Por: Eduardo Guerrero Gutiérrez.
Nada más revelador de las verdaderas intenciones y prioridades de un gobierno que su forma de gastar. Frente a la vaguedad propia de los discursos, los presupuestos ofrecen claridad aritmética. En estos tiempos de debate en torno a la reforma fiscal y la aprobación del presupuesto, vale la pena preguntarnos si nuestras autoridades destinan recursos suficientes (o excesivos) al sector seguridad y, sobre todo, si esos recursos se gastan bien.
El proyecto de Presupuesto de Egresos 2014 sugiere que el sector seguridad continúa siendo una prioridad. La solicitud por 182 mil millones para el conjunto de dependencias que integran este sector -Segob (incluyendo la CNS), Sedena, Semar y PGR- es superior en 22 mil millones a lo que estas dependencias (más la extinta SSP) recibieron en 2013. Este presupuesto es históricamente alto; si tomamos en cuenta la inflación, lo solicitado para el sector seguridad en 2014 es 165% mayor a lo que se aprobó en 2004.
El acelerado incremento del gasto en seguridad en años recientes y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas han generado un gran dispendio y opacidad. Invocando supuestas afectaciones a la seguridad nacional, las autoridades reservan de forma casi sistemática los documentos más relevantes en materia de seguridad. Un ejemplo de lo anterior es el FASP, fondo que las entidades federativas reciben en apoyo al desarrollo de sus instituciones de seguridad pública. Los documentos que permitirían fiscalizar los casi 8 mil millones de pesos que se destinan a este fondo, como los Convenios de Coordinación, los Anexos Técnicos, e incluso los reportes que las entidades entregan a la Federación, generalmente no se hacen públicos.
El gasto en seguridad también ha sido “inercial” en muchos casos (es decir, los programas que no arrojan resultados no se eliminan, y los gobiernos estatales y municipales reciben apoyos independientemente de su desempeño). Por ejemplo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en los últimos años el 97% del monto del FASP se ha determinado con base en lo asignado en ejercicios previos, y sólo el 3% de acuerdo con variables como la incidencia delictiva y los avances en materia de fortalecimiento institucional. Por lo tanto, un estado como Michoacán -donde la colusión entre policías y criminales orilló recientemente a que las fuerzas federales “ocupen” algunos municipios- probablemente no registrará una reducción sustancial en los recursos que recibirá en 2014.
Otra deficiencia en el ejercicio del gasto en seguridad en años recientes ha sido el excesivo énfasis en los activos tangibles, como elementos policiales, instalaciones, vehículos y tecnología, y un relativo descuido de los activos intangibles, especialmente las capacidades para la generación y análisis de información (inteligencia). Al respecto, resulta alentador que en el proyecto de presupuesto 2014 se contemple un incremento sustancial en el presupuesto del Cisen. Los 4 mil 700 millones de pesos adicionales que recibirá este centro se destinarán a poner en marcha unidades de inteligencia en todo el país. Estas unidades son una iniciativa promisoria para recuperar el control territorial que el Estado mexicano ha perdido, siempre y cuando se enfoquen en la penetración de organizaciones criminales, y no en el espionaje político a la vieja usanza.
Otros apartados relevantes son los 4 mil 500 millones que se solicitaron para la Gendarmería Nacional, lo que sugiere que la intención de consolidar dicho cuerpo se mantiene firme (a pesar de que la inconsistencia con la que se han anunciado las funciones que desempeñará); y los 2 mil 600 millones en subsidios contemplados para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (la principal apuesta del gobierno de Peña Nieto para un cambio de enfoque, de la coerción a la prevención, en materia de seguridad).
Por lo demás, desafortunadamente no hay grandes cambios, y la opacidad tampoco permite organizar un debate público informado sobre el proyecto que los diputados tienen en sus manos. ¿Se justifica gastar cada año más de 800 millones en Plataforma México? ¿Qué resultados generan los 900 millones que la PGR destina a servicios aéreos? ¿Los 18 mil millones para penales federales permitirán expandir el sistema a la velocidad necesaria? Los mexicanos no lo sabremos hasta que no exista una exigencia social firme de transparentar y evaluar los resultados de los principales rubros de gasto del sector seguridad.
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Fuente: Reforma.
















