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se reconoce que este tema es de los que mayormente preocupa a la sociedad en general, basta con ver algunas de las cifras de encuestas oficiales como la ENCIG[1], en la que se identifica que uno de los principales problemas que considera la población es la corrupción, que se encuentra en el segundo lugar, tan sólo después de la inseguridad y delincuencia; y no es casualidad que el tercer problema que identifican es el del “Mal desempeño del gobierno”, pues gran parte de los problemas de corrupción, regularmente se asocian a deficiencias en el funcionamiento del aparato gubernamental.
En adición a lo anterior, resulta relevante identificar que en otra encuesta oficial, pero en este caso una dirigida al sector empresarial del país, la ENCRIGE[2], la corrupción se encuentra entre los 5 principales problemas que las unidades económicas o las empresas consideran como un obstáculo para su crecimiento; mientras que los trámites ante el gobierno se identifican como el octavo mayor problema. Pero es en la ENVE[3] donde queda de manifiesto que la corrupción como un acto del que son víctimas recurrentes las unidades económicas, es un grave problema, ya que del total de delitos que reportaron haber sido víctimas, los asociados a actos de corrupción se ubican en tercer lugar de frecuencia, tan sólo después de robo de bienes o dinero y de la extorsión. Dentro de los resultados de esta última encuesta, resalta que los actos de corrupción sufridos por las empresas, prácticamente dos terceras partes de ellos fueron actos que involucraron a funcionarios de gobierno distintos a los de seguridad pública, es decir, el dato puede incluir a inspectores o supervisores de salud, de Protección Civil, de Hacienda, de Seguridad Social, o bien, empleados de gobierno que otorgan permisos, licencias, concesiones, o que otorgan contratos para proveer bienes o dar servicios al gobierno, entre otros.
Así, podemos identificar la problemática que este fenómeno significa para el sector productivo del país, pero también, y no menos relevante, podemos identificar que gran parte de este problema se le atribuye al gobierno en el ejercicio deficiente o deshonesto de sus funciones, y no es específicamente un ámbito de gobierno, pues si bien el sector empresarial del país puede identificar los límites de las atribuciones que corresponden a cada autoridad en los diferentes ámbitos de gobierno, no significa que atribuyan a una sola autoridad el problema de la corrupción. El empresariado en su actividad regular y cotidiana, debe vincularse con autoridades o funcionarios de gobierno de los distintos ámbitos de gobierno, tanto federal, como estatal y municipal, de tal manera que cuando reconocen la existencia de algún problema, lo hacen notar en su integralidad, y no necesariamente lo segmentan de acuerdo con las facultades o atribuciones que tiene cada autoridad. En ese mismo sentido, cuando exigen la solución de los problemas, no lo hacen de manera parcial, sino que exigen una solución integral, efectiva y que verdaderamente ataque las causas del mismo, sin importar la segmentación de las atribuciones de cada una de las autoridades gubernamentales.
En el otro espectro, en el de las autoridades gubernamentales, se encuentra el verdadero reto de poder coordinar acciones que sean efectivas en la solución de problemas que son de alcance nacional, pero sobre todo, que son una exigencia de la sociedad. Así, la solución del problema de la corrupción, que se ha convertido ya en un pendiente de la agenda nacional, se convierte también en un reto gubernamental para poder articular de manera efectiva las atribuciones de las diversas autoridades gubernamentales involucradas en el fenómeno, y más allá de la articulación, la implementación de las acciones que se orienten a la prevención y sanción de actos de corrupción.
En ese contexto, es pertinente tomar como punto de referencia el problema que significan los trámites que el empresariado debe realizar ante el gobierno, identificado como uno de los grandes problemas que se convierten en un obstáculo para el crecimiento de las unidades económicas. Tomar este referente tiene una gran significancia, si consideramos que los trámites que se deben realizar, representan el punto de contacto más concreto que existe entre el gobierno y la sociedad, en este caso representada por el sector empresarial; y si ese punto de contacto resulta ser un encuentro desafortunado, habrá que identificar las causas que lo hacen de esa forma. Y cuando referimos que es un encuentro desafortunado, no es otra cosa que hablar de la ineficiencia del gobierno para prestar los servicios que debe hacer por el mandato que tiene conferido, a través de la realización de trámites; dichas ineficiencias se traducen, casi de manera automática, en espacios idóneos para la concreción de actos de corrupción, ello sin descontar el descontento de la sociedad por la forma de prestación de esos servicios a través de los trámites gubernamentales.
Tan sólo para dimensionar la importancia y magnitud que tienen los trámites gubernamentales, como parte de la piedra angular que debe ser considerada en el combate a la corrupción, basta con revisar algunas cifras que nos ofrecen los Censos Nacionales de Gobierno del INEGI[4], los cuales nos indican que en un año se realizan alrededor de 1,141 millones de trámites en los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal; sólo para poner en contexto, esta cifra significa que diariamente, considerando días hábiles, se realizan 4.5 millones de trámites. Es por ello que si la acción gubernamental coordinada y bien organizada se enfoca en que la forma de realización de estos trámites se haga de una manera eficiente, transparente, con mecanismos de control simples, pero efectivos, y con un claro enfoque hacia la sociedad, la lógica nos dice que tendrá un impacto positivo, casi inmediato, en la opinión de los usuarios (sociedad); pero más allá que la simple opinión derivada de la experiencia que tengan los usuarios en la realización de trámites, permitirá establecer las bases de operación gubernamental más adecuadas para la disminución de actos de corrupción, y para el caso empresarial, no sería más un problema que se identifique como un obstáculo para el crecimiento de las unidades económicas (está de más abundar en los impactos positivos que tiene el hecho de que las unidades económicas puedan expandirse –inversión, empleo, ingreso, etc.).
Derivado de lo anterior, queda expuesto que conocer la opinión de los usuarios de trámites y servicios gubernamentales es fundamental, no sólo para conocer su opinión sobre el funcionamiento de los mismos, y poder elaborar diagnósticos precisos y concretos que permitan dirigir acciones para hacerlos más eficientes y con ello disminuir los riesgos de actos de corrupción, sino también para monitorear que su funcionamiento se mantenga en elevados estándares de operación, acorde a las necesidades de la propia sociedad. Por ello, abrir espacios de diálogo entre el gobierno y los usuarios se convierte en una acción prácticamente obligada por parte del sector gubernamental; espacios que no solamente servirían para canalizar las necesidades de la sociedad en cuanto a los problemas o áreas de oportunidad en el funcionamiento de los trámites, sino también para difundir los logros que se han tenido en las diversas acciones de mejora que se hayan alcanzado en los trámites que, en no pocas ocasiones, no son conocidas por la sociedad. Para efectos del presente artículo, se resalta la importancia de abrir espacios de diálogo con el sector empresarial y lograr con ello los fines ya descritos, lo cual, además de los beneficios referidos, tendría un efecto positivo fundamental en la promoción de la actividad económica, al ya no ser los trámites un obstáculo para el crecimiento de las unidades económicas.
En este sentido, se identifican casos de éxito que vale la pena referir que han sentado las bases para lograr resultados en el sentido descrito. El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, generó un espacio de diálogo con el sector empresarial del país, representado por el Consejo Coordinador Empresarial, el cual, entre otras cosas, tuvo como objetivo la identificación de trámites federales que fueran susceptibles de mejora. La acción parece poco relevante, sin embargo, son de muy alta relevancia dos elementos que se contienen en esta acción: primero, se abre un espacio de diálogo entre el gobierno y el sector empresarial, y segundo, es el sector empresarial el que selecciona los trámites que deberían ser mejorados. Lo anterior no solamente otorga legitimidad a la selección, pues los trámites a mejorar no son aquellos que con los métodos tradicionales de selección desde el enfoque gubernamental son los que serán sujetos de un seguimiento para la mejora de manera específica; sino que también atiende de manera directa el reclamo de un sector de la sociedad sobre dos temas que han sido referidos como grandes problemas en el país: corrupción y mal desempeño gubernamental.
El resultado de esa alianza estratégica entre el gobierno federal y el sector empresarial, trajo resultados positivos de alto impacto, y esto no sólo por las mejoras que la propia Secretaría comunicó que se habían alcanzado, sino por el reconocimiento que el propio sector empresarial hizo sobre los resultados que se alcanzaron, es decir, no hay mejor evaluación que la que directamente hacen los usuarios de los trámites y servicios que se ofrecen por el gobierno, y así sucedió con los trámites federales que fueron seleccionados por el sector empresarial nacional.
Si bien esta estrategia de alianza entre gobierno y sector empresarial ofreció resultados importantes, también deja en evidencia tres limitantes naturales al propio ejercicio, que en consecuencia se convirtieron en pendientes por atenderse. La primera limitante es que los espacios de diálogo se abrieron con un sector de la sociedad, el empresarial, y faltó llevar a cabo acciones en el mismo sentido con el resto de los sectores de la sociedad; la segunda limitante se identifica por el simple hecho de que los trámites seleccionados sólo correspondieron al ámbito federal, quedando pendientes los estatales y municipales; y, la tercera limitante, es que la mejora de trámites a partir del diálogo con los usuarios se llevó a cabo sólo en una selección de los mismos, y no la totalidad de trámites federales.
En cuanto a los pendientes que surgieron de esta estrategia llevada a cabo, quedará en la agenda del nuevo gobierno federal la asignación de abrir espacios a la totalidad de sectores de la sociedad, para lograr que el vínculo sea integral y representativo de toda la sociedad, y en segundo lugar, que la mejora de los trámites se haga sobre la totalidad de los mismos, pero con ejercicios de focalización detonados a partir de la opinión que emitan los usuarios dentro de los espacios de diálogo creados para tal efecto.
Finalmente, y la segunda limitante que se refirió, a diferencia de las otras dos, presenta avances importantes, que más que identificarse como un pendiente, es más bien una acción en proceso que habrá de reforzarse para lograr los resultados esperados, llegando a impactos en todos los ámbitos de gobierno. En este sentido, resaltan las acciones que el sector empresarial nacional llevó cabo para buscar que el ejercicio llevado a cabo en el ámbito federal se replicara en el ámbito estatal y municipal. Es decir, que el éxito que se logró en la práctica del ámbito federal, pudiera ser también implementada en los ámbitos estatal y municipal. Para ello, se apoyó en un primer momento de la Secretaría de la Función Pública para que, a través de los Contralores Estatales, se pudiera promover un proyecto similar al realizado en lo federal. De este primer momento surgieron quince entidades federativas en las que se podría promover de manera relativamente rápida el ejercicio de réplica. Destaca la pro actividad de algunos de los organismos que conforman al Consejo Coordinador Empresarial para lograr llevar al ámbito estatal esta práctica, como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que lograron formalizar acuerdos con gobiernos estatales para expandir la buena práctica lograda en el ámbito federal. En el caso de la ANTAD se logró con el gobierno del Estado de México, y en el caso de la CONCANACO, sobresalen dos aspectos muy importantes, primero, la promoción que llevó a cabo de esta buena práctica en cuatro entidades del país, Baja California, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo; y segundo, la formalización de acuerdos con gobiernos estatales.
Sin lugar a dudas, estas estrategias de réplica de buenas prácticas para la mejora del desempeño gubernamental, concretada en los trámites y servicios gubernamentales, ofrecerá resultados que tendrán un impacto directo en la disminución de espacios para la realización de actos de corrupción, y sobre todo, que no se convertirán en un obstáculo para el crecimiento económico. Será necesario pues, monitorear los resultados de la expansión de estas prácticas, y estar atentos a los avances que se muestren las entidades que impulsan los organismos del Consejo Coordinador Empresarial, para lograr que esta expansión pase de una fase casuística, a una fase sistemática en el marco de una política pública de alcance nacional. Y sobre todo, habrá que dar espacio a los otros pendientes que quedaron como parte de las limitantes que tuvo la practica en el ámbito federal.
Fuente: Sdpnoticias.com
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