Por: Facundo Rosas.
La primera, que el “Acuerdo de seguridad” anunciado hace algunos días por la presidenta de la República, pero hasta ahora no firmado, tiene que cumplir antes
El anuncio realizado el día de ayer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el sentido de haber entregado al gobierno de Estados Unidos un total de 26 personas vinculadas
a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México y contaban con orden de extradición permite adelantar al menos tres reflexiones.
La primera, que el “Acuerdo de seguridad” anunciado hace algunos días por la presidenta de la República pero hasta ahora no firmado, tiene que cumplir antes con una serie de premisas que hacen las veces de condiciones para que el gobierno estadounidense finalmente lo firme.
La segunda, que la presidenta de la República va a seguir delegando la responsabilidad de la entrega en el Gabinete de Seguridad por aquello de que decisión que no tomes ahora no te afectará si las cosas se complican mañana, tal como sucedió con la primera entrega de 29 personas en circunstancias parecidas, solo que la mayoría de ellas no contaban con orden de extradición y ahora se informa que sí.
La tercera, es un mensaje hacia los grupos delictivos que operan en el país sobre cuál va a ser su verdadero destino si continúan produciendo y traficando drogas y son detenidos por las autoridades mexicanas con la colaboración de las agencias de seguridad extranjera, que dicho sea de paso siguen teniendo presencia en el país pese a todo lo que se ha venido diciendo en términos retóricos, la mayoría vinculados con la soberanía, el patriotismo, la coordinación, la no subordinación y hasta con el famoso “masiosare”.
Pero más allá de lo que se diga el día de hoy, el avance de ayer deja claro que la presión por parte del presidente de los Estados Unidos no tiene límites y mientras más se haga, más va a exigir; mientras más personas vinculadas con los grupos criminales solicite, más se le tienen que entregar.
Lo del compromiso para no solicitar la pena de muerte por parte de los fiscales de Estados Unidos ante los diversos jueces de Distrito que los requieren, es un aderezo para que la legalidad del traslado no quede en entredicho y no se diga que a cambio de perdonarles la vida tuvieron que declarar en contra de algún político del pasado reciente.
Fuera de esto, es evidente que a partir de ahora esa va a ser la tónica, el gobierno estadounidense pide más, el Gabinete de Seguridad, que no el gobierno de México, entrega más.
Acaso no estará el gobierno de México ante una moderna e insaciable piedra de los sacrificios a la que habrá que estar ofrendando “cuerdas” cada vez más grandes de personas privadas de la libertad, como pasaba en tierras aztecas con los prisioneros que ofrecían a Huitzilopochtli (Dios de la guerra en la mitología azteca).
La duda es qué va a pasar cuando la solicitud de “sangre nueva” ya no sea de un detenido vinculado a organizaciones criminales sino un político o funcionario público mexicano en activo.
Habrá que estar pendiente de los detalles que se ofrezcan el día de hoy en punto de las 11 de la mañana por los rumbos de Constituyentes, en una de esas ahora si se le pone fecha a la firma del tan ansiado “Acuerdo de seguridad” entre México y los Estados Unidos.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















