Por: Silvino Vergara Nava.
«[…] el terrorismo jurídico de Estado se expresa al darle carácter de derecho vigente a lo que en
la modernidad se consideraban abusos de poder».
Dentro de las propuestas de esta administración pública federal para resolver el problema de la alta violencia que se ha vivido en gran parte del territorio de México en los últimos años (provocada en parte,
por las políticas públicas de represión al crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de persona, etcétera), está la consistente en disminuir la aplicación de la fuerza policial y militar en contra de los grupos criminales y sustituirla por medidas menos lesivas y, sobre todo, de concientización en la población sobre los efectos nocivos del crimen para mermar esa violencia que se ha vivido en México.
Los datos sobre la alta violencia son catastróficos: 222,000 muertos en el gobierno de Felipe Calderón, más de 60,000 desaparecidos, 120,000 muertos en el gobierno de Peña Nieto y, después, los datos de este gobierno federal actual.
Las políticas de represión que se llevaron a cabo desde el gobierno federal a partir de 2006 son una copia de lo que ha sucedido en Colombia en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado y que no dejaron nada más que muertes y desolación. De igual forma que ha sucedido en Estados Unidos de América con la particular permisión jurídica de contar con armas, haciendo de tal país el más armado del mundo, pues cuenta con más armas que habitantes; por lo que hay recurrentemente noticias sobre balaceras en escuelas, universidades, plazas comerciales, etcétera, en relación de las cuales no se hace nada por evitarlas, más que comercializar aún más armas para «contener» esos ataques violentos.
Pues bien, en el caso de México, la política, para combatir a los grupos criminales, iba a cambiar con esta administración pública; pero pareciera que no ha sido así, pues siguen cometiéndose crímenes atroces. Más aún, la política de «abrazos» que se mencionó tampoco ha sucedido. Para ello, era necesario establecer un plan de amnistía e, incluso, de indultos a los criminales; un programa de devolución de armas y bienes, así como de reconciliación con declaraciones de los hechos delictivos; pero esto tampoco ha sucedido. Por el contrario, se ha sostenido que los apoyos sociales a los «ninis» y a los adultos mayores son suficientes para resolver el problema, lo cual tampoco ha sido así.
Lo que es un hecho es que ha habido una tendencia, en los últimos tiempos, a una política de displicencia; pues se observa un desinterés generalizado por los sucesos tan violentos presentes en esta administración pública. Basta con observar que, en los casos que salen en los medios, por resultar tan sangrientos e inhumanos, lo que dice la voz oficial es que a las autoridades de los Estados corresponde investigarlos y sancionarlos y no a la federación. Por su parte, el actual titular de la fiscalía ha pasado a segundo término en protagonismo político nacional; ha tenido poca presencia en los medios y muy pocas manifestaciones de una voz tan requerida, por lo menos, para darle cierta tranquilidad a la población y, con ello, un poco de certidumbre. Sin embargo, más parece haber una displicencia o un desinterés, dando a entender como que no se trata de un tema fundamental para las políticas públicas nacionales.
Desde luego, tal actitud repercute en la conducta de los ciudadanos, pues estos salen de sus casas atemorizados de lo que se puedan encontrar en las calles y carreteras. Hay zonas que ya resultan intransitables en el territorio nacional y cada día son más recurrentes las organizaciones vecinales denominadas «auto-defensas», que son una muestra clara de la incompetencia de las autoridades de todos los niveles para devolver la tranquilidad que alguna vez hubo en México.
Por ello, estamos ante la presencia de una política de desinterés más que de abrazos, porque, para esos abrazos, en términos de políticas públicas, era necesario que se implementaran medidas que hasta el día de hoy no se ven. Medidas que no se den solamente en el discurso, sino también en las acciones, que —por lo visto— hoy están muy alejadas de esa propuesta. Por ende, cada día está más confirmado el desinterés por contener y acabar con el crimen organizado. (Web: parmenasradio.org).
Fuente: Jornada de Oriente.
















