Noticia publicada a las 01:51 am 11/11/19

Por: Redacción.

Aunque la ofensiva derechista que en años recientes amenazó por extenderse como una pandemia por América Latina (con Macri, Piñera, Lenin Moreno, Bolsonaro) ha tropezado con el muro del repudio popular, los emisarios del neoliberalismo siguen tratando de imponer sus políticas en la región. Prueban hacerlo ahora en uno de los países donde un gobierno progresista ha logrado mejores resultados económicos y sociales:

Bolivia, y a través de uno de los métodos más abominables: el golpe de Estado.
La excusa que esgrime la oposición al presidente Evo Morales es la comisión de un fraude en el que sólo los opositores creen (si de veras lo hacen), presuntamente cometido en las elecciones del pasado 20 de octubre, donde el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), y actual presidente, obtuvo 47.08 por cieento de votos y su principal adversario, Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, consiguió 36.51. Desvanecidas las esperanzas de ir a una segunda vuelta –la ley electoral dispone que ésta sólo aplica cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 10 puntos– los grupos que cuestionan al gobierno no encontraron otra forma de expresar su frustración que el trasnochado recurso del golpe. Los disconformes añoran tal vez un triste récord que Bolivia posee: el de ser la nación latinoamericana que más golpes de Estado sufrió en el siglo XX: una docena; seguida por Chile y Argentina, con seis cada uno.
Lo cierto es que resulta muy difícil hallar motivos económicos o sociales que alimenten una real y legítima desaprobación de los bolivianos con su gobernante. Según la nada izquierdista Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante la última década Bolivia creció a un ritmo anual de 4.9 por ciento, el más alto del subcontinente. Y en ese lapso, el índice de pobreza se redujo en 25 por ciento y la pobreza extrema bajó 23 por ciento desde 2006 hasta ahora.
Eso no es todo, sin embargo: la nacionalización de empresas para el Estado garantiza el pago de los bonos emitidos por éste; una perceptible estabilidad económica mantiene al país alejado de la crisis; se garantizó la soberanía alimentaria para toda la población, y se crearon empresas estatales de gran capacidad productiva que son, además, considerables fuentes de empleo. Todo ello sin contar logros sociales tales como la reducción del analfabetismo (de 13.3 por ciento en 2006 a 2.4% en 2018); una mayor participación de la mujer en las actividades políticas, económicas y laborales, y el reconocimiento y revalorización cultural de las poblaciones indígenas.
Pero para la oposición esos datos no son suficientes. Argumenta, en cambio (además del presunto fraude) tres puntos que en su opinión bastarían para descalificar a Evo: en primer lugar, lo acusan de querer perpetuarse en el poder (el derivado de las recientes elecciones sería su cuarto mandato); de no proteger el medio ambiente (curiosa imputación para quien en 2009 fuera nombrado héroe mundial de la madre tierra por la Asamblea General de las Naciones Unidas); y de machista y homófobo, adjetivos que le han propinado al presidente agrupaciones feministas y del colectivo LGBTI.
No parecen esas las causas de fondo que mueven a los ahora metidos a golpistas. Mesa –efímero presidente de Bolivia entre 2003 y 2005 tras la caída de Gonzalo Sánchez de Losada, del cual era vice, y ex dueño de un canal de televisión– es un devoto de las privatizaciones, el adelgazamiento del Estado y la estabilización económica no importa a qué costo social. Un neoliberal de cuerpo entero, pues.
La convocatoria a un diálogo de pacificación con agenda abierta, realizada ayer por el mandatario boliviano, abrió un compás de espera en la situación, pese a lo cual ésta permanece tensa, en especial porque Mesa se apresuró a declarar que él no tenía nada que negociar con Evo Morales y su gobierno, y porque más o menos en el mismo tono se pronunció Rubén Costas, dirigente del partido Bolivia Dijo No y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, un bastión opositor al presidente que despacha en el Palacio Quemado de la capital boliviana.

Fuente: La Jornada.

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