Por: Darío Celis.
La propuesta contenida en el Paquete Económico 2026 para aumentar la retención del impuesto al ahorro de 0.5% a 0.9% ha encendido las alertas entre expertos financieros.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que dirige Gabriela Gutiérrez Mora, estima que hasta 48 millones de personas podrían verse afectadas,
en su mayoría trabajadores que no presentan declaración anual al SAT.
¿Estamos frente a una medida que castiga el ahorro y desalienta la inclusión financiera?
Aunque el Gobierno plantea este aumento como temporal, no lo será para millones de mexicanos que no tienen la obligación de declarar impuestos.
En México cerca de 33 millones de trabajadores operan en la economía informal, y otros 15 millones no alcanzan el umbral de ingresos anuales (400 mil pesos) que los obligaría a presentar declaración.
Para ellos, el nuevo impuesto no podrá ser acreditado, lo que representa una carga directa sobre sus ahorros.
La mayoría de los mexicanos no podrá acreditar el gravamen, lo que se traduce en una retención efectiva cercana a 1% de sus ahorros.
En un país donde el uso de efectivo sigue siendo dominante y la bancarización es limitada, esta medida podría desincentivar aún más la formalidad financiera.
Incluso plataformas como Cetes Directo, diseñadas para democratizar el acceso a instrumentos de inversión gubernamentales, se verán afectadas.
Los pequeños inversionistas también sufrirán el impacto del incremento en la retención del ISR, lo que podría frenar el crecimiento de esta alternativa de ahorro.
Otro punto crítico del paquete fiscal 2026 es la propuesta para eliminar el tratamiento fiscal de deducción de créditos incobrables.
Esta medida podría afectar la colocación de crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Si bien el Gobierno busca evitar abusos, la solución no debería ser eliminar deducciones legítimas, sino reforzar la supervisión y regulación.
La intención del Gobierno de aumentar la recaudación es comprensible en un contexto de presión fiscal y necesidades sociales.
Sin embargo, hacerlo a costa de los ahorradores más vulnerables y de la inclusión financiera parece una decisión regresiva.
En lugar de incentivar el ahorro formal, se corre el riesgo de empujar a millones de mexicanos hacia esquemas informales o incluso al desahorro.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















