Por: Agustín Dorantes Lambarri.
En lugar de combatir amenazas reales como ciberataques, robo de datos o desinformación maliciosa, estas normas convierten las plataformas digitales en espacios de control estatal
La libertad de expresión, fundamento de toda democracia, enfrenta un grave retroceso en México. En Puebla, la “Ley de Ciberseguridad”, aprobada el 12 de junio de 2025,
castiga con hasta tres años de prisión expresiones en redes sociales consideradas “insultos” u “ofensas”, bajo la ambigua figura del “ciberasedio”. En Campeche, el 13 de junio, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años, por “incitación al odio”, clausuró el medio digital Tribuna y le prohibió ejercer el periodismo por dos años. Estos casos reflejan un patrón autoritario que, lejos de proteger a los ciudadanos, busca silenciar voces críticas.
La “Ley Censura” en Puebla y el fallo en Campeche evidencian un mal uso de los principios de ciberseguridad. En lugar de combatir amenazas reales como ciberataques, robo de datos o desinformación maliciosa, estas normas convierten las plataformas digitales en espacios de control estatal. La vaguedad del “ciberasedio” podría legitimar herramientas para analizar comunicaciones en tiempo real o el uso de bots gubernamentales para identificar publicaciones “ofensivas”, amenazando la privacidad y coartando la crítica legítima, pilar de la democracia.
En Campeche, la persecución de González, jubilado desde 2017 y sin control editorial sobre Tribuna, impone una indemnización de dos millones de pesos por cuestionar a la gobernadora Layda Sansores. Este efecto disuasorio, en un contexto donde el 80% de los jueces electos podrían estar alineados con el partido en el poder, transforma las decisiones judiciales en extensiones del control político. Si los medios independientes son silenciados y los ciudadanos temen expresarse, ¿quién fiscalizará el poder?
La libertad de prensa y el derecho a la información están en riesgo. Morena busca un pueblo silenciado, pero la sociedad mexicana no lo permitirá. La libertad de expresión, consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución, protege el derecho a criticar, incluso si incomoda a los poderosos. Los gobiernos deben rendir cuentas, no reprimir a quienes los cuestionan.
Desde el Senado se impulsarán medidas para revertir esta tendencia. Es fundamental promover un diálogo con la sociedad civil y organismos como la CNDH para discutir los alcances de la “Ley Censura” y el fallo en Campeche, exigiendo su derogación y anulación, respectivamente. A nivel legislativo, debemos trabajar en una ley federal que prohíba normas ambiguas contra el periodismo, fomentando tecnologías de encriptación como VPN o plataformas descentralizadas para resguardar la libertad en línea. Asimismo, regular la vigilancia digital, limitando herramientas invasivas y garantizando transparencia en su uso. Estas acciones buscan fortalecer un México donde la crítica sea un derecho, no un delito.
La sociedad mexicana merece un país donde la libertad de expresión sea intocable. Desde el Senado, defenderé incansablemente el derecho de los ciudadanos a alzar la voz, asegurando que los medios independientes y las plataformas digitales sean espacios de diálogo, no de represión. Porque una democracia sólida se construye con ciudadanos que hablan libremente, no con gobiernos que los callan.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















