Por: ARMANDO SALINAS TORRE.
En tanto los días y los años pasan, los ciudadanos continuamos padeciendo los problemas, sin que sean resueltos por instituciones que sólo se sirven del público.
En general, es una tortura cada vez que nos colocamos, por cualquier motivo, en una situación irregular que nos obliga a recurrir a las oficinas
o teléfonos de atención al público de las instituciones privadas o públicas; por ejemplo, de las instituciones bancarias, de la telefonía celular, de seguros, de agencias de viajes, entre muchas otras. Una situación similar ocurre en el caso de las instituciones públicas, desde las autoridades policiales, fiscales, de salud pública, o cualquier otra.
La sociedad debe hacer una evaluación del servicio que proporcionan las instituciones para obligarlas a mejorar. Sin menoscabo de las distorsiones que existen en el libre mercado, que podríamos abordar en otra colaboración, en el caso de las instituciones privadas, el consumidor puede descartar a quien le proporcione peor servicio. No obstante, en el caso de las instituciones públicas, en general, el gobernado no tiene alternativas que satisfagan las necesidades que debe resolver el servicio público y, por ello, en estos casos el ciudadano se encuentra en mayor vulnerabilidad.
A la sociedad le urge que las instituciones funcionen para servir al público, y que no sólo se sirvan de él, ya sea en el ámbito privado o en el público. En este último caso, por ejemplo, los partidos políticos no sólo deben ser oficinas de colocación en cargos públicos, sino representantes de la sociedad que evalúe el desempeño de las instituciones y den cauce a los reclamos de sus representados, y con mayor razón si el financiamiento de tales organismos electorales proviene del erario público.
Si bien ha quedado claro que los fines de las instituciones privadas, desafortunadamente, se encuentran dominados por la satisfacción de sus propios intereses, y en la mayoría de los casos únicamente viendo el corto plazo en el cobro de utilidades, sin ponderar inversiones de largo alcance, en el caso de las instituciones públicas —siguiendo el ejemplo de los partidos políticos—, lo cierto es que la razón de su existencia no radica en la satisfacción de un interés privado, sino del interés general de la sociedad.
Los partidos políticos de oposición deben diseñar mecanismos de evaluación objetiva sobre los servicios que recibe la sociedad y, así, proponer alternativas de atención, eficaces y viables, más allá de la simple lucha por el poder de los cargos de elección popular, como si fuese un fin en sí mismo.
La política ennoblece y honra su actividad, en la medida en que satisface dicho interés público. Por el contrario, quienes hacen de la actividad política sólo una acción electorera para mantener prebendas y sus propios privilegios, deslegitiman, cada vez más, no sólo a las instituciones, sino que además contribuyen al desprestigio y a la ineficacia que padecemos todos de los servicios de las instituciones.
Comienza un nuevo año y podemos elegir dos rutas: continuar en la inercia de los acontecimientos o, bien, hacer un verdadero alto en el camino y retomar el sendero del servicio al público. Existen en nuestro país mexicanos comprometidos, que tienen el deseo y la convicción de sacarlo adelante. Es momento de construir no sólo alianzas para ganar elecciones, sino también para diseñar mecanismos de evaluación profesionales y de construcción de políticas públicas que resuelvan los problemas de sus habitantes.
Sin duda, es fácil la contratación de servicios y seguros, como una tarjeta de crédito, un plan de telefonía celular o cualquier otro. El problema es cuando encaramos algún tipo de dificultad al respecto; la lentitud y el burocratismo es la cotidianidad que padecemos todos, lo cual también sucede en la corrección de datos para el pago del predial, de multas, de servicios de energía eléctrica o del pago de impuestos.
Es injustificable que los ciudadanos continuemos de oficina en oficina, rogando que se resuelvan trámites burocráticos, cuando en la era de los servicios digitales remotos se podrían generar servicios eficaces para el público que permitan a la sociedad ejercer sus derechos en forma ágil y rápida, en lugar de mantener servicios que continúen sirviéndose del público.
Twitter: @asalinastorre
Fuente: Excélsior.
















