Por: Gerardo Rodríguez.
Se quiso ocultar información para proteger la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto y que no se le involucrara en este escándalo.
El acceso a la información de interés público y el resguardo de los secretos de Estado son dos principios que siempre están en tensión en países democráticos.
Cuando se busca silenciar la verdad porque se antepone la protección de un régimen político en turno, en otras palabras, cuando se busca proteger a funcionarios que buscan mantenerse en el poder o garantizar impunidad por la comisión de delitos estamos en la antesala de un régimen autoritario.
El problema que vemos con el caso Ayotzinapa es que se buscó ocultar información para proteger la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto para que este no se le involucrara en un escándalo evidente de crimen de Estado. Al inicio sólo se buscó involucrar a autoridades municipales cuando en realidad también existía conocimiento por parte de autoridades estatales y federales.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) que presidió el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, centró su trabajo en cuatro ejes. El primero fue el acopio y procesamiento de la información, el segundo fue la búsqueda en campo, le siguió la ruptura del pacto de silencio y finalmente la judicialización. Por supuesto que es importante la judicialización de este caso, sin embargo, no es menor la ruptura del pacto de silencio. Los familiares de los 43 y la sociedad mexicana tenemos derecho a conocer la verdad.
Por otro lado, la confirmación de la presencia de Julio César López Palotzin, joven militar infiltrado como estudiante de la escuela normal rural Isidro Burgos, confirma lo que ya sabíamos y es el seguimiento de las agencias de inteligencia a grupos históricamente vinculados con los movimientos subversivos en Guerrero. Se debe esperar los resultados de la investigación de la FGR para comprender la responsabilidad de los mandos y elementos de tropa involucrados en la desaparición de los 43 y que incluyen a un compañero de arma.
No se debe regatear la cooperación de la Sedena, Semar, CNI (antes CISEN) y otras 12 instituciones al haber entregado miles de documentos a la CoVAJ para la elaboración de este reporte. La propia Comisión destaca la apertura de los archivos de la Sedena en la que se encontraban intervenciones de comunicaciones entre los integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales.
La CoVAJ también destaca la entrega de los 50 videos del CISEN en donde se comprueba la tortura a los presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes. En esta parte de la historia de encubrimiento pueden estar también involucrados funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación en ese sexenio.
Por supuesto, que la parte más importante de los trabajos de la Comisión es la judicialización de estos crímenes. Sin embargo, esta ya no es una responsabilidad de la CoVAJ sino de los fiscales a cargo del cuestionado Alejandro Gertz Manero, que por cierto ya fueron reprendidos por su primera mala actuación en el proceso.
Agenda estratégica: La solicitud de extradición a Israel de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, es imprescindible para romper el pacto de silencio e impunidad.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















