Noticia publicada a las 03:51 am 03/02/23

Por: Eduardo R. Huchim.

La importancia de las reformas en materia electoral conocidas como Plan B es tan grande que exige, para el análisis, apartarse de las estridencias tanto de un sector del INE como de voceros de la 4T.
En esa ruta, es preciso rechazar el catastrofismo que desde el INE se difunde y que anuncia un apocalipsis electoral si se aplican los contenidos del Plan B.

Eso no es cierto. Si entran en vigor las reformas, las elecciones no estarían en peligro, a menos que, en términos de profecía autocumplida, se intentara boicotearlas desde la institución que las organiza.
Comicios anárquicos y sin certezas son improbables por la calidad profesional y ética de gran parte del personal del INE -más alta que la de porciones de su cúpula-, pero también por un factor sustantivo que por obvio suele olvidarse: quienes hacen las elecciones no es el INE, por más que este ponga la mesa, sino los ciudadanos: los que depositan su voto y los que lo reciben y cuentan. Nada de lo que digo pretende subestimar la importancia de las tareas del INE, pero sí intento recordar que el ciudadano es alfa y omega de las elecciones.
Aparte de criticar fallas evidentes del INE, durante años he venido señalando la necesidad de revisar su abultadísimo gasto y su enorme plantilla laboral.
En ese contexto, tiene sentido el Plan B en lo concerniente a adelgazar al obeso órgano electoral y racionalizar su presupuesto. Sin embargo, el proceso legislativo inicial se efectuó atropelladamente y ahora está en el ámbito del Senado. Versiones van y vienen sobre la afectación al personal del INE, en particular al Servicio Profesional Electoral, y no ha habido intención de hablar y cotejar versiones. Es necesario hacerlo.
No se me ocultan las dificultades para caminar en esa ruta, en particular porque una parte de los consejeros han asumido una conducta beligerante que riñe con su carácter de árbitro.
Aun cuando la aprobación en el Senado parece inminente, ante los señalamientos de daño mayor al INE y a la próxima elección presidencial, el Congreso y el Ejecutivo deberían explorar posibilidades de diálogo con el INE para discutir, incluso después de la aprobación, las afectaciones reales del Plan B.
Esta revisión podrían hacerla los congresistas de distintos partidos y/o Gobernación, prioritariamente con los técnicos que organizan los comicios y que seguramente podrán exponer sin cargas políticas cuáles contenidos de la reforma en realidad sí dañarían la función comicial. Desde luego, no debería excluirse a los consejeros, pero podría limitarse la invitación a quienes no concluyen su encargo este año.
Uno de los contenidos discutibles del Plan B es la desaparición de las juntas y de 4 de las 5 vocalías distritales. ¿Cómo se harían sin estas la capacitación de funcionarios de casilla y la concentración y cómputo de los votos, entre otras importantes tareas?
Convendría que la imposición de mayorías no rija en estos tiempos de la 4T, pero que tampoco prevalezcan los devotos de la infalibilidad que ven una sola y única forma de hacer bien las cosas.
PLUS ONLINE: Consejeros por insaculación
Los consejeros electorales han sido tradicionalmente elegidos por cuotas partidarias mediante acuerdos que, generalmente, favorecen al partido mayoritario. El “cuotismo” no es un método necesariamente malo y una buena prueba es el primer consejo general del entonces IFE, que fue integrado por ese método y cuyo desempeño tuvo y tiene general reconocimiento.
Sin embargo, a partir de la segunda integración, las cosas cambiaron y los partidos buscaron que los consejeros fueran correas de transmisión de sus intereses, aunque su compromiso con la democracia y la imparcialidad no fuera de alto nivel.
Para atenuar los efectos negativos de las cuotas, en buena hora se decidió que los candidatos a un asiento en el Consejo del INE fueran seleccionados por un comité técnico que, sin embargo, no ha podido ser del todo ajeno a las presiones de los partidos.
En este contexto, debe ser saludada la posibilidad de que, como lo prevén Adán A. López e Ignacio Mier, los sustitutos de Favela, Ruiz, Murayama y Córdova (presidente) sean designados por insaculación, una vez que el comité técnico integre las cuatro quintetas de candidatos.
La elección por sorteo está prevista en la Constitución y se dará si los grupos parlamentarios no logran ponerse de acuerdo sobre quiénes serán los nuevos consejeros. Si esto ocurriera, hay dos posibilidades de insaculación: una en el pleno de la Cámara de Diputados y, si no se logra la definición, entonces el sorteo lo hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

@EduardoRHuchim

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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