Por: Roberto Fuentes Vivar.
Dos casos de su sometimiento a empresarios
Inversión, Economía, CNTE, Hot Sale, Rica, Mejía
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está viviendo su último estertor (violentos ruidos por la acumulación de secreciones en sus corrompidas vías respiratorias) antes de las elecciones para integrar a quienes serán sus próximos ministros.
Y estos estertores demuestran precisamente cómo el viciado cuerpo de este organismo comandado hoy por Norma Piña, continúa sometido a los intereses de particulares y no de la sociedad como debiera ser de acuerdo con un concepto universal de justicia.
Quizá. Como nunca antes, quedó demostrado que los empresarios pueden tener tal poder (por encima de los poderes legalmente constituidos en la Carta Magna de los mexicanos) que pueden hasta seleccionar a quienes los juzgan.
Concretamente, esta semana, por segunda ocasión, la ministra Lenia Batres Guadarrama fue declarada “legalmente impedida” por sus compañeros de la Suprema Corte para votar en un recurso legal promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, relacionado con un adeudo fiscal multimillonario. Los ministros consideraron nuevamente que la togada mantiene una “animadversión personal” hacia el propietario de Grupo Elektra, lo cual podría comprometer su imparcialidad en el caso.
De acuerdo con la nota de La Jornada, en sesión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el impedimento 30/2024 promovido por Grupo Elektra, que solicitó declarar impedidas a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa, integrantes de la Segunda Sala, para conocer del amparo directo en revisión 5654/2024, en el que la empresa pretende evitar el pago de un crédito fiscal por más de mil 431 millones de pesos.
El adeudo que reclama el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a Elektra es por el concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualización, recargos y multas por el ejercicio fiscal 2008. Este le fue impuesto por omitir declarar ganancias por ventas de acciones de sociedades controladas.
Sin embargo, por cuatro votos contra uno, la Primera Sala determinó no declarar legal el impedimento contra Esquivel Mossa, pero legal contra Lenia Batres. A favor, votaron Jorge Mario Pardo (ponente), Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; en contra, la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Es decir que los ministros de la Corte actuaron como esquiroles para que uno de ellos fuera vetado por el empresario que debe 63 mil millones de pesos al fisco, es decir a todos los mexicanos. Y hasta criticaron la objetividad de uno de sus pares.
De hecho, Batres criticó la decisión que tomó la mayoría de la sala por considerarla infundada y contradictoria con criterios de la propia Corte. Destacó que la sala se basó en publicaciones que ella hizo desde el año 2014 en las que se ha pronunciado en el sentido de que Salinas Pliego debe pagar impuestos.
El otro caso es que la presidenta Sheinbaum Pardo dijo en su mañanera del pueblo que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordene, de forma ilegal, al gobierno devolver pagos de impuestos más intereses a tres grandes contribuyentes.
Estos tres grupos empresariales –de los que omitió el nombre- presentaron ante la Corte una queja por no estar de acuerdo con ciertos montos que pagaron de impuestos hace algunos años. Sin embargo, están solicitando que estos pagos les sean devueltos con intereses.
“Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Un juez les dijo que en efecto habían pagado algo no deberían haber pagado, primer problema. Pero resulta que estas grandes empresas están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que habían pagado, sino que la quieren con intereses, cosa que es ilegal”; explicó.
Sin embargo, en este hecho no está la raíz del problema, sino que, como el caso escaló a la SCJN; ahora el Ministro Ortiz Mena está buscando resolver el asunto para que el dinero se les regrese con intereses. Y no es lo peor, pues el dinero pagado por estas empresas fue cobrado por el mismo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cuando fue director del SAT, lo que es un claro conflicto de interés.
“O sea, conflicto de interés para empezar y segundo, ilegal… Quieren que el fisco les regrese un pago que hicieron con intereses, cosa que es irregular. Y quien está promoviendo esto es un ministro que, en esos momentos, cuando se pagó, fue director del SAT”, expuso Sheinbaum.
La presidenta señaló que por este tipo de acciones impulsadas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), existe “un argumento más de por qué queremos que el Poder Judicial responda a la justicia y no a los intereses de unos cuantos”.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró la gravedad del hecho: “repito, quieren que el fisco le regrese un pago que hicieron con intereses, cosa que es irregular y quien está promoviendo eso es un ministro que en esos momentos cuando se pagó fue director del SAT”.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena –quien fuera cercano al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, mismo que lo propuso para integrar la SCJN– tiene un historial de favorecer a los contribuyentes. En 2023, la revista Contralínea publicó una investigación en la que detalló que “condonó 392 mil millones de pesos a más de mueve mil grandes contribuyentes”.
Es decir que con conflicto de interés y con actitudes esquirolas la Corte busca apoyar a los delincuentes de cuello blanco.
Dice el filósofo del metro: los estertores suenan cuando el cuerpo está podrido.
Fuente: Índice Político.
















