Noticia publicada a las 03:21 am 20/01/19

Por: Carmen Aristegui.

Esta semana, en el juicio que se le sigue a “El Chapo” Guzmán en Nueva York, un personaje que trabajaba de forma directa con el líder del cártel de Sinaloa soltó un declaración bomba que ha tenido más repercusión en la prensa internacional que la cobertura que ha merecido en la prensa mexicana. El expresidente de México habría recibido 100 millones de dólares enviados por el capo sinaloense.

Sorprende que, por lo menos en la del miércoles y jueves, en ninguna de las conferencias matutinas que sostiene el presidente López Obrador con la prensa, se hayan presentado preguntas al Mandatario relacionadas con lo que Álex Cifuentes dijo. El presidente López Obrador no se refirió al tema y los colegas que tuvieron oportunidad de preguntar prefirieron no hacerlo. Curioso.

Es cierto que la agenda nacional está marcada por un ritmo trepidante y la importancia de lo que está ocurriendo en temas como la Guardia Nacional, el robo de combustible, la Fiscalía General, la Comisión presidencial para Ayotzinapa y la corrupción en general, son temas que monopolizan la atención de la prensa y los ciudadanos. Sin embargo, justo por eso, mayor atención merece lo que está pasando en el juicio a “El Chapo”. Las declaraciones del capo colombiano sobre el presunto soborno a Peña Nieto y, en general, la materia prima del juicio tienen vasos comunicantes con lo que hoy está sucediendo en México.

El Gobierno de López Obrador ha tomado una de las decisiones más importantes de las últimas décadas, al cerrar los ductos y combatir el inmenso robo de combustibles de los últimos, por lo menos, 18 años. En este momento, sin duda, López Obrador va ganando la batalla y no hay más que desear que la gane completa. Ha logrado concitar un fenómeno muy amplio de apoyo social que contrarresta a las voces críticas y la inconformidad, comprensible, de quienes se han visto afectados en su vida y actividades diarias por el cierre de ductos.

El descomunal robo de combustibles y la penetración a Pemex incluso en plataformas y otras instalaciones ha quedado documentado en el libro de Ana Lilia Pérez Mendoza (El Cártel Negro) y otras investigaciones. Los cárteles criminales tienen el territorio dividido para robar combustible y otras actividades criminales, además del narcotráfico. Es sabido que el cártel de Sinaloa opera en el Pacífico, el cártel del Golfo la parte norte y el de Jalisco Nueva Generación controla el occidente de México.

Las investigaciones que ha emprendido el Gobierno federal se toparán –o toparon ya– con los cárteles más grandes del narcotráfico y el crimen organizado.

Ayer se dio a conocer que 13 de las 14 de las empresas investigadas son franquicitarias de Pemex y no cuentan con permisos de importación de combustibles. Tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos y utilidades por 6 mil 758 millones de pesos que no son reportadas al SAT, según informó ayer el Gobierno de la República. El Gobierno informó que las cuentas de estas empresas han sido bloqueadas. Alfonso Durazo informó que se está “…apenas en la primera etapa de investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionado con el mercado ilícito de combustibles”. Corta la respiración imaginar el tamaño del monstruo, si las cifras iniciales son éstas.

Vemos al gobierno de López Obrador decidido –como no se recuerda a ningún otro– y entrando a una nueva etapa que puede y debe ser la definitiva: combatir al crimen organizado en los circuitos económicos y financieros y desmantelar la red que ha permitido existir y crecer el enorme negocio criminal que ha desangrado a México.

¿Recibió o no Enrique Peña Nieto los 100 millones de dólares que le habría entregado “El Chapo” Guzmán, a cambio de dejarlo “trabajar” sin necesidad de estarse escondiendo, tal como dijo el narco Cifuentes en el juicio de NY? No puede saberse. No por lo menos hoy.

Las acusaciones que han surgido en éste y otros juicios en Estados Unidos no pueden ser descartadas en automático. Por la gravedad de lo que dicen y por el contexto en el que estamos, el Gobierno de México no debería rehuir el tema de lo que se dice en la Corte neoyorquina. Ciertamente no se puede dar por cierto, en automático, lo que ahí se dice pero, de la misma manera, tampoco se puede dar por falso. Investigar es lo que toca.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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