Por: Fernando Camacho Servín.
Aunque el proceso de militarización de la vida pública de México comenzó hace ya varios años, en el actual sexenio dicha inercia se ha intensificado aún más y ha quedado marcada en el andamiaje legal del país, de tal suerte que “los gobiernos pasarán, pero la participación de las Fuerzas Armadas en diversas áreas va a permanecer”.
Así lo advirtieron organizaciones civiles y académicas durante un foro virtual organizado hoy por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), las cuales subrayaron que la influencia de los militares ya no sólo ocurre en temas de seguridad pública, sino en temas tan variados como el control de aduanas y la administración de vacunas.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la militarización de México se originó hace varias décadas, pero alertó que “en el presente gobierno vemos una profundización preocupante de esa inercia, porque se presenta con una especial intensidad y tiene una profundidad jurídica muy honda”.
El resultado de ello, dijo el abogado, es que “los gobiernos pasarán, pero el andamiaje legal que profundiza la participación de las Fuerzas Armadas va a permanecer, y esa es la nota más preocupante en el presente”.
De igual manera, alertó que en años recientes ha habido incluso más retrocesos en el control y supervisión del Ejército y la Marina, como lo demuestran casos recientes de atrocidades cometidas por personal castrense, entre ellos los ocurridos en Tamaulipas, Chiapas y Sonora.
“Todo ello da cuenta de que se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos en este gobierno. El Presidente puede dar las órdenes que quiera, pero la inercia institucional de abusos continúa en el presente”, enfatizó Aguirre.
Ante la comisión de abusos militares, apuntó, sigue prevaleciendo en las Fuerzas Armadas un “espíritu de cuerpo” que bloquea cualquier tipo de investigación y reparación integral, y que está presente incluso entre los organismos civiles como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De igual forma, lamentó que se siga reproduciendo el discurso de que los controles internos del gobierno bastan para supervisar a los elementos castrenses, cuando la experiencia demuestra que no es así, y que las reparaciones tengan un enfoque exclusivamente económico, lo cual desincentiva las indagatorias.
Estefanía Vela, directora de la organización feminista Intersecta, coincidió en que la militarización del país lleva décadas ocurriendo, pero en la actual administración “se ha intensificado” mucho más, como lo demuestra la transferencia de una gran cantidad de tareas y responsabilidades al Ejército y la Marina, como el control de puertos, aduanas, construcción de megaproyectos y administración de vacunas anti-Covid.
A ello se suma el aumento constante en el presupuesto de ambas instituciones, las cuales siguen teniendo regímenes especiales de control interno.
Fuente: La Jornada.
















