Por: José Lafontaine Hamui.
No nos engañemos; lo que está en juego no es la agenda de unos cuantos casos mediáticos, sino la vigencia misma del Estado de derecho en México. La sociedad y la historia, como advirtió Norma Piña, juzgarán, pero el daño estará hecho
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza funciones con un discurso triunfalista y populista; con un dato que, en apariencia,
suena alentador: tiene menos asuntos pendientes que en 2024 o 2025. Pero detrás de esa cifra se esconde una realidad mucho menos halagadora: un rediseño institucional que suprime las Salas, concentra toda discusión en un Pleno reducido y exhibe, de manera descarnada, la fragilidad de los nuevos perfiles que hoy integran al máximo tribunal.
Sí, la Corte inicia con “solo” mil 440 asuntos pendientes. Un respiro si se compara con los más de dos mil que llegó a acumular. Pero no nos engañemos: la carga no es el verdadero problema. Lo grave es que el mecanismo que durante décadas permitió a la Corte procesar miles de casos, las Salas, que ha sido borrado de un plumazo. Entre 2011 y 2024, cada Sala resolvió más de 73 mil asuntos. El Pleno, en ese mismo lapso, apenas superó los cuatro mil. Dicho de otro modo: el 93% de los expedientes salían gracias a las Salas. Hoy todo se ventilará en público, con debates interminables, repeticiones innecesarias y un desgaste que difícilmente dará resultados.
La pregunta es obvia: ¿qué se gana suprimiendo el engranaje que hacía funcional al máximo tribunal? Nada. Lo que se pierde, en cambio, es enorme: rapidez, eficiencia y capacidad de reacción. En su lugar tendremos un Pleno saturado, sometido a la presión mediática y política, que probablemente se vuelva rehén de su propia inercia.
La nueva integración hereda casos de alto impacto: desde la eliminación de la prisión preventiva oficiosa exigida por la Corte Interamericana, hasta litigios fiscales que suman miles de millones de pesos: Elektra (40 mil millones), Telefónica (4 mil 442 millones), Primero Mining (2 mil 868 millones), por citar algunos. Y no faltan las disputas mediáticas y económicas: la condena contra Google por casi 5 mil millones de pesos, o la demanda del Consejo de la Judicatura contra Nafin por más de 10 mil millones.
Estos casos no admiten improvisación. No son pleitos menores: son asuntos que definen derechos humanos, la política fiscal del país y hasta los límites del poder económico y político. El país necesita ministros con solvencia técnica y autoridad moral. Lamentablemente, lo que vemos dista mucho de ese ideal.
De los 289 proyectos terminados que podrían encarrilar las primeras discusiones, la mayoría proviene de ministras que permanecen: Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. En contraste, Lenia Batres, una de las incorporaciones más polémicas, apenas presentó dos proyectos concluidos y devolvió más de 70 expedientes. ¿Qué podemos esperar de un tribunal en el que la experiencia real en litigio y judicatura cede ante la militancia política?
Lo digo con toda claridad: la Corte dejará de ser un órgano técnico para convertirse en un escenario de ideologías y lealtades políticas. Y ese es un lujo que México no puede darse. La imparcialidad judicial no puede depender de la disciplina partidista ni del ánimo de complacer al poder en turno. Un ministro no debe ser un militante disfrazado de juez, sino un árbitro neutral en un país profundamente dividido.
En su discurso de despedida, Norma Piña recordó que será “la sociedad y la historia las que juzgarán a quienes hemos juzgado”. Suena a epitafio. La Corte que nació en 1994, con todas sus imperfecciones, logró construir legitimidad, precedentes sólidos y un camino, aunque tortuoso, hacia la defensa de los derechos. Hoy ese legado está muerto.
La eliminación de las Salas no es un detalle técnico: es un golpe a la capacidad de respuesta de la Corte. Y lo peor es que llega en un momento en que más se necesita un tribunal ágil, independiente y blindado frente a la presión política.
El nuevo Poder Judicial no está a la altura del reto: de por sí ignorante, será aún mas ineficiente sin Salas, sin autonomía verdadera para que puedan resolver disputas fiscales y comerciales sin inclinarse ante los intereses del poder, y sin la menor oportunidad de pronunciarse sobre libertades fundamentales sin seguir la partitura de Palacio Nacional.
La legitimidad de la Corte, construida trabajosamente durante tres décadas, hoy está muerta. De nada sirven las frases solemnes ni los homenajes al personal. Lo que se perdió fue la capacidad de este tribunal de sostenerse como el último dique frente al autoritarismo.
México necesitaba una Corte fuerte, pero lo que tenemos hoy es una Corte debilitada, politizada y atrapada en su propia ineficiencia.
Como abogado y ciudadano, he visto de primera mano la tragedia, la agonía de ver cómo se ha normalizado la mediocridad en el Poder Judicial. Una Corte que debería ser contrapeso se convirtió en cómplice. El máximo tribunal no es capaz de hablar con voz propia, ya no tenemos una justicia autónoma, nos quedamos sin Estado de derecho y con un aparato judicial alineado al poder político de turno.
No nos engañemos; lo que está en juego no es la agenda de unos cuantos casos mediáticos, sino la vigencia misma del Estado de derecho en México. La sociedad y la historia, como advirtió Norma Piña, juzgarán, pero el daño estará hecho.
Con dolor pero con franqueza, puedo asegurar que este capítulo será recordado siempre como la muerte de la justicia, la claudicación del derecho y la ley frente al poder.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















