que viene del pasado, y especialmente si tiene tufo priísta. Sólo que para su cacareada democracia se vale de un sistema fiscal caduco, autoritario y corrupto al que se oponen cinco gobernadores del PAN, dos del PRI, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y un independiente.
Ahí es donde los 10 gobernadores anti-AMLO deben de centrar sus objetivos, plantear un nuevo sistema fiscal en el que por población, geografía e índice de desarrollo humano, entre otros indicadores, se distribuyan más equitativamente los recursos federales hacia los estados.
Es inconcebible que, en la actualidad, Tabasco, con sólo 17 municipios, tenga mayores beneficios fiscales que Oaxaca, con 570. De que a los gobernadores les asista la razón es incuestionable, sobre todo porque los recortes presupuestales han incidido negativamente en los ingresos de las entidades federativas para financiar obras faraónicas sin futuro, como Tres Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, pero como en los mejores tiempos del PRI, contrario a la alianza federalista, se formó una coalición de gobernadores morenistas para dar respuesta a las imputaciones que han dirigido a López Obrador. Lo malo es que más de uno de ellos sin autoridad moral e identificado por su ineptitud al frente de sus estados.
Jaime Bonilla, de Baja California, está imposibilitado para opinar. Recurrió a mil trampas para prolongar su mandato de dos a cinco años, con consultas amañadas a la población bajo la falacia de que “el pueblo habló”, para que, finalmente, la Suprema Corte determinara que hubo fraude constitucional.
Cuauhtémoc Blanco es un mal chiste de la política mexicana. De futbolista a gobernador, tiene en Morelos un gobierno deplorable y de la patada, con el agravante de que en la inauguración de una escuela agradeció la presencia de Benito Juárez.
Miguel Barbosa, en Puebla, aparece con síntomas de afectación mental. Sólo a un alienado se le ocurre decir que Rafael Moreno Valle y su esposa murieron en un accidente aéreo porque Dios los castigó al robarle la elección.
En Veracruz, Cuitláhuac García mantiene en permanente inseguridad a la ciudadanía. Su nombre va con su personalidad. Cuitláhuac quiere decir “excremento seco”.
A Rutilio Escandón, en Chiapas, se le cataloga como un gobernador chistoso. A diario acapara la nota principal de todos los periódicos con pronunciamientos ridículos y sin sustento. Con propensión a violar derechos humanos y garantías, hasta la fecha no ha dado respuesta al Juez de Distrito sobre la solicitud de su condición académica.
Y con esos gobernantes de Morena se pretende sacar adelante al país. Ampliaremos…
hojas_libres@hotmail.com
Fuente: REVISTA IMPACTO.
















