Por: Gabriel Reyes Cardoso.
* Habrá que recordarles a los consejeros electorales y a los representantes de partido que la democracia no son ellos; agenda nacional ya está demasiado cargada de divisiones, polarizaciones y necedades.
No es sólo porque representan más de la mitad del electorado. Tampoco por el papel predominante que realizan en las tareas más importantes de la vida individual y familiar.
Es porque en la agenda de la igualdad y equidad de género, la participación de las mujeres en política era un objetivo pendiente de cumplir cabalmente.
El viejo pretexto de que las mujeres no son competitivas en elecciones, y dificulta a los partidos identificar y convencerlas para que participen, se ha derrumbado por sí solo. Lo mismo el argumento de su inaceptable ascenso a la representación popular, o a la administración, por incapacidad o debilidad. En todas las áreas del quehacer público, las mujeres mexicanas han dado múltiples testimonios de que pueden y lo hacen, muchas veces, mejor que los varones.
El camino ha sido largo, pero eficiente. De la recomendación a incluirlas, la legislación pasó a la obligación de que estén presentes en todos los procesos y procedimientos de la democracia electoral en igualdad de circunstancias, pero esta prospectiva no llega, por el momento, hasta la imposición de puestos de elección exclusivamente para mujeres o exclusivamente para varones.
Recientemente, el Instituto Nacional Electoral decidió que en 7 de los 15 estados donde se renovarán los gobernadores, los partidos postulen sólo a mujeres, y ha abierto un debate más que pone en entredicho el contenido democrático del sistema electoral mexicano.
Es difícil identificar y comprender los criterios, como éticamente aceptables, para que a Guerrero, por ejemplo, sólo por ejemplo, por decisión de la autoridad electoral nacional, le toque sea gobernado por una mujer, y no a Nuevo León, por ejemplo, sólo por ejemplo.
La ley del tanto, que señala que los candidatos deben ser 50% para cada género, pudiera no tener inconvenientes significativos, pero la selección de cuáles estados, diputaciones o presidentes municipales tendrán que ser gobernados sólo por mujeres, o sólo por hombres, admite controversias jurídicas, éticas y de justicia porque en ningún momento la autoridad electoral nacional consultó a los electores de cada territorio para que expresen sus preferencias de género en estos temas. Alguien puede ver esta decisión como distante de la esencia democrática.
A la autoridad electoral le sobraron recursos de todo tipo para al menos hacer una encuesta en cada estado, distrito electoral o territorio municipal, para indagar y sustentar con mejor autoridad moral sus decisiones. No será fácil aplicar la ley de la imposición de género en las decisiones del organismo que debería ser totalmente transparente en sus definiciones al interpretar las leyes y hacerlas coincidir con las preferencias de los electores.
Es probable que la justificación de la autoridad vaya en el sentido de la falta de tiempo, recursos o imposibilidad técnica. A mí me parece que ni siquiera han reflexionado sobre los sustentos aceptables y los costos y riesgos de esas decisiones, las que al carecer de una explicación racionalmente aceptable sólo evidencian un monopolio legal, y en la sola capacidad de autosuficiencia para decir y hacer unilateralmente.
Habrá que recordarles a los consejeros electorales y a los representantes de partido que la democracia no son ellos. Que su responsabilidad es asegurar para todos las condiciones de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza e independencia al votar. Que sus capacidades legales sólo incluyen gestionar la participación responsable y libre de los electores, y garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, pero no suplirlos; menos substituirlos.
Esta decisión, que, además, ya han ido estableciendo las autoridades electorales en cada estado, vicia, de origen, la elección al ignorar que son los electores los que eligen todo, desde el principio hasta el fin, en los procesos electorales.
Y confirmo que no estoy en contra de la participación de las mujeres o los hombres en las elecciones; con lo que no comulgo es que una autoridad en la que se ha confiado y se ha depositado todo el respeto traspase los límites de lo racional y justo al olvidar que las razones del derecho y los bienes que tutela son y deben seguir siendo potestad del mandato popular de los ciudadanos, y a los cuales ya debemos dejar de considerar electores minusválidos.
No se puede, desde la normatividad electoral, imponer el género en los cargos aun cuando sí en las candidaturas. Grave problema en que ya estamos inmersos porque el sentido común ya nos metió, desde ahora, en la discusión de las decisiones de las elecciones del 2024. Con qué autoridad moral decidirán los patriarcas electorales que en el próximo sexenio deba ser sólo hombre o sólo mujer quien gobierne al país al imponer a los partidos y a los electores el perfil de género que a ellos se les ocurra.
La agenda nacional ya está demasiado cargada de divisiones, polarizaciones y necedades; no ayuda en algo agregar el tema electoral de género impuesto. Tampoco retar o probar que los electores muestren la capacidad ética y moral de sus poderes soberanos.
Hoy se habla y acepta, con libertad, el perfil de género en las actividades públicas y familiares; se promueve la corresponsabilidad y solidaridad eficiente. La discusión ha sido larga, y ahora es más audible, visible y operable. No regresemos ni a tiempos ni circunstancias superadas, y no permitamos que una autoridad, con toda la majestuosidad de su autonomía, se adjudique capacidades y potestades que las leyes no les han dado hasta ahora.
Fuente: REVISTA IMPACTO.
















