Por: Ricardo Pascoe Pierce.
México empieza el 2025 estrenando un nuevo sistema político, una nueva Constitución y nuevos interlocutores en la toma de decisiones. Los grandes capitales extranjeros y nacionales, el narcotráfico y el Ejército dialogan privilegiadamente con el régimen morenista, mientras la oposición es aplastada y prácticamente eliminada.
Se está instaurando en México un régimen de mercado con un sistema político excluyente y proclive al autoritarismo.
Sobre la relación entre capitalismo y democracia, John Maynard Keynes postuló que una economía próspera es fundamental para el funcionamiento de una democracia efectiva. Un gobierno que promueve el bienestar económico contribuye a la estabilidad democrática. La salud económica y la salud democrática van de la mano. Tanto Karl Marx, agudo crítico del capitalismo, y Joseph Schumpeter, defensor del capitalismo, coincidieron en que el mal funcionamiento del capitalismo puede conducir a la erosión de la democracia, por el deterioro de los términos del reparto de la riqueza social.
En el 2025 el gran debate entre las naciones es sobre la naturaleza y la calidad de sus respectivos capitalismos. Fuera de Cuba y Corea del Norte, el resto de los países del mundo practica alguna forma de capitalismo. El modelo de capitalismo liberal europeo y estadounidense, con sistemas políticos electorales democráticos, incluso algunos mezclados con monarquías heredadas y adaptadas a un papel ceremonial, aunque estabilizador, ya no son la norma en el mundo.
La idea de la mayoría de los teóricos europeos y estadounidenses de que la democracia político-electoral era prerrequisito para el buen funcionamiento de la economía capitalista hoy enfrenta un severo desmentido. Desde Alexis de Tocqueville hasta Milton Friedman, había un reconocimiento de la íntima relación entre la economía capitalista y la democracia.
Países como China, Rusia, Vietnam, Pakistán, Afganistán, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y una pléyade de países africanos están construyendo economías capitalistas sobre un firmamento político semiautoritario o, de plano, bajo esquemas dictatoriales. Todos estos países están probando que diversas modalidades de capitalismos pueden emerger con relativo éxito bajo esquemas políticos autoritarios de control, incluyendo la exclusión total de la oposición.
Este fenómeno de la mudanza hacia la mezcla de una economía capitalista con severas y legales exclusiones políticas es lo que está experimentando México bajo el dominio morenista. Una economía capitalista subordinada como la mexicana, pero ligada al mayor mercado capitalista mundial, busca sobrevivir exitosamente portando un régimen proclive a la exclusión política de opositores o de ideas disidentes o diferentes a las suyas.
Está fomentando un régimen político-electoral donde no haya competencia y que la totalidad de los puestos de elección popular sean ocupados por adictos del régimen.
El morenismo ha tenido el cinismo de anunciar que no descansará hasta que haya eliminado a la oposición política de las últimas gubernaturas que retiene, notoriamente Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Querétaro y Guanajuato. Está dedicando todos sus recursos humanos y financieros al logro de ese objetivo. Mueve cuadros políticos de la Ciudad de México hacia esas regiones para su posterior colonización.
Como pieza central del nuevo régimen político dominante, Morena le ofrece a México la consolidación de un sistema de justicia cuya piedra angular ya no es el amparo, sino que ahora encuentra su vértice en la prisión preventiva oficiosa. En esa nueva bolsa justiciera todo cabe, sabiéndolo acomodar. La ampliación del catálogo de causales para aplicar la prisión preventiva oficiosa es lo que facilita la interpretación subjetiva de casi cualquier conducta que no complace al poder político hegemónico. ¿Tiene problemas con sus facturas presentadas al SAT? Por lo pronto, irá a la cárcel. ¿Alguien ha cuestionado sus gastos? Por lo pronto, procede ser encarcelado, hasta tanto se esclarezca el caso.
Y así, casi al infinito son las causales para la prisión preventiva oficiosa susceptibles a la interpretación de la autoridad. Ese cambio de paradigma del sistema de justicia en México presagia un cambio fundamental en el sistema democrático, de uno abierto y con reglas claras aplicables a todos a uno cerrado con el sistema de normas y reglas que la autoridad puede interpretar a discreción.
Este es el significado profundo del cambio del sistema de amparo al sistema de la prisión preventiva oficia.
¿Qué presagia para México este cambio de paradigma, junto con la elección popular de jueces, magistrados y ministros? Básicamente que la ley es aplicable en términos de su interpretación política, y no a la interpretación según lo que dice la letra de la ley. Con la elección popular de los juzgadores, se privilegia la simulación, la incompetencia y la “flexibilidad moral” en la toma de decisiones.
Estamos ante la transformación del sistema político hacia uno que puede justificar, legalmente, todos sus instrumentos de control social y, simultáneamente, ocultar sus verdaderas acciones y decisiones que refuerzan su control sobre la economía, la política y la sociedad.
Morena dedica toda su energía a consolidar un sistema político interno que le permite gobernar a absolutamente todo el país sin tener que pactar con fuerzas opositoras o distintas a las suyas, incluyendo a sus partidos “aliados”. Sin reparos, Morena propone transitar hacia una economía de mercado con libertades limitadas y sujetas a la opinión de la autoridad.
Lo que se avecina es un sistema novedoso de control político y social extendido, basado en nuevas leyes y, de facto, aunque no de jure, en un nuevo régimen constitucional. Cuando esta Legislatura acabe su periodo de labores, habrá escrito una nueva constitución, pero sin anunciarlo como tal. Legalmente, Morena puede gobernar cambiando leyes para prolongar su estancia en el poder, sin la más mínima consulta con los partidos de oposición.
Pero como México sigue siendo una economía de mercado, el régimen deberá consultar con los poderes fácticos de la economía. Por tanto, quienes son actores de consulta son los grandes capitales, que en el país son tres. Primero, los grandes dueños del capital, nacionales y extranjeros. En segundo lugar, está el narcotráfico, como la fuente de empleos y producción de grandes capitales más importante del país, y, por último, se encuentra el ejército y PEMEX, como ejecutores de los presupuestos públicos más importantes del país, sin la obligación de rendir cuenta al pueblo.
Estos son los tres interlocutores preferenciales del régimen morenista. Lo que tienen en común es que nadie los eligió, sino que los distingue su capacidad económica y, en los casos del narcotráfico y el Ejército, son tomados en cuenta por su capacidad de fuego.
En el caso del capital extranjero, aparte de su capacidad productiva, se le prioriza por su relación con los centros de poder político del T-MEC, en los Estados Unidos, Canadá y, en menor medida, con los socios europeos y chinos. México, entonces, empieza el 2025 con un nuevo sistema político, donde las voces opositoras son ignoradas o aplastadas, y la negociación del futuro transcurre entre Morena y los grandes capitales armados y desarmados.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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Fuente: Índice Político.
















