Noticia publicada a las 12:42 am 17/06/19

Por: Mouris Salloum George.

AUNQUE DELGADA y casi imperceptible la línea fronteriza entre corrupción e impunidad, por obra y gracia del sistema presidencialista mexicano esa perversa simbiosis es separada por un ancho y profundo cañón que deja chico el del Sumidero, Chiapas.
Salvo el caso de Luis Echeverría, por crímenes políticos y sociales del pasado, relacionados con el 2 de octubre de 1968 y la guerra sucia,

ninguno de los ex presidentes mexicanos ha sido tocado ni con el pétalo de una foja judicial.
No fue discrecional; hubo “estricto control” del Legislativo
El caso más temerario, iniciado ante la Procuraduría General de la República en febrero de 1983 por el Partido Social Demócrata y el abogado litigante Ignacio Burgoa Orihuela, contra José López Portillo —cuya Litis fue la acumulación de deuda externa— desembocó, sin intervención de instancia jurisdiccional, en la exoneración ministerial, “por falta de pruebas”.
En esa denuncia fueron implicados el secretario de Programación y Presupuesto de López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, después presidente de México, y otros funcionarios del gabinete económico.
La coartada ministerial absolutoria alegó que la gestión del ex presidente no fue discrecional; estuvo bajo el riguroso control del Poder Legislativo. No se consideró, sin embargo, incluir al Congreso de la Unión como sujeto obligado en el ejercicio de responsabilidad estatal por daños al patrimonio nacional.
Otra vertiente fue abierta por un despacho privado, en este caso por la expropiación bancariade septiembre de 1982. Huelga repetir los argumentos por los que se consideró improcedente.
PRI y PAN tienden manto protector a Carlos Salinas
Carlos Salinas de Gortari, en su caso por el PRD, fue imputado de delitos de orden económico durante su mandato: Misma causal, iguales resultados. Las bancadas aliadas, PRI-PAN hicieron mayoría contra esa tentativa.
Al tiempo, contra otros ex presidentes, entre ellos el citado De la Madrid y Ernesto Zedillo Ponce de León, se introdujeron solicitudes juicio políticopor falta a las responsabilidades de los servidores del Estado. Algunas solicitudes fueron rechazadas “en caliente”.
300 expedientes mandados a los quemadores
En pleno proceso de legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, la subcomisión instructora de la Cámara de Diputados de la pasada LXIII Legislatura federal, de Enrique Peña Nieto, pastoreada por el mexiquense César Camacho Quiroz, se engolosinó mandando a la estufa casi 300 de esos expedientes que involucraban a militantes de diversos partidos.
El Manto de Noé arropó a varios ex secretarios encargados despacho o secretarios en funciones, a ejecutivos de instituciones del gabinete ampliado y a varios ex gobernadores. Lo mismo: Sin distinción de partidos.
Ni control de constitucionalidad ni revocación de mandato
Dos constantes han nutrido la incesante, obesa pero ágil impunidad: 1) Se han desoído por sistema iniciativas de expertos mexicanos en Derecho, incluyendo a ministros o ex ministros de la Corte Suprema de Justicia, que claman por el control de constitucionalidad de la gestión misma del propio presidente de la República y de sus colaboradores y,
2) Desde hace varias legislaturas federales se pugnó por la eliminación del fuero de los servidores públicos, incluso del fuero de guerra. Desde el otoño de 2014, el Senado recibió una iniciativa ciudadana para una reforma constitucional que instituyera la revocación de mandato.
Ni la intervención a solicitud de parte ni la recomendación de la instancia jurisdiccional fue bastante para que la Cámara alta se diera por enterada de ese imperativo sancionador y rectificador.
Traición a la patria, figura difusa, profusa y confusa
La excusa hasta ahora, ya manida, en el caso del jefe del Poder Ejecutivo, ha sido que el título constitucional, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, blinda al presidente, durante el tiempo de su encargo, quien sólo puede ser acusado de traición a la patria y delitos del orden común.
En ninguno de los dos casos hay precedente de aplicación de la Carta fundamental, pues eso de “traición a la patria” es difuso, profuso y confuso. No obstante, según peritos en la materia, en aquel precepto está implícito lo que se denomina “responsabilidad estatal”. Obvio, el legislador no ha querido explicitarlo.
Doble paradoja en la cuarta transformación
Concluimos con una especie de doble paradoja: El debutante presidente se ha comprometido a exponer a consulta pública su permanencia en Palacio Nacional en 2021.
Hasta sus más pugnaces opositores cuestionan su decisión, acusándolo de querer aparecer en las boletas de las elecciones intermedias, y el propio conductor de la Republica amorosa se resiste a atender la demanda popular de que se juzgue a los ex presidentes. Todo un nudo gordiano… tejido y atado por la impunidad.

Fuente: Voces del Periodista.

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