Noticia publicada a las 02:49 am 16/05/21

Por: Sofía García.

* Pese a que la elección del próximo 6 de junio será la que más candidaturas femeninas tenga, la violencia política en razón de género se mantiene.

Pese a que la elección del próximo 6 de junio será la que más candidaturas femeninas tenga, la violencia política en razón de género se mantiene como el principal obstáculo para la participación política de las mujeres.

Por primera vez en una elección, la violencia política de género será castigada, ya que apenas este tipo de agresiones hacia las mujeres se tipificaron como delito. En abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a ocho legislaciones en esta materia.
El CIDE realizó un primer estudio: “Participación política de las mujeres a nivel municipal: proceso electoral 2017-2018” para entender cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan las precandidatas y candidatas –ganadoras y perdedoras– a presidencias municipales.
Este estudio concluye que es durante el periodo de precampaña cuando las mujeres experimentan mayor violencia en razón de género y enfrentan más obstáculos para obtener la candidatura. La principal fuente proviene de sus propios partidos políticos: les condicionan las candidaturas a cambio de intercambios sexuales; se les acusa de no poder conseguir candidaturas por méritos propios; las cúpulas partidistas, integradas mayoritariamente por hombres, promueven precandidaturas de hombres cercanos a su círculo y apoyan precandidaturas de mujeres que puedan manipular fácilmente.
Posteriormente, durante el periodo de campaña, este tipo de violencia proviene principalmente de contrincantes políticos, que a diferencia de los candidatos hombres, ellas reciben ataques sexistas y discriminatorios.
En un segundo estudio; “Consolidar la paridad y transformar las democracias” se buscó comprender los retos y obstáculos que enfrentan las mujeres para desempeñar cargos de elección popular a nivel municipal, donde se destacó el impacto diferenciado de las barreras que enfrentan las mujeres en comparación con hombres, así como actos de discriminación y violencia de género contra las mujeres, que son manifestación de desigualdades estructurales, tales como invisibilizarlas en cuestiones laborales por considerar que las mujeres no saben o desconocen ciertos temas.
México es uno de los pocos países en el mundo que, para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, ha adoptado a nivel constitucional el principio de paridad para la integración de candidaturas legislativas federales y locales.
Esta normatividad impide que los partidos políticos utilicen barreras legales para obstaculizar la participación política de las mujeres como candidatas. Sin embargo, tal y como lo demuestran los estudios realizados por el CIDE, la primera barrera que tienen las mujeres para obtener una candidatura es el partido político en el que militan, así que pese a los grandes esfuerzos y acciones afirmativas, la esfera política continua plagada de prácticas que alejan a las mujeres del ejercicio libre de sus derechos políticos.
La política nacional y el servicio público no se transformará si los propios partidos no transforman sus estructuras y le reconocen los espacios que a las mujeres legal y justificadamente, les corresponden. Exijámoslo.

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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