Por: Eduardo R. Huchin.
La primera consecuencia es el anuncio del Plan C presidencial de buscar la mayoría calificada en San Lázaro y la segunda es la propuesta de reforma constitucional para elegir por voto popular a los ministros de la SCJN.
El diferendo entre el Presidente y la Corte, tras la invalidación de una parte del Plan B de reforma político-electoral,
ha tenido dos consecuencias importantes, aparte de las injustificadas descalificaciones que Andrés Manuel López Obrador ha lanzado contra el máximo tribunal y sus ministros.
La primera consecuencia es el anuncio del Plan C presidencial de buscar la mayoría calificada en San Lázaro y la segunda es la propuesta de reforma constitucional para elegir por voto popular a los ministros de la SCJN.
En su conferencia matutina de prensa del martes 9 de mayo de 2023, AMLO explicó que Morena y aliados tienen mayoría en ambas Cámaras del Congreso, pero no la mayoría calificada de dos tercios de los legisladores, necesarios para reformar la Constitución. En el caso de los diputados, la mayoría calificada es de 334 votos y -señaló el mandatario- hay que ir por esos 334 en la próxima elección.
No lo mencionó AMLO, pero conviene tener presente -a la hora de la aritmética constitucional- que la mayoría calificada en Diputados no puede poseerla ningún partido por sí solo, ni aunque ganara todos los distritos. Es una mayoría imposible de obtener para cualquier partido, como lo dispone la Constitución en su artículo 54: “ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios” (de mayoría relativa y de representación proporcional) y, en consecuencia, ninguno podría reunir 334 por sí solo.
Esa es una sabia disposición porque obliga a la mayoría a negociar y acordar con otros partidos (aliados y/o de oposición) las reformas constitucionales. En el Senado sí existe la posibilidad de que un solo partido obtenga la mayoría calificada, pero resulta muy difícil concretarla.
Respecto de la elección de ministros de la Corte por voto popular, esta propuesta ha recibido un rechazo generalizado de ex ministros, académicos y otros juristas, pero lo cierto es que la elección popular no es del todo extraña a los juzgadores, si bien es igualmente cierto que no ha habido -hasta donde se sabe- un resultado plenamente satisfactorio de los jueces elegidos por sufragio universal (existen en Bolivia y en varios estados de la Unión Americana).
En mi opinión, no hay que temer al voto popular, pero no se me oculta que la elección de ministros estaría erizada de dificultades: ¿quién y cómo definiría a los candidatos, cómo se daría a conocer al elector quiénes son ellos/as? ¿Cómo se evitará politizar la elección de ministros? ¿Habrá campañas, recorrerán el país los candidatos para pedir el voto, de qué recursos dispondrán? Como puede verse, no es sencillo el tema y tampoco lo sería su regulación.
Un ángulo positivo es el anuncio formulado por el líder morenista de San Lázaro, Ignacio Mier, sobre un parlamento abierto con ese tema. Ese es el camino: la exposición de escenarios, el análisis, la discusión y el acuerdo, todo ello sin posiciones irreductibles. Votos informados, sin malsanas disciplinas partidarias, es una carencia legislativa en México. Hay que trabajar para evitarla.
Plus Online: Frenar la embestida a la Corte
Es claro que recientes decisiones de la Suprema Corte disgustan en Palacio Nacional, pero justo por eso el Constituyente estipuló la división de poderes. No hay ni debe haber pretensiones autárquicas en el ejercicio del poder. Este está sujeto al control constitucional, y a la Corte le compete velar por que todos, incluso los propios ministros, se ajusten a la Constitución.
En el caso del Plan B, el Presidente ha dicho que la Corte invalidó dos leyes (a la que muy probablemente se sumarán las otras cuatro) porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos mismos aprobaron de manera autónoma.
No es exactamente así. Los diputados y senadores no violaron solo sus reglamentos (lo cual no es cosa menor), sino también la Constitución General de la República, que en su artículo 72 establece puntualmente cómo debe ser el proceso legislativo para la aprobación de leyes. Las violaciones fueron de tal magnitud que inhibieron no sólo el debate sino el mismo conocimiento de lo que se aprobó atropelladamente en San Lázaro, como he detallado anteriormente. La Corte -insisto- estaba obligada a invalidar, so pena de incumplir disposiciones constitucionales.
En este marco, es imperativo que cesen las descalificaciones del Presidente a la Corte y sus ministros y que su sede sea despejada, a fin de que puedan sesionar con normalidad, sin perjuicio de que los asuntos presupuestales los discuta en su momento la Cámara de Diputados. Continuar por la senda de la diatriba y el bloqueo a la entrada del edificio de la SCJN daña a la Corte, pero también a sus agresores.
POR EDUARDO R. HUCHIM
Fuente: HERLADO DE MEXICO.
















