Noticia publicada a las 01:55 am 18/09/18

Por: Cecilia Soto.

A raíz de la información del diario Reforma, que amplía la investigación de la Estafa Maestra sobre desvío de recursos públicos, específicamente en Sedesol, el Presidente electo reiteró su política contra la corrupción: no será de montajes con “casos muestra” espectaculares, pero que dejan sin tocar siquiera la “respetabilidad” de los verdaderos culpables, tampoco irá contra estos, pues lo han sido durante 30 años y no se puede perder tiempo y recursos con una investigación larga y “a fondo”.

17 de Septiembre de 2018
Ello distraería a su administración que lo que quiere es ver para adelante, y además no hay suficiente espacio en las cárceles para tanto maldito corrupto. Y, por último: a partir del 1 de diciembre no habrá ni corrupción ni impunidad.
Más específicamente y mientras sobaba afanosamente el hombro de una reportera (youtu.be/beWWIjnyi10 seg 15)*,
el Presidente electo desechó las acusaciones contra Rosario Robles y contra los gobernadores acusados de corrupción. Me permito adelantar una hipótesis simple sobre la razón para exculpar por adelantado a la secretaria Robles: porque se la debe.
En el caso más espectacular de corrupción en la izquierda, el de Carlos Ahumada/René Bejarano durante el gobierno de López Obrador en la capital de la República y Rosario Robles en la presidencia del Partido de la Revolución Democrática, nunca se rompió el secreto, la Omertá, en cuanto al destino de los recursos involucrados en el escándalo ni por parte de la actual titular de la Sedatu ni menos por parte del profe Bejarano. Ambos sufrieron la “pérdida de respetabilidad” acarreada por el escándalo. Rosario tocada tangencialmente se recuperó vía el proyecto del actual presidente.
René Bejarano pagó con cárcel y carga con el peso de la condena pública, pero más estoico y leal continuó operando a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Lo más probable, por no decir seguro, es que los recursos fueran para apoyar el proyecto político del triunfador del pasado 1 de julio. Amor con amor se paga.
Fuera de lo casuístico, ni el inminente presidente ni ninguno que le suceda debe influir para decidir qué casos llegan o no a la justicia. Estos deben llegar vía una investigación robusta de la nueva Fiscalía General o de las Fiscalías Generales de los estados.
En el caso de la investigación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la Fiscalía de ese estado fue un paso más allá de la excelente investigación de la Estafa Maestra.
Además de documentar cómo se desviaron los recursos que llegaron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Tesorería estatal a empresas fantasmas, se logró identificar la ruta que siguieron los recursos de las empresas fachada a las campañas del PRI estatal y federal, con la complicidad de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, por cierto a un paso de lograr su libertad gracias a la intervención de la Presidencia vía la Procuraduría General de la República.
La investigación publicada por Reforma profundiza en el modus operandi del desvío de recursos; documenta el uso de efectivo en cantidades inauditas: casi 700 millones de pesos, y su envío a varias direcciones fantasmas.
Una futura administración verdaderamente comprometida con la lucha contra la corrupción debe buscar el hilo que encontró la fiscalía de Chihuahua en el caso de César Duarte: quién o quiénes recibieron ese dinero, qué uso se le dio, quiénes fueron los beneficiarios, quién o quiénes fueron los autores del esquema. Como se trata de recursos públicos, la autoridad no tiene otra opción que proceder penalmente.
Si el temor es que la lucha contra la corrupción pueda llevar a la inestabilidad política y al desmantelamiento de la clase política como ha resultado en Brasil con la Operación Lava Jato, puede y debe reflexionarse sobre cómo concentrarse en aquellos casos paradigmáticos que constituyan un poderoso efecta demostración disuasiva al tiempo que enseñen a las autoridades anticorrupción patrones de conducta, vías para el delito, etcétera.
Sin duda, la resolución del caso Odebrecht es indispensable si el próximo gobierno quiere ganar alguna credibilidad en este campo. De otra manera, constituiría otra Estafa Maestra, esta vez contra sus electores.* Gracias a @CarlaEUrena por señalar esto. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx

Fuente: Excélsior.

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