Por: Yuriria Sierra.
¿Qué pasa en una campaña electoral si nadie quiere ser parte de ella? ¿Cómo puede el Estado dar garantía en un proceso tan violentado? ¿Cómo les dice a los habitantes de las localidades afectadas que pueden salir a votar sin temor alguno?
Ya son noventa y cuatro. Ayer fue ejecutado el candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato. Un día antes, en pleno Día de las Madres, le tocó a un candidato del PRI.
Y así, si revisamos los últimos ocho meses, contamos noventa y cuatro asesinatos de aspirantes, militantes o funcionarios de los partidos. La campaña electoral más sangrienta, tal vez, desde el episodio de Luis Donaldo Colosio, en 1994. La mayoría de los asesinatos ha sido de aspirantes a una alcaldía en regiones con alta presencia del narcotráfico. ¿Qué mensaje quieren dar los operadores de esta ola de violencia?
Este diario publicó ayer en primera plana: “Alrededor de mil candidatos a cargos públicos, tanto locales como federales, se han bajado de la actual contienda electoral por miedo al crimen organizado, obligados por sus partidos o debido a cuestiones personales…”. En detalle: 341 aspirantes a nivel federal han presentado su renuncia a la candidatura, dato del INE; a nivel local, otros 660, ya sea como aspirantes a una alcaldía o un lugar en los congresos estatales. ¿Nos parece normal? ¿No es esto más que una coincidencia?
Oaxaca es el estado más afectado (306), le sigue el Estado de México (225), Chihuahua (80), Guerrero (24). A nivel federal, 39 bajas rumbo al Senado; 186 que tenían la mira en San Lázaro. El Partido Verde es el más afectado respecto a estas sustituciones, con 105; le sigue el PT, con 57; Nueva Alianza con 42. La coalición Por México al Frente cuenta 40 solicitudes; el PES 32. La Coalición Todos por México lleva 21; el PRD 11 y la coalición Juntos Haremos Historia ha presentado 10. Movimiento Ciudadano cuenta nueve; Acción Nacional seis y Morena sólo dos.
Lo dijimos hace unos días es este espacio, cuando llegamos a la marca de los 90: ¿Cuántos ciudadanos sentirán miedo de salir a votar en sus comunidades, las mismas en las que han asesinado a un candidato, a un regidor o al representante de un partido? Es claro que las consecuencias de la violencia van más allá de las evidentes. Quienes sean los responsables buscan no sólo la desaparición de un personaje.
¿Qué pasa en una campaña electoral si nadie quiere ser parte de ella? ¿Cómo puede el Estado dar garantía en un proceso tan violentado? ¿Cómo les dice a los habitantes de las localidades afectadas que pueden salir a votar sin temor alguno? ¿Cómo se promueve la participación ciudadana y de políticos en activo, si no hay manera de asegurarles un clima de seguridad durante la contienda? ¿Cómo se puede dar aliento a una marcha que constantemente se detiene para contar muertos?
A nivel federal, la campaña por la Presidencia sigue. Ninguno de los cinco candidatos parece darse por enterado de lo que sucede. Continúan con su agenda, tan llena de promesas, tan ausente de coyuntura. ¿Qué le estamos diciendo a un país que lo mismo cuenta desaparecidos que políticos asesinados? ¿Cómo se les podrá regresar la paz y tranquilidad a los mexicanos que habitan en municipios donde nadie quiere ser presidente municipal? ¿Cómo podrán sentirse protegidos si no hay quien los defienda? ¿Cómo se abona a un diálogo si no hay quien levante la mano para fungir de representante de la sociedad? ¿Así podemos abrir camino a la gobernabilidad? ¿Así podremos combatir la violencia y bajar sus estadísticas? ¿Tan fuerte es el alcance del crimen organizado?
El martes comentamos que sólo nueve candidatos, incluidos dos presidenciales, habían solicitado la protección que ofrece el INE a través de la Secretaría de Gobernación; ayer, el instituto informó que la cifra subió a 22, al menos, pero el número sigue dispar si lo comparamos con las renuncias y los muertos.
Fuente: Excélsior.
















