Por: Manuel Rodríguez.
La situación que prevalece en el mercado gasero la ha dejado al descubierto el jefe del Ejecutivo federal.
En torno al anunció de la creación de Gas Bienestar sobresalen dos razones que legitiman la decisión del ejecutivo federal para meter en cintura la escalada de los precios del gas licuado de petróleo (LP),
el combustible de mayor uso en los hogares mexicanos, cuyos precios registraron un aumento de 36 por ciento en marzo, en términos anuales, al cotizarse el litro en marzo de 2020 en 9.51 pesos y dispararse a 13.02 pesos en el mismo mes del presente año.
La seguridad energética es la columna vertebral del planteamiento presidencial de la creación de una empresa pública que dependerá de Pemex, para distribuir gas LP a precios justos, sobre todo en los estratos más desprotegidos de la población; donde los privados seguirán participando.
Con base en el concepto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la seguridad energética es el abasto suficiente e ininterrumpido de energía en el corto, mediano y largo plazo, y sobre todo a precios asequibles y accesibles.
Para lograr este objetivo es necesario contener y minimizar las amenazas a la cadena de valor de los energéticos, que van desde las naturales, ambientales, técnicas y geopolíticas a las de carácter económico, como la dependencia de las importaciones, concentración de la oferta al público en pocos proveedores, las estrategias de mercado de los agentes económicos privados que aumentan sin control los precios y las utilidades generando presiones inflacionarias que afectan principalmente a las familias de menores ingresos.
Está situación que prevalece en el mercado gasero la ha dejado al descubierto el jefe del Ejecutivo federal, dando a conocer que solamente cinco empresas distribuyen 50 por ciento de gas LP en el país; a través de subcontrataciones mantienen un control del territorio, eliminando la competencia y haciéndose de utilidades muy altas.
El segundo argumento a favor, derivado de lo anterior, tiene que ver con el papel de las empresas públicas a nivel global en sectores estratégicos, como son las telecomunicaciones, transporte, finanzas y energía, donde está justificada la creación de una empresa pública para corregir las fallas del mercado en actividades de interés público, como la comercialización del gas; subsector energético que tiene un conglomerado de empresas que monopoliza el mercado, a través de prácticas anticompetitivas y otros métodos ilegales para repartirse la distribución e imponer los precios de manera arbitraria.
Esta situación que exige la intervención del gobierno para regular una actividad sensible, como es la distribución y comercialización del gas LP, donde se ha hecho evidente que el mercado no puede reemplazar la fortaleza regulatoria de Estado; por lo tanto, esta medida acertada, congruente y valiente, anunciada por el presidente López Obrador, la apoyamos desde el ámbito legislativo, donde estamos listos para contribuir a estimular una sana competencia en el sector.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















