Por: Redacción.
Los habitantes del municipio de Tehuacán deben estar muy pendientes de lo que ocurra en esa dependencia a partir de las investigaciones que ha emprendido en contra del ayuntamiento de Pedro Tepole Hernández.
En ese municipio saben que la secretaría dio inicio a una serie de indagatorias, como la de la compra de patrullas,
acerca del manejo que ha hecho el alcalde de los recursos económicos y materiales del gobierno, por lo que quieren conocer si este ha incurrido en irregularidades o no.
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La atención mediática y política que ha demandado el movimiento de protesta de un grupo de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla, donde coexisten ahora el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia como organismos separados, se ha centrado principalmente en Carlos Palafox Galeana y un tanto menos en Margarita Gayosso Ponce, pero estos dos servidores públicos los únicos responsables de atender las demandas.
Ha quedado claro que la mayoría de las quejas y los reproches expresados por los empleados de ese Poder del Estado tienen plena justificación, por lo que Palafox, en calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, y Gayosso, de presidenta del Tribunal Superior, han respondido que tratarán de resolver las peticiones en la medida de lo posible y de forma gradual.
Sin embargo, el punto más relevante de las exigencias, que tiene que ver con los salarios, las promociones y las prestaciones económicas, compete también a personajes públicos que se encuentran fuera de ese Poder.
La dependencia que paga a los trabajadores del Poder Judicial es la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado, que se encuentra a cargo de María Teresa Castro Corro, sumida en polémica por haber metido 600 millones de pesos del erario poblano a una institución bancaria que fue a la quiebra.
Y quienes revisan, aprueban y en su caso modifican la integración del presupuesto público son los 41 diputados locales que conforman el Poder Legislativo, que ahora se encuentra al mando de Eduardo Castillo López.
Si de verdad se quiere ayudar a los trabajadores que integran el aparato de impartición de justicia del estado, esos dos entes son trascendentes para hacerlo.
No ya en este año, pero sí en el que viene, a partir de un ajuste de recursos al alza que permita incrementar los salarios.
Quizá resulte menos oneroso que perder 600 millones de pesos en el banco Accendo. O que pagarle una multa de 2 mil 700 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria por un error, una omisión o un descuido del fallecido Rafael Moreno Valle Rosas.
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Tal vez sea momento de que el nuevo titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, ofrezca un informe público acerca de las condiciones en que recibió la dependencia, un diagnóstico de la situación del servicio de transporte público de pasajeros y las estrategias que emprenderá para trabajar en los 20 meses que tiene por delante.
Al secretario le ha tocado enfrentar uno de los retos más complejos de la administración pública, ya que, para obtener los resultados que los poblanos desean, debe lidiar con un gremio que históricamente se ha resistido a cumplir las obligaciones que se le imponen desde los órganos de gobierno.
El perfil de Álvarez Arronte, un político de mano dura, generó buenas expectativas.
Después de poco más de un mes de haber relevado a Elsa Bracamonte González, ya es tiempo de saber qué se hará ahí.
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Otro miembro del gabinete, del que se espera un informe público, es del titular de la Secretaría de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala.
Fuente: Sol de Puebla.
















