Por: Roberto Fuentes Vivar.
En todo el debate que se ha creado por la posible desaparición o transformación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se ha hablado mucho de lo positiva que es la transparencia. Por el lado contrario se ha mencionado la inutilidad de algunas de sus acciones.
Personalmente publiqué que, de acuerdo con el censo de Transparencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) solo 10 de cada 100 solicitudes de transparencia respondidas en el país son precisamente en el INAI, mientras que 90 por ciento son tramitadas en el los organismos estatales de este ramo.
Incluso en un programa de Radio Educación (El Fin Justifica a los Medios), el académico Ernesto Villanueva (quien fue hace 20 años uno de los promotores para el nacimiento del INAI) mencionaba un dato: solo cuatro por ciento de los mexicanos ha acudido en alguna ocasión a presentar alguna solicitud de información.
Dentro de este cuatro por ciento se encuentran empresarios, académicos, ciudadanos de a pie y periodistas que gracias a obtener la información que buscaban han logrado un beneficio social (como es el caso de algunos comunicadores).
Pero también se encuentra el caso de José Luis Moyá Moya, apodado por algunos medios como “el zar de las solicitudes de información”, quien ha sido señalado de supuestamente utilizar la información obtenida para lucrar con ella y hasta para extorsionar a personajes, instituciones o empresarios.
Este personaje, en 2014, intentó convertirse en comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y en su comparecencia ante senadores, una legisladora mencionó que hasta esa fecha había ingresado ante ese Instituto mil 100 solicitudes de información e interpuesto 629 recursos de inconformidad. Él le contestó que la cifra estaba equivocada y era mayor, pues había hecho muchas solicitudes más, con nombres falsos”. Nada más hasta ese año, es decir, en los primeros decenios del instituto.
Y cuando otro senador le inquirió (según consta en el Canal del Congreso): “Como no aparece en su currículum yo le quiero preguntar ¿de qué vive?”. La respuesta fue tajante. Palabras más, palabras menos dijo: “hay funcionarios y empresarios que me pagan por fuera para que yo vigile que no haya corrupción”.
Él se presenta como “asesor de transparencia y combate a la corrupción” y dentro de las acusaciones en su contra se encuentra haber sembrado preguntas en “la mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, para beneficiar, sobre todo, a las empresas de sus clientes.
Incluso circula en redes sociales un video acerca de la supuesta implicación de la madre de este personaje en una presunta trama financiera. En el material disponible en YouTube se exhiben documentos que señalarían a Rosa María Moyá como la posible encargada de triangular recursos, recibiendo y transfiriendo grandes cantidades de dinero a pesar de que no contaría con ninguna actividad empresarial.
La situación se agrava cuando se evidencia que Rosa María Moyá, de 87 años de edad, habría gastado más de 11 millones de pesos tan solo en el 2020. Además, se destapa que la mamá de José Luis Moyá habría recibido importantes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido.
El vídeo también muestra que la señora pudo haber realizado transferencias millonarias a Luis Ceferino Macías Noguera, su presunto yerno, sin aparente justificación. Asimismo, se revelan supuestas transferencias a Héctor Javier Cortez Sánchez, también sin justificación aparente y a su hijo, José Luis Moyá, le habría transferido una importante cantidad de dinero en múltiples operaciones entre 2018 y 2022.
José Luis Moyá fue denunciado recientemente por tratar de extorsionar a unos empresarios exigiéndoles un pago mensual. Ya había sido demandado por el mismo delito en 2006.
De hecho, existen carpetas en su contra en la Unidad de Inteligencia Financiera, en el Servicio de Administración Tributaria, en la Secretaría de la Función Pública (como funcionario público fue inhabilitado en dos ocasiones) y en la Fiscalía General de la República.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, prometió que las investigaciones por el intento soborno a un diario, contra Moyá Moyá, se llevarían hasta las últimas consecuencias. “La dependencia va a responder, se hará una investigación exhaustiva y se reunirán todos los elementos para poder presentarlo ante un juez”, dijo la fiscal.
De acuerdo con información publicada por el colega Alberto Aguirre en El Economista, las autoridades han detectado que “el zar de la transparencia” fue colaborador del panista Salvador Abascal Carranza en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y posteriormente se integró al equipo de Federico Döring. Entre los funcionarios que se quejaron de su hostigamiento estuvieron Alejandro Torres Palmer, Genaro Pérez Rocha y Luis Humberto Sanguino.
Ahora que se discute el futuro del INAI es necesario que se conozcan historia como la de este “asesor de transparencia y combate a la corrupción” que al parecer ha utilizado la información para lucrar con ella y hasta presuntamente para extorsionar.
Dice el filósofo del metro: la información es un arma estratégica, pero no para lucrar.
Fuente: Índice Político.
















