Por: Jesús Mena Vázquez.
Existe cierto consenso entre los analistas de la política nacional: el año que comienza es importante dentro del proyecto de gobierno del Presidente López Obrador porque será el año en que pueda consolidar políticas y programas que son prioritarios para el Presidente y su gobierno. De entre estos destaca, por el impacto que tendrá por décadas en la economía nacional, la apuesta que este gobierno ha hecho en materia energética.
Algunas de las consecuencias clave del mandato derivado de la elección de 2018 y que dió mayorías legislativas al Presidente y sus aliados, tienen que ver con los cambios en leyes y nombramientos en el sector energético. Las decisiones y acciones del gobierno federal en este sector van en el sentido de recuperar la capacidad de producción y refinación de petróleo por parte de Pemex y que la CFE vuelva a ser el principal productor de energía del país.
Lo que no se menciona con tanto énfasis son los costos para el país en caso de que estas decisiones no sean correctas: en lo relacionado a Pemex, significa invertir el escaso dinero público con que contamos en una empresa que no tiene la capacidad técnica para realizar extracciones de petróleo a gran profundidad al mismo tiempo que no abre completamente la puerta a inversionistas extranjeros con esa capacidad técnica; además está la inversión de al menos ocho mil millones de dólares en una refinería que muchos especialistas consideran innecesaria dado el contexto mundial del sector energético.
Si estas decisiones no resultan como el gobierno espera y la calificación de la deuda de Pemex se degrada aún más, es muy probable que arrastre a la calificación de deuda del país, lo que encarecerá el crédito que puedan conseguir tanto gobierno como empresas. El costo financiero si falla la estrategia del gobierno se puede calcular en decenas de miles de millones de dólares.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno, con la ayuda de entes reguladores con funcionarios afines a esta administración, está cerrando el paso a los productores que producen energía con tecnologías verdes (eólica, solar) que producen energía a un costo mucho menor que las tecnologías que utilizan combustibles fósiles, en su lugar el gobierno busca satisfacer la demanda elevando la producción de CFE, que produce energía con combustibles fósiles a un costo mucho mayor que el de las energías renovables, además del impacto ambiental para las próximas generaciones.
El mandato político que se dio en las urnas se tradujo en decisiones de política pública por parte del gobierno, que está centrando su apuesta en recuperar el espacio que alguna vez tuvo el sector gubernamental en la producción de energéticos. Estas decisiones son claramente tomadas desde una perspectiva ideológica de lo que representa la soberanía nacional en cuestiones energéticas. Lo que no se ha puesto sobre la mesa es que el costo de que estas decisiones salgan mal: retrasar por más tiempo el desarrollo del país, ya que los costos financieros y ambientales serán pagados por las siguientes generaciones, no por quiénes ahora toman decisiones, que en algunos casos rondan los ochenta años.
Twitter: @jesusmenav
Fuente: Siglo de Durango.
















