Noticia publicada a las 04:58 am 28/06/17

Por: Vicente Bello.

Los restos calcinados de Salvador Adame Pardo -el periodista que fue levantado el pasado 18 de mayo en Múgica, Michoacán- fueron localizados bajo un puente de la carretera federal Uruapan-Nueva Italia e identificados mediante pruebas de ADN. A partir de entonces, el periodista michoacano ha comenzado a figurar en la estadística de los reporteros asesinados: es el séptimo del año.

Este hecho ha sucedido en un contexto de violencia demencial en el país contra periodistas y medios de información. Un contexto en el que está también el espionaje de que son objeto los periodistas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La impunidad es prácticamente el común denominador de todas estas muertes. Y también la ausencia del Estado mexicano, cuyas instituciones no son capaces de funcionar mínimamente cuando se ha tratado de proteger a periodistas. No es difícil pensar que dicha impunidad está afincada en la complicidad sostenida entre criminales y autoridades.

¿Cuántos de los reporteros que han sido asesinados en lo que va del sexenio fueron espiados por alguna de las dependencias del Gobierno mexicano?, es una pregunta que el gobierno de Peña está bastante renuente en responder.

En la pasada asamblea de la Comisión Permanente, legisladores opositores se hicieron esta pregunta, como, anteriormente, también se la hubieron hecho algunos de aquellos periodistas que, de acuerdo con lo publicado por el periódico The New York Times, han sido objeto de espionaje por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cada que ha muerto un periodista, las Cámaras del Congreso mexicano han salido a reclamar la impunidad y la falta de seguridad que prevalece en el país; pero, la mayoría de las veces, no han ido más allá del pronunciamiento y el exhorto.

Apenas han podido crear comisiones de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de información, pero desdentadas como un león viejo. El Congreso no tiene el poder constitucional para obligar al Ejecutivo a reaccionar con vigor y con obligación de Estado, en el esclarecimiento de los crímenes. Y una manera de obligar a que investigasen sería el despido de los responsables de tales indagatorias. Un responsable mayor sería, por supuesto, el procurador general de la República.

A partir de los asesinatos de los dos periodistas del diario La Jornada –Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Culiacán- como que se movió un poco la comisión especial de marras, y en voz de su presidenta, la diputada panista Brenda Velázquez, ha hecho reclamos airados al Ejecutivo Federal por su lentitud grosera en las investigaciones.

He aquí lo que ayer dijo Brenda Velázquez en un comunicado, a propósito del descubrimiento de los restos humanos del compañero periodista de Michoacán:
“Salvador Adame Pardo era propietario del Canal 6 TV de Nueva Italia, Michoacán.

“Exigimos que la PGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), atraiga el caso y que se realicen las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables.

“Hacemos un llamado, nuevamente, al secretario de Gobernación para que se garantice la seguridad de los periodistas. Y al procurador general de la república para que se castigue a los responsables.

“En la Comisión Especial hemos enviado 6 oficios solicitando información sobre agresiones a periodistas en el estado de Michoacán, (7 de febrero, 14 de febrero, 6 de abril y 24 de mayo) de los cuales no hemos tenido respuesta alguna.

“Las solicitudes de información han sido dirigidas al Gobernador Aureoles, al procurador Godoy y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“De igual forma, se convocó al Procurador José Martín Godoy a que rindiera informe sobre las agresiones a periodistas en Michoacán el 22 y el 29 de marzo, y el 5 de abril, el procurador de Michoacán se negó a acudir a la Cámara de Diputados.

“Son lamentables las declaraciones del procurador José Martín Godoy, tal parece que trata de ocultar su incompetencia, insinuando que el agredido tuvo responsabilidad en el hecho delictivo.

“El 11 de febrero tenemos reporte de amenazas del Secretario de Seguridad Pública del Estado hacia la reportera Alejandra María Martínez.

“Cuatro periodistas aún siguen desaparecidos en Michoacán: José Antonio García Apac, 2006; Mauricio Estrada Zamora, 2008; María Esther Aguilar Cansimbe, 2009, y Ramón Ángeles Zalpa, 2010.

“Salvador Adame Pardo es el décimo periodista asesinado de noviembre a la fecha; la situación de violencia contra la libertad de Expresión no puede continuar; le exigimos al presidente Peña Nieto que tome cartas en el asunto de manera inmediata”.

Con el descubrimiento de los restos del compañero Salvador Adame Pardo, el Congreso a través de su Comisión Permanente tendrá la obligación política de posicionarse al respecto. ¿Qué hará? Tendrá que hacer un recuento de, cuando menos, los más recientes asesinatos. Y exhortar al Ejecutivo Federal a que indague en serio, a que atraiga todos los casos, para que la PGR los investigue sin ambages.

ESTRIBO
En los territorios de la Cámara de Diputados, un rumor de que el PAN ha comenzado a negociar Coahuila con el PRI se aupó sobre esa atmósfera recargada de junio. La versión de que estarían negociando la anulación de la elección volvía a asomarse en los intersticios del palacio de San Lázaro.

De ocurrir, estaría cumpliéndose el vaticinio de Morena, respecto de que el PRI aceptaría entregar Coahuila a cambio de que el PAN y PRD acepten el triunfo priísta en el estado de México.

Cuando un reportero preguntó a Federico Döring sobre este rumor, el senador panista se hizo el occiso y no respondió.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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