Por: Fermín Alejandro García.
“Una bomba de tiempo” se ha convertido la situación de los más de 18 mil jubilados federales de Puebla, es decir, los que están agremiados a la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues dos situaciones agravan sus precarias condiciones sociales: por un lado en este año se han quedado sin seguro de vida, que ha dejado desprotegidas a sus familias ante un posible deceso;
por otro, a pocos más de 2 mil profesores retirados les adeudan más de 50 millones de pesos de un apoyo especial que les otorgaban para poder palia el largo periodo que deben esperar entre el momento en que se retiran y el que tarda en que llegue el pago de las pensiones.
Lo que resulta grave o sospechoso de esta situación, es que a los 18 mil jubilados de manera puntual, cada quincen el ISSSTE les descuenta el costo de la póliza de seguro de vida, recurso que supuestamente es transferido al gobierno del estado, pero al final resulta que no existe dicha protección.
Hasta ahora se desconoce dónde se queda ese dinero y que beneficios económicos está generando, a la sombra de un claro abuso contra los maestros federalizados que están en el retiro.
Dicha situación muestra la indolencia e insensibilidad de Alejandro Ariza Alonso, el secretario general de la sección 23 del SNTE, que tiene en el abandono a los maestros jubilados y se ha negado sistemáticamente a atender a la representación colegiada de los profesores en retiro que han buscado conocer el destino de los cuantiosos fondos que les quitan cada quincena.
Pareciera que alguien en el SNTE 23 o en el ISSSTE estaría haciendo un jugoso negocio con el cobro fraudulento de un seguro de vida que, por lo menos este año, no ha existido.
Los dos abusos cometidos se explican de esta manera: en Puebla hay 18 mil 723 trabajadores federalizados del sector educativo que tienen derecho a un seguro de vida equivalente a 18 meses del importe de su jubilación. En el año 2015 ese servicio lo ofreció la aseguradora Afirme; en 2016 y 2917, correspondió a Thona, y en 2019 a Argos.
Sin que existiera una justificación de por medio, en este año simplemente no se contrató a ninguna empresa aseguradora, pero se siguió pagando la póliza que les descuentan a los maestros y personal de apoyo que están en retiro.
Esto ha significado que los maestros que han fallecido en este año, sus familias no pudieron cobrar el seguro de vida, pese a que los docentes les descontaron puntualmente el pago de un servicio financiero que acabó siendo inexistente. A todas luces es un fraude.
Otro abuso es que del seguro de vida se extraía una cantidad de 25 mil pesos para que los maestros que entraran en retiro pudieran sobrevivir luego de acabar su vida laboral, pues entre el momento en que dejan de trabajar y cuando les empiezan a pagar sus pensiones, puede pasar un largo periodo que puede ir de los 3 a los 6 meses, en que no tienen ingresos económicos.
Entre 2017 y 2019 se jubilaron 2042 maestros federales y es la fecha que les adeudan el adelanto de 25 mil pesos del seguro de vida. Eso da un monto global de 51 millones de pesos.
El columnista consultó a una fuente de primer nivel de la SEP estatal, que señaló que es el ISSSTE el que debe de responder sobre el dinero del pago de la póliza del seguro de vida, pues los maestros al retirarse dejaron de tener una relación laboral con el gobierno del estado.
El problema de fondo, explicó dicha fuente, es que la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto provocó una masiva solicitud de jubilaciones, lo cual derivó en que a las empresas aseguradoras les dejó de ser negocio hacerse cargo del seguro de vida, por el bajo monto de las pólizas. Sin embargo, el SNTE 23 ha dejado crecer el conflicto y el posible fraude que envuelve a los maestros en retiro.
Fuente: La Jornada.
















