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Amagó con anular el TLC y lo que tenemos es un acuerdo comercial actualizado y mejorado, en curso de ratificación por los respectivos congresos.
Bravuconeó con imponer aranceles de manera definitiva a las exportaciones mexicanas, pero reculó, intimidado, cuando nuestro gobierno advirtió que contestaría con aranceles espejo.
A principios de agosto Trump peló los dientes al Presidente López Obrador, de quien dijo que “necesita incrementar sus esfuerzos para erradicar cultivos de amapola, incautar drogas, abrir causas penales y embargar bienes de traficantes”.
Todo ello, añadió el repulsivo gringo —blandiendo el petate del muerto de la unilateral certificación en materia de drogas—, porque “sin mayor progreso durante el próximo año, evaluaré la determinación de que México ha fracasado evidentemente en el cumplimiento de sus compromisos internacionales antinarcóticos”. ¡Ay, nanita!
Parece mentira. A casi 200 años de la consumación de la Independencia un insolente gobernante extranjero incurre en el atrevimiento de chasquearle los dedos a nuestro Jefe de Estado e intentar tratar como trapeador a todos los mexicanos.
Por fortuna, a estas alturas de la historia ya está claro que Trump ladra, pero no muerde.
Son numerosos los casos de naciones a las cuales el despreciable mandatario ha amenazado sin consecuencias. El más reciente, la penosa manera como se aplacó ante China cuando la administración de Xi Jin Ping reaccionó engallada a la afrentosa imposición de aranceles nomás porque sí.
La amenaza de descertificación a México en el rubro de las drogas, que de concretarse implicaría, entre otras cosas, castigos comerciales, retención de ayuda financiera y bloqueo de créditos en organismos multilaterales a nuestro país, llevó a muchos dejarse oler el miedo. Mal hecho.
La medida impuesta por Washington no ha sido aplicada en nuestra región ni en los peores momentos de la relación con la potencia hemisférica derivados del tema de las drogas.
No fue aplicada a cabalidad ni en los dolorosos tiempos del narcoterrorismo desatado por Pablo Escobar, en Colombia, cuando desde la Casa Blanca se atizó, a más no poder, la especie de que allá se había erigido un narcoestado, a cuyo frente estaba Ernesto Samper Pizano.
Tras la fijación del plazo a López Obrador para dar resultados, la cancillería de Marcelo Ebrard reaccionó de modo plausible. Dijo que tomaba nota del memorando de la advertencia, pero que éste carece de efectos legales en nuestro país.
Y, si bien refrendó el compromiso mexicano de mantener la cooperación en el campo de las drogas, dejó claro que esto debe hacerse bajo marcos de colaboración multilaterales que reflejen la corresponsabilidad en las causas y vías de solución del problema.
No nos dejemos engañar. Estados Unidos no tiene ni la menor intención de combatir el fenómeno de las drogas dentro de su territorio y tampoco afuera. Le basta con usar el asunto como pretexto para el intervencionismo y el amedrentamiento.
De otro modo, si de verdad le interesase combatir el problema, empezaría por casa. Lo cual no se ve por ninguna parte, tal como de nuevo quedó demostrado el pasado 26 de agosto.
En esa fecha un juez resolvió que la farmacéutica Johnson & Johnson causó más de seis mil muertos y un gravísimo problema de salud pública, al haber ocultado de manera deliberada, dolosa, las nefastas consecuencias de sus medicamentos opioides.
Más grave aún, al haber alentado una relación inconveniente, de complicidad, entre los profesionales de la salud y los laboratorios para hacer que recetas de esos productos fuesen emitidas sin el menor rigor, como si fueran volantes de cine.
El resultado es que en el último año murieron 69 mil gringos por sobredosis, la mitad de ellos por medicamentos derivados del opio, que se compran receta en mano en las farmacias.
Y ese problema persistirá, pues por cada millón de habitantes en la potencia vecina se consumen a diario 50 mil dosis de opioides, cuatro veces más que en el Reino Unido y muchas más veces que en países pobres, en donde de verdad se necesitan.
La resolución judicial en contra de Johnson & Johnson derivó de una demanda del estado de Oklahoma, cuyas autoridades calcularon en 17 mil millones de dólares la reparación del daño y la atención a las víctimas.
El asunto ha sido sobredimensionado en los medios de opinión y tildado de emblemático, un fallo sin precedentes, aunque el juez fijó una multa de sólo 572 millones de dólares; es decir, 30 veces menos que la pretensión de la demanda.
Y pensar que en el sistema judicial estadunidense glorificado por las series de televisión hay en lista de espera, en 40 estados, unas dos mil demandas de víctimas de los narcolaboratorios farmacéuticos.
La conclusión es clara: Si de certificación se trata el gobierno de Trump debería empezar por descertificarse.
Debería ser así porque, además del tortuguismo judicial ante la crisis de los opioides, debe explicar cómo es que el ejército más poderoso del orbe ha sido incapaz de inhibir la circulación por su territorio de drogas procedentes no sólo de México sino de todas partes del mundo, las cuales es posible comprar, como si se tratara de chicles, en cada esquina.
El embajador Christopher Landau tiene claro que la prioridad de su misión consiste en mejorar la cooperación en migración y seguridad. O sea, los dos rubros respecto a los cuales nuestro gobierno está a prueba, con plazos perentorios y encargos específicos.
El diplomático sostiene que ambos asuntos deben ser atendidos en forma conjunta, bilateral, “porque estos retos no se pueden controlar de otra manera”.
Resta saber si el prepotente mandatario gringo comparte el criterio de su representante en México.
aureramos@cronica.com.mx
Fuente: Crónica.
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