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que coadyuvó en la evaluación de sus fuentes y establecimiento de sus ejes temáticos para integrar la estructura y los principios básicos de la propuesta durante 2020.
El Conacyt cumplió la encomienda: el pasado 14 de diciembre, en el Consejo General de 2020, entregué el anteproyecto al máximo órgano nacional en la materia que encabeza el Presidente de México. Por votación unánime, lo aprobó en lo general, a fin de continuar con la tramitación legal correspondiente. En la sesión participaron las secretarías de Salud, Educación, Energía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Comunicaciones y la de Agricultura, además de representantes de la Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, la Red Nacional de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), los Centros Públicos de Investigación y la Anuies, así como el coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
La construcción del anteproyecto supuso un arduo y amplio proceso de diálogo, revisión y acuerdos que implicaron a las instituciones de educación superior e investigación de la nación y a los sectores público, social y privado que forman parte del sistema nacional deHCTI. Además, participaron alrededor de 36 mil personas entre 2019 y 2020. Para su elaboración se revisaron 46 iniciativas y reformas legislativas, se consultaron 156 documentos normativos de diagnóstico y análisis. Además, el Conacyt realizó un estudio pionero sobre el derecho humano a la ciencia y sus estándares internacionales, y un estudio de derecho comparado, donde se revisó la legislación de 12 países.
Como actividades de consulta y participación, se celebraron 287 foros organizados por el Conacyt, el Poder Legislativo, instituciones académicas y organizaciones civiles. De igual manera, se sistematizaron 174 cuestionarios dirigidos a directivos, investigadores y juristas de todo la República. En la plataforma de consulta del Conacyt se recibieron 59 propuestas institucionales y 165 de la comunidad, y se retomaron las consultas realizadas con motivo del PECITI, así como las organizadas por la asociación civil Foro Consultivo AC y la Red ProCiencia. Todo ello, en clara contradicción con las declaraciones acerca de una falta de consulta en la elaboración del anteproyecto que han difundido algunos medios.
Destaco el diálogo con el Consejo Consultivo de Ciencias que agrupa a todos los distinguidos premios nacionales y que constituye un órgano de consulta permanente del Conacyt. Ellas y ellos enriquecieron la propuesta con sus conocimientos y experiencia. Finalmente, el Conacyt celebró reuniones de trabajo con el sector productivo, la UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias y otras sociedades científicas, los Centros Públicos de Investigación coordinados por Conacyt y por otras dependencias, la Rednacecyt y la Anuies, que permitieron afinar la redacción del documento.
El anteproyecto reconoce el derecho humano a la ciencia y a sus beneficios tal como ahora lo mandata nuestra Constitución. La propuesta de la primera Ley General de HCTI regula las obligaciones del Estado para garantizar su ejercicio efectivo con base en el rigor y la pluralidad epistemológicas. En ella se precisa la función social, los principios y fines de la política de Estado en la materia, caracterizándola como humanista, nacional, de largo plazo, participativa, interinstitucional y transversal, con perspectiva de género y enfoque intercultural de territorialidades y derechos humanos.
La propuesta fortalece los apoyos a becarios de posgrado e investigadores, así como a la investigación para promover el avance del conocimiento desde México o el desarrollo tecnológico en áreas prioritarias estratégicas para nuestra nación. Para ello, se prevé una agenda de Estado para la investigación de frontera y para la incidencia en problemáticas nacionales, incluido el desarrollo de tecnologías propias, prioritarias y de vanguardia para la transformación social en un ecosistema nacional de innovación abierta que privilegie el bienestar social y el cuidado ambiental.
El anteproyecto propone un Consejo de Estado como órgano rector y un Consejo Nacional como conductor de la política en la materia, coordinador del sector y del sistema de Centros Públicos, con un órgano consultivo técnico y de articulación. La propuesta establece el marco para promover un federalismo sustantivo que además distribuye las competencias entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, y crea comités regionales de colaboración y coordinación para articular el trabajo con los consejos locales en beneficio de la comunidad y capacidades científicas, la sociedad y el ambiente de cada entidad.
El anteproyecto quedó en manos del Presidente de la República, quien, agotados los procedimientos conducentes, decidirá el momento oportuno para presentar la iniciativa y su cámara de origen. Sin duda, la aprobación de esta primera Ley General de HCTI consolidará un profundo proceso de cambios positivos para la actividad científica y tecnológica en el país, pues, por mandato de ley, la política de HCTI estará al servicio de la humanidad y a favor del avance del conocimiento, del bienestar del pueblo de México y del cuidado del ambiente, con responsabilidad ética y social, en congruencia plena con el derecho fundamental de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.
Fuente: La Jornada.
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