Por: Jorge Camargo.
En su corta historia, Morena vive su peor crisis y está por decidir si carga el estandarte de la vergüenza nacional, porque por primera vez midió el efecto negativo que le representan las decisiones de su gobierno. La disyuntiva está en romper el lastre o pagar el costo electoral.
Puede parecer desproporcionado el decir “vergüenza nacional” si no habláramos de la afrenta que constituye la clara narrativa antifeminista y misógina que ejerce su gobierno,
en el contexto del pico más alto de asesinatos de mujeres por su condición de serlo, es decir, feminicidios.
Y a ello se suma el disfrazar una decisión partidaria —un engaño que implica una burla para las mujeres de su propio movimiento— para dejar intocada la posibilidad de que un candidato acusado de presuntos delitos sexuales pueda enarbolar la bandera guinda de Morena en la elección de Guerrero.
El rasgo claramente conservador del gobierno surgido de este movimiento acrecienta la afrenta cuando reitera, sin ninguna modulación —por supuesto que no hay modulación que valga—, que las mujeres, adolescentes y niñas se dejan engañar, es decir, que carecen de criterio propio para protestar. Y si lo hacen, “que se porten bien”.
Las protestas por el candidato impuesto desde Palacio provocaron que la sede de Morena fuera tomada e incendiada parcialmente. Si esto se consuma, ese movimiento anula cualquier agenda de género.
Toda persona que le importe la violencia contra las mujeres, la discriminación, los techos de cristal, la exclusión de la vida laboral y el desinterés del gobierno, debemos apoyar la marcha del próximo 8M y el 9M.
Hablando de fuegos, es la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica la que generará, al menos, tres efectos desfavorables, uno de ellos electoral.
Sectores en Estados Unidos interpretaron como un doble discurso el que funcionarios mexicanos, en la primera reunión con el presidente Joe Biden, ofrecieran colaboración en el combate al cambio climático, cuando ese mismo día los senadores de Morena planeaban aprobarla.
Las modificaciones sacan a México de toda posibilidad de recibir inversiones de grandes mercados, aun cuando Morena mienta alegando que, con ello, se acaba la corrupción y se hace más eficiente el sector.
La relación de México con Estados Unidos nunca ha sido del todo buena, ni con los demócratas ni con los republicanos. Si usted cree que los funcionarios de ese país no sabían que mientras agradecíamos a Dios “estar no tan lejos de ellos” aprobábamos la reforma, pecaríamos de ingenuos.
El problema es la imagen que generamos ante el mundo y la afectación al grado de confiabilidad de esta administración. Impacta a Morena porque, al no haber inversiones, no se generarán empleos y otros se perderán, disminuyendo el nivel de vida de los más pobres.
Al igual que el PRI lo hizo por décadas, Morena, cuya composición tiene un gran componente ideológico priista, antepone un tema de soberanía para defenderse de la crítica.
La soberanía no funciona como protección para violar el derecho internacional y convencional, al que, de antemano, un país se ha comprometido a respetar firmando acuerdos y tratados comerciales.
Ése es el mensaje que manda Estados Unidos a través de su subsecretario de Estado, Jon Piechowski, quien, al referirse a la reforma energética, dijo que si bien respetan nuestra soberanía, México tiene la obligación de respetar los derechos de los inversionistas privados.
Morena debe asumir tres costos electorales: primero, justificar su política antifeminista, defendiendo a su candidato Félix Salgado y no implementar una política contra el feminicidio; segundo, explicar el incumplimiento de la agenda climática mundial a la que se comprometió y, tercero, aclarar por qué optó por generar más contaminantes que dañarán la salud de los mexicanos, sus hijos y los hijos de sus hijos.
Por su agenda, Morena es el movimiento de izquierda más conservador.
En otros temas, resulta inocultable que el gobierno morenista ha dado un manejo electoral no sólo a su presencia discursiva en la opinión pública, eventos, etcétera, sino en el manejo de los programas sociales, lo que ocasionó que el INE dictara medidas cautelares para que sus funcionarios dejen de solicitarle a las personas su credencial para votar.
Efectivamente, como bien dice su gobierno, ya no es como antes: ya no hay fraudes electorales ni se puede hacer uso electoral de los programas. Hoy existen instituciones creadas por los ciudadanos, como el INE. Confiemos.
Fuente: Excélsior.
















