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convocamos a los candidatos a la Presidencia de la República en el Museo de Memoria y Tolerancia a posicionarse sobre la paz, la justicia y la seguridad.
Nuestra propuesta –de allí el nombre del evento: Diálogo por la Paz y la Justicia: La Agenda Fundamental– no sólo era escuchar las posiciones de los candidatos sobre cuatro ejes que, expuestos de otra manera en los seis puntos que se leyeron en 2011 en el Zócalo de la Ciudad de México y llamaban a un pacto nacional, nos parecen la ruta mínima necesaria para hacerlas posibles; buscábamos sobre todo que entendieran, después de 12 años de sufrimiento y muerte, que ese tema no puede ser más una agenda electoral, sino, como lo dijimos en 2011, una agenda común, una agenda nacional que establezca lo que en 2011 el MPJD expresó con la palabra pacto.
Sin una agenda común en el orden de: 1) veto a la Ley de Seguridad Interior y ruta, región por región, para el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles; 2) despenalización de la mariguana; 3) Fiscalía independiente y autónoma, y 4) Comisión de la Verdad con ayuda de la comunidad internacional para juzgar las violaciones a los derechos humanos que han sucedido a lo largo de los últimos 12 años, sin esa agenda común, avalada y respetada en un acuerdo político por todos, quien llegue al poder sólo logrará ahondar el infierno.
La agenda de la paz y la justicia no puede seguir siendo soslayada por las partidocracias y reducida, por lo mismo, a un asunto electoral, a un tema más de las múltiples agendas del país. Es, repitámoslo, la agenda fundamental, la agenda de la patria. Sin paz y sin justicia no hay ni habrá posibilidad de convivencia humana y, en consecuencia, de democracia y de civilidad. Sin ella, México continuará siendo lo que hoy es: el territorio de la barbarie, de los asesinados, desaparecidos, desmembrados, esclavizados y prostituidos; el país de las fosas clandestinas ocultas bajo un decorado de palabras y de acciones políticas vacías.
“No hay camino hacia la paz –clamaba Gandhi–; la paz es el camino”, y la paz, que va de la mano de la justicia, se establece primero, aceptando que habitamos en la violencia extrema; segundo, que la paz debe ser la prioridad del país, tercero, que en ese terreno debemos poner todos juntos el mismo esfuerzo con la misma estrategia y, cuarto, que debemos, como dice Roberto Ochoa, cambiar el modelo securitarista, con el que en esa materia han gobernado las administraciones de Calderón y de Peña, por un modelo humanitarista.
La paz y la justicia del securitarismo se basa en el control social mediante policías, ejércitos, cámaras de vigilancia, centros de inteligencia computarizada, mayores penas a los delincuentes hasta llegar, es la tentación de muchos, a la pena de muerte; es decir, se basa en un régimen –semejante al que busca imponer de manera ilegal el crimen organizado– anclado en el miedo. Lo que tenemos bajo ese modelo, en cuyos lomos, dice bien Ochoa, “cabalga la ruinosa y alucinante utopía del libre mercado”, es el horror y la muerte.
El modelo humanitarista, en cambio, se inspira en la justicia y la no violencia, que las víctimas desde su emergencia en el MPJD no han dejado de mostrar y de clamar, y en los cuatro ejes del diálogo del pasado 8 de mayo, que son el mínimo suelo. Pero ello no podrá hacerse sin una agenda ampliamente consensuada y asumida en común.
Lo que pudo verse durante ese diálogo es que los candidatos, con excepción del Bronco, están por fin de acuerdo en que el modelo securitarista es un ruinoso fracaso, pero también que, en relación con los cuatro ejes que pueden ayudarnos a escapar de él, siguen, por miedo, falta de claridad y de compromiso con la nación, atrapados de una o de otra manera en el securitarismo.
No podemos aceptarlo, no podemos permitir que el diálogo que se sostuvo en el Museo de Memoria y Tolerancia se reduzca a una agenda más y poco clara del juego electoral ni a un espectáculo de los tantos a los que la industria y la velocidad de los medios de comunicación someten a los candidatos. Cuando todo se vuelve importante ya nada es importante. La paz y la justicia deben ser la prioridad de los candidatos y de la nación.
Por ello urge que López Obrador, Anaya y Meade –no el Bronco, cuyo modelo securitarista se aproxima al de un rastro humano ni a Margarita que decidió ser Lady Macbeth– se reúnan otra vez con nosotros para, clarificando y afinando, en el sentido humanitarista, los cuatro puntos que se discutieron el 8 de mayo, construir esa agenda común y dársela a conocer a la nación.
Los candidatos y sus partidos deben entender que en este tema no hay salidas fáciles ni electorales. Sin una agenda común, el destino de quien llegue a la Presidencia será el de administrar el campo de concentración al aire libre en el que se ha convertido el país. ¿Serán capaces de darnos un ejemplo de paz, amor y humildad por México? Lo esperamos, porque ya no hay tiempo, porque es tiempo de que sea tiempo de la paz y la justicia.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
Este análisis se publicó el 20 de mayo de 2018 en la edición 2168 de la revista Proceso.
Fuente: Proceso.
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