Por: Eloísa Domínguez.
“Ya presentaste la denuncia, le voy a pedir a Encinas que reciba a estas personas. Nos das la información y la Subsecretaría de Derechos Humanos los va a atender”, orden sin respuesta
Coyomeapan, uno de los municipios más pobres del país enclavado en la Sierra Negra de Puebla, apenas con cuatro mil habitantes que alcanzan, a decir lo mucho,
un nivel educativo de sexto año de primaria. Desde hace 15 años “la mala suerte” de los pobladores – relacionados directamente con la producción de manzana– no cambia, y esto porque desde entonces la familia Celestino Rosas se hizo del poder político en la presidencia municipal brincando al mejor postor partidista: PRI, PRD, PAN y actualmente con la coalición Juntos Hacemos Historia, en la que el PT arropó a Araceli Celestino Rosas como su diputada federal tras dejar el cargo de presidenta municipal, cargo que pasó a manos de su esposo Rodolfo García en 2018.
David y Araceli Celestino Rosas, nacidos en Miahuatlán, Puebla, se han transmitido el gobierno de Coyomeapan, de donde no son originarios a partir de 2011. David ha gobernado dos veces el pequeño pueblo de riqueza en recursos naturales. Araceli tuvo la administración de 2014 a 2018, para luego obtener una curul por el voto popular bajo la bandera del Partido del Trabajo (PT) que incluso impugnó el PRI sin éxito ante la coacción del voto: regalo de tinacos, despensa y medicamentos, esto último que David Celestino proporcionó como médico general y propietario de la Clínica Del Valle de Tehuacán.
Hartos del traspaso del poder familiar de los hermanos Celestino Rosas, cuatro lopezobradoristas productores de manzana, entre ellos una maestra rural de nombre Basilisa, se atrevieron a manifestar su rechazo a este clan con una protesta en la sede del ayuntamiento, lo que hoy los tiene encarcelados tras una emboscada y bajo una orden de carácter política, no judicial, como lo publicó Crónica a finales de septiembre de este año.
La diputada Inés Parra Juárez –oriunda de Puebla–, una ferviente creyente de la 4T y por ende del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo pública la situación de los humildes manzaneros, y tras el uso de varios micrófonos, primero en la Cámara de Diputados, con varias conferencias de prensa desde septiembre de este año, hasta llegar a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, que encabeza Alejandro Encinas, uno de los funcionarios en los que más busca apoyo el jefe del Ejecutivo para atajar las denuncias por violaciones a las garantías individuales, pero sin que hasta el momento se haya escuchado su petición de liberar a los cuatro humildes manifestantes, cuyas familias han sido hostigada.
El pasado miércoles en la conferencia matutina de López Obrador, realizada en Nayarit, la reportera Norma Cardoso, de la Agencia Quadratín, escaló el tema de Coyomeapan a este foro: “Hay cerca de 200 fabricaciones de delitos (entre ellos que no mencionó la periodista fue la supuesta quema de instalaciones de la presidencia municipal, y lo cual es falso) contra quienes repudian el cacicazgo ahí en Puebla. Y se dice que la semana pasada hombres armados, supuestamente enviados por la diputada federal Araceli Celestino Rojas… Rosas, perdón, detonaron dos granadas en contra de los habitantes de ese lugar.
Entonces, la pregunta de los compañeros de Puebla —porque ellos no pueden hablar, porque son perseguidos– ¿por qué no han intervenido en este asunto, señor Presidente?”
La reportera le expuso al jefe del Ejecutivo que los tres hombres y la maestra le piden su apoyo para que se termine este problema, que ya involucra a periodistas y defensores de derechos humanos, ahora amenazados, por difundir lo que ocurre en Coyomeapan.
El presidente López Obrador respondió: “Pues ya presentaste la denuncia, y yo le voy a pedir, seguramente ya lo está escuchando, al licenciado Alejandro Encinas que reciba a estas personas.
Ahora nos das tú la información y la Subsecretaría de Derechos Humanos, de Gobernación, los va a atender para apoyarlos”.
La postura del mandatario no tuvo eco en la 4T, lo ignoraron.
En la Cámara de Diputados, el legislador y vicecoordinador de la bancada del PT, Gerardo Fernández Noroña, recriminó que la Fiscalía de Guanajuato haya permitido darle la libertad a Jorge Romero, acusado de abuso sexual, para tomar protesta como asambleísta federal. Sin embargo, no manifestó ninguna opinión contra las presuntas agresiones físicas y de violación a los derechos humanos cometidos por su legisladora Araceli Celestino Rosas ni del hermano de ésta, David, y ni de su esposo Rodolfo contra los productores de manzana.
Esta reportera ha constatado que Fernández Noroña ha buscado minimizar el tema de las denuncias públicas contra Araceli Celestino. En octubre, se comprometió a investigar el caso –sin una acción concreta–. En noviembre pasado desmintió desde su curul a la diputada lopezobradorista Inés Parra Juárez de que los señalamientos contra el clan de Coyomeapan eran “totalmente falsos”.
Coyomeapan es un municipio en el que actualmente está prevista la construcción de la presa Coyomeapan-Aztalan– que ha impulsado el gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa, incluso desde que era senador.
Gerardo Domínguez, consejero estatal de Morena, dijo en entrevista con Crónica que el PT ha dado su apoyo al gobernador Barbosa, pese a la protesta social que tiene encarcelados a los cuatro productores de manzana, entre ellas una maestra.
“He manifestado ante las reuniones del consejo estatal de Morena lo que ocurre en Morena, de lo que el PT y el Verde Ecologista han hecho caso omiso. Fernández Noroña no está por la Cuarta Transformación ni por el proyecto de quien siempre dice ‘el compañero Presidente’. Es una traición, es ir contra los derechos humanos de quienes tienen la libertad constitucional a manifestarse. El mandatario creó la Subsecretaría de Derechos Humanos para que Alejandro Encinas atendiera estos temas, y no se atienden”, señala con voz enérgica el consejero morenista.
Cabañas El Santuario
En el trayecto del político de los hermanos Celestino Rosas, a quienes la población de Coyomeapan y de otros municipios cercanos, como Ajalpan y Zoquitlán, temen por su violencia, se han hecho de bienes inmuebles, como el pequeño complejo Cabañas El Santuario, que propició un daño a los pobladores en la restricción del servicio de agua potable.
Fuente: Crónica.
















