Por: Vidal Garza Cantú.
De 240 mil millones de pesos es el tamaño de lo que espera el gobierno federal en ingresos adicionales por la reforma hacendaria que ahora yace en manos del Congreso para su revisión y aprobación. Este monto es tan sólo el 7 por ciento de todo el presupuesto anual del gobierno federal. Y a pesar de lo pequeño del esfuerzo,
ha despertado mucho malestar en diversos sectores de la sociedad, misma que al final pagará más por esta reforma.
Por ello debemos observar el origen de estos recursos adicionales que se buscan por este camino. Para empezar, el 67 por ciento de los nuevos ingresos saldrá de aumentar la deuda pública vía déficit fiscal, y el restante 33 por ciento, de los ciudadanos.
No olvidemos que cualquier deuda implica una hipoteca en los ingresos de los ciudadanos a futuro, lo que significa que, al final, este ingreso adicional lo pagaremos todos tarde o temprano. Así, aproximadamente 160 mil millones saldrán de que el gobierno se autorrecete un aumento al déficit público y 80 mil millones de pesos vendrán de los ciudadanos.
Vale la pena revisar el esfuerzo que hizo México en el 2001 cuando también propuso una reforma hacendaria que demoró nueve meses y medio de discusión en el Congreso. El resultado fue una reforma manoseada, que logró un aumento de apenas 80 mil millones de pesos cuando se buscaba el doble. Para colmo, el 77 por ciento de ese aumento recayó en los mismos contribuyentes de siempre, a través de cambios en el ISR. El resto, 23 por ciento, provino de impuestos a bienes suntuarios y de ahorros del gasto público del gobierno federal que incluían en aquel entonces una reducción de 5 mil millones de pesos por renegociar el servicio de la deuda pública.
Paradójicamente, a pesar de que el gobierno de Vicente Fox pagó el costo político de aquella reforma, sólo el 30 por ciento de los recursos adicionales fueron para el gobierno federal, pues la mayoría -por obra y gracia de la única autoridad que puede poner y quitar impuestos en México, el Congreso- fue enviada directamente a los estados en participaciones adicionales para que ellos lo gastaran y no el gobierno federal.
Estos aumentos adicionales en el 2002 no se vieron reflejados en acciones directas del gobierno para beneficiar a la población. El incremento fue directo al gasto corriente y casi nada a infraestructura e inversiones en nuevos activos que hagan más productiva a la sociedad. Sin embargo, un dato importante es que no se aumentó el déficit fiscal.
Esto contrasta con la actual reforma propuesta, que tiene contemplado aumentar el déficit en 1.5 puntos porcentuales del PIB para financiar al gobierno. La historia se parece, ya que están buscando los mismos 80 mil millones de pesos de los contribuyentes, como en el 2002. Y al igual que en el 2001, esta reforma hacendaria parece que irá directo al gasto corriente o, como lo han venido a llamar: “contribuir a la seguridad social universal”, pero no con el dinero de la reforma, sino con el de los empleados y patrones. Gasto social que sigo sin entender cuál es su verdadero objetivo para mover y hacer crecer la economía.
Así las cosas, estamos frente a una reforma que probablemente obtenga menos recursos de los que originalmente buscaba, pero que abre la puerta a un tema muy riesgoso: el despertar al monstruo del déficit fiscal. No podemos perder de vista a muchos países europeos que, olvidándose de la capacidad para ahorrar y generar inversiones productivas, acudieron al déficit fiscal: Portugal, Grecia, España e Italia hoy están sumidos en una difícil situación económica por no detener a tiempo la escalada de aumentos del gasto del gobierno vía déficits.
México no necesita una reforma fiscal que abra la puerta a los fantasmas del pasado que lo llevaron en los años setenta a hincarse frente al mundo a causa de un déficit fiscal impagable. Si la sociedad no es capaz de proveer de recursos a su gobierno, éste tiene que reducir su tamaño y volverse más eficiente. Y esto es lo que pasa hoy en México.
Las empresas que pagan impuestos tienen una carga fiscal muy alta, la sociedad tampoco puede cubrir más impuestos y los que no pagan, por sinvergüenzas, no hay forma práctica de hacer que lo hagan. Hasta que los ciudadanos puedan contribuir más con su gobierno, generando confianza y más productividad, éste tiene que abrocharse el cinturón, poner el ejemplo y marcar la pauta de una nueva relación entre él y los ciudadanos.
Por eso preocupa en todo este debate de la reforma fiscal el distanciamiento entre el gobierno y sus ciudadanos. Al final, esta distancia es la que ha hecho que frecuentemente tengamos una discusión hacendaria sin propósitos claros y sin resultados favorables. Parece que lo único que importa es incrementar el ingreso del gobierno, pero no discutir para qué aumentarlo. Mientras el gobierno no quiera afrontar su pesada carga laboral y pensionaria con acciones de reducciones serias y concretas, seguiremos teniendo un país que demanda muchos ingresos de sus ciudadanos y cada vez ofrece y ofrecerá menos.
Fuente: Reforma.
















