Por: José Sosa.
Como cada año, Transparency International ha dado a conocer el Índice Internacional de Percepción de la Corrupción en el que se muestra la forma en que la población y los sectores productivos de cada país opinan sobre el grado en que prácticas corruptas están o no insertas en la vida cotidiana y en las operaciones regulares de familias, empresas y organizaciones de todo tipo.
Como es sabido, el índice goza de gran aceptación como un indicador subjetivo de los niveles de corrupción que prevalecen en cada región del mundo y sirve como referencia para explicar otros muchos fenómenos: pobreza, ineficiencia económica, cobertura insuficiente de servicios, entre muchos otros.
Como ya es habitual, la calificación de México resultó desastrosa y poco razonable desde cualquier perspectiva o punto de vista. Nominalmente, la calificación fue de 35 puntos (sobre un total de 100), igual a la de 2014 y un punto por arriba de las de 2012 y 2013. En términos relativos, el país ocupó el lugar 95 de un total de 167.
De ese conjunto, sólo 35 países tienen calificaciones de 60 o más puntos positivos. El resto —comenzando por España— puntúan por debajo de los 59. En América latina, los países mejor posicionados son Uruguay, en el lugar 21 con 74 puntos, y Chile en el 23 y con 70 puntos. Venezuela, la populista, se ubica en el lugar 158 con tan sólo 17 puntos.
Más allá de necesario escarnio y de los airados reclamos que deben hacerse a todos los gobiernos mexicanos, comenzando por el del presidente Peña Nieto que ofreció como promesa de campaña un combate frontal al fenómeno, resulta un tanto pertinente preguntarnos qué tanto es atacable este problema que, vistas las evidencias, no parece que vaya a desparecer de forma sencilla.
A lo que me refiero es a establecer una medida social mínima que indique si de verdad queremos terminar con las prácticas que permiten que pueblos enteros, no se diga familias o empresas, gocen de ciertos beneficios, privilegios y recursos. A final de cuentas, la corrupción es siempre una historia que involucra a unos cuantos en ciertas circunstancias.
Ello no niega los terribles y muy perversos efectos que la corrupción genera en el medio y en el largo plazo. Pero para que estos efectos dejen de sentirse, es inevitable que primero se anule lo que ocurre en el plazo más inmediato, en la cotidianeidad de las personas y las organizaciones de todo tipo.
Luego entonces, la pregunta a hacer es ¿en verdad queremos acabar con la corrupción? O sólo queremos que no exista mientras no nos beneficie. Y esto lo digo no como una ocurrencia, sino a partir de las sólidas evidencias que el Colectivo Yo Contra la Corrupción ha venido integrando respecto a que, como si fuera una especie de credo infalible, una gran proporción de individuos acepta que, si tuviera la oportunidad, cometería actos de corrupción para beneficiar a su familia o simplemente para guardar dinero o influencias para épocas de escasez.
Las consecuencias sociales e institucionales de este reconocimiento no son tan graves o escandalosas como podría pensarse. En realidad, lo único que implican es que lo que tendría que ser la corrupción no es una campaña agresiva y brutal contra los supuestos círculos o redes de corrupción que aisladamente afectan el desarrollo de la sociedad. Esto es poco realista.
Si la definición del Combate a la Corrupción se apegara estrictamente a lo que los ciudadanos más íntimamente pensamos, no sería más que un conjunto de medidas tendientes a evitar que los actos interesados y contrarios a la legalidad no rebasaran un cierto nivel, el nivel de lo aceptable.
ppsosa@hotmail.com
Fuente: Crónica.
















