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administración y programas de estudio. Ahora bien #EducarEnIgualdad es la campaña educativa del partido MORENA, para desmontar la cultura patriarcal que perpetúa violencias y asimetrías que se combaten desde la agenda legislativa para alcanzar la igualdad en todos los niveles educativos.
Hoy vivimos un Tlatelolco en Puebla, la injerencia del Gobierno del Estado a la Autonomía Universitaria, a través de la nueva Ley de Educación, pretende someter al sistema educativo y patrimonial de las Instituciones de educación privadas en el estado, controlar sus bienes inmuebles para que formen parte del Sistema Educativo Estatal y Fiscalizar sus recursos como un garrote político para el Consorcio Universitario. Puebla es una ciudad universitaria, son 3426 colegios y universidades privadas las que colocan a la ciudad como un atractivo en el país para que jóvenes deseen estudiar su carrera universitaria.
México cambio a partir del movimiento estudiantil del 68, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre muchas otras universidades del país, conmemoraron con una marcha hace 2 años en 2018, el 50 aniversario de Tlatelolco, sin duda el evento represivo más importante de México a las instituciones académicas, a la autonomía universitaria y a los derechos humanos de los estudiantes y maestros, Gustavo Díaz Ordaz, mostro al mundo la barbarie política que gobernaba en el país y ejecutó un golpe de estado. La Marcha del 68, es la movilización de protesta social donde exigían libertades civiles y políticas y que un gobierno sin dialogo no dio apertura a la vida democrática educativa, por ello los ideales del movimiento trascienden de generaciones con la consigna “2 de octubre no se olvida”.
La Megamarcha de jóvenes estudiantes en Puebla del 5 de marzo de 2020, es una marcha histórica y ejemplar en el estado, el movimiento estudiantil que surgió por el asesinato de 3 estudiantes de medicina #NiUnaBataMenos, conformó al Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla, para exigir al gobierno seguridad universitaria, las notas periodísticas señalan que eran 100 mil o 80 mil estudiantes los que marcharon, los estudiantes argumentan que eran más de 150 mil, lo cierto es que participaron las universidades más importantes de Puebla: BUAP, UDLA, IBERO, UPAEP, TEC DE MONTERREY, ANAHUAC, UNIVERSIDAD MADERO, BINE, ITP, UNIVERSIDAD DEL VALLE, entre muchas otras que se sumaron al movimiento y fueron encabezadas por los rectores del Consorcio Universitario y otros rectores de universidades en apoyo a todos los estudiantes.
El desencuentro político entre el Gobernador del Estado con los rectores del Consorcio Universitario y los rectores de las universidades privadas que participaron en la marcha universitaria, desencadenó por parte del ejecutivo la propuesta de la nueva Ley de Educación en Puebla, aprobada de fast track el pasado 15 de mayo por el Congreso del Estado, sin llevar a cabo un parlamento abierto educativo. Es preciso matizar que no es una armonización a la Ley General de Educación promulgada en el DOF el 30 de septiembre de 2019, ni a La Reforma en materia educativa 2019. La Ley de Educación en Puebla, se aprobó sin el análisis legislativo de la Comisión de Educación y sin la participación de las universidades del sector educativo público y privado, no hubo dialogo ni apertura a presentar propuestas y mucho menos se consideraron todos los parámetros de la Ley General de Educación.
La nueva Ley de Educación en Puebla no contempla la perspectiva de género ni el principio constitucional de paridad entre géneros que observa la Reforma en materia educativa 2019, que modifica los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, y propone en materia de paridad, la obligación de enseñar contenidos educativos con perspectiva de género, principios de igualdad y no discriminación, orientación en educación sexual y propone un Sistema Nacional Educativo de mejora continua paritario. La reforma educativa, reglamenta las 3 leyes secundarias base para el sector educativo en México, la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
En consecuencia de una armonización clandestina de la Ley Educativa en Puebla que no contempla los preceptos legales constitucionales, se prevé la intervención de la SCJN, para resolver jurídicamente la acción de inconstitucionalidad, ya que la nueva Ley de Educación es anticonstitucional y solo pretende el control administrativo y fiscalizador de las universidades privadas y de los colegios privados en Puebla, por lo que se pronostican acciones legales y amparos del Consorcio Universitario, Colegios privados y de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior en contra del Congreso del Estado y del Gobierno de Puebla.
El Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, sostuvo el día de ayer en rueda de prensa, que la Ley de Educación de Puebla, representa una armonización indebida de la legislación federal y que no refleja el espíritu de la Constitución general, por lo que contempla una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, revise el ordenamiento, donde se resuelva apegado a los principios de legalidad.
Por otra parte, hay una propuesta de contrarreforma a la Ley de Educación en Puebla, elaborada por el Consorcio Universitario de Puebla, Federación de Escuelas Particulares, Unión Nacional de Padres de Familia, Instituciones Particulares de Educación Superior Afiliadas a la FIMPES y ANUIES, que hacen modificaciones legislativas a los artículos 18, 105, 112, 116, 143, 145, 146 y 147 de la Ley de Educación en el Estado, en referencia a la incertidumbre jurídica respecto a las RVOES federal o estatal para que se pueda diferenciar el cumplimiento de sus obligaciones, también sobre la asignación de becas por plan o programas y servicio del becario para que la asignación de becas sea facultad de las instituciones educativas particulares, así como el apego estricto de toda la ley al principio de libertad de autodeterminación y generalización de recursos en el sistema educativo privado.
Fuente: E-consulta.
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