Por: Mónica Camacho.
Aunque la LX Legislatura del Congreso local concluyó el 14 septiembre pasado, no deja de recibir reveses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la aprobación de disposiciones inconstitucionales
Aunque la LX Legislatura del Congreso local concluyó el 14 septiembre pasado,
no deja de recibir reveses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la aprobación de disposiciones inconstitucionales. El viernes pasado llegó la número 15 para ese periodo parlamentario que encabezaron Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla, ambos liderazgos de Morena.
El máximo tribunal de justicia de México invalidó un artículo de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, por exigir como requisito para encabezar ese organismo como director general el no haber sido condenado por delito doloso.
Es la segunda ocasión que la SCJN anula una exigencia de ese tipo aprobada por la legislatura anterior, ya que lo mismo hizo el 31 de agosto pasado sobre una reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.
En ese ordenamiento, la corte anuló un vetó que establecieron los diputados contra las personas sentenciadas con pena privativa de libertad y sancionadas como servidores públicos, para que no fungieran como testigos sociales en licitaciones públicas.
En ambos casos, la SCJN concluyó que se trata de requisitos que transgreden los derechos de igualdad y no discriminación, pues las personas sancionadas por la vía penal y administrativa deben quedar en la posibilidad de participar en la selección de cargos públicos en igualdad de circunstancias, una vez que se hayan cumplido las sanciones impuestas.
Los ministros dieron la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano constitucionalmente autónomo que promovió las acciones de inconstitucionalidad 85/2021 y 115/2020 para echar abajo esas exigencias, por contravenir el principio reinserción social.
Pendientes, cuatro reveses más contra el Congreso
La CNDH es autora de 18 acciones de inconstitucionalidad contra la LX Legislatura del Congreso de Puebla, de las cuales 13 han derivado en la anulación de disposiciones aprobadas por los diputados, mientras cuatro más están pendientes de resolverse y se prevé que sea en el mismo sentido.
La única acción de inconstitucionalidad de la comisión nacional que no significó un revés para el Poder Legislativo del estado fue la 1/2020 y se debió a que los representantes populares incorporaron en el Código Civil los matrimonios entre personas del mismo sexo en noviembre de 2020, antes de que los ministros se los ordenaran a petición del órgano defensor de derechos humanos.
Las acciones promovidas por la CNDH que se encuentran a la espera de sentencia buscan anular diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental, el Código Civil, la Ley del Notariado, así como la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por reformas que se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el 12 de octubre pasado, el 26 y 5 de marzo de 2021 y el 15 de enero de 2020, respectivamente.
De la enmienda al Código Civil, la comisión refutó en la acción 73/2021 la imposibilidad de que las personas menores de edad para que puedan solicitar la emisión de una nueva acta de nacimiento que sea acorde a su identidad de género; de la Ley del Notariado (61/2021), un requisito que juzgó discriminatorio en razón del origen nacional para solicitar el examen de aspirante a notario, así como la suspensión “injustificada” para ejercer las funciones notariales por encontrarse vinculado a proceso penal.
En el caso de la reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la CNDH acusa en la acción de inconstitucionalidad 111/2020 un incumplimiento de efectuar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a esos grupos sociales.
La última acción de inconstitucionalidad de la CNDH se identifica con la clave de expediente 168/2021, a través de la cual busca eliminar de la Ley de Salud Mental las disposiciones que permitirían internar involuntariamente a personas que padecen trastornos mentales.
Fuente: Jornada de Oriente.
















