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también lo es que se han presentado profundas diferencias, e incluso tensiones, particularmente por lo que hace al modelo de desarrollo nacional, pero sobre todo a la forma de financiarlo.
Por décadas se pensó que en un régimen presidencialista, como el mexicano, el Ejecutivo de la Unión tomaba las decisiones económicas clave y que éstas eran incuestionables. En retrospectiva, el caso muestra otra realidad. El gradual proceso de burocratización del poder político, derivado de la ausencia de partidos políticos reales y de prácticas democráticas, ha originado que los sectores tecnocráticos especializados en el manejo de las finanzas públicas acabarán no sólo imponiendo sus concepciones, sino apropiándose de la Presidencia misma. La lucha por el poder político acabó dirimiéndose en círculos de la esfera burocrática federal cada vez más reducidos, en claro detrimento del desarrollo democrático de las instituciones nacionales.
El periodo post-revolucionario atestiguó la consolidación de dos burocracias clave para la operación de nuestro sistema presidencialista débil. Una anidó en la Secretaría de Gobernación y quedó a cargo de la contención y resolución de los conflictos sociales y políticos. La otra, cobijada bajo la SHCP, se abocó a la conducción de la economía del país. Por décadas la lógica del poder presidencial las mantuvo incomunicadas a fin de proteger las prioridades económicas del gobierno de posibles perturbaciones políticas. El hecho de que la Secretaría de Gobernación se hubiera convertido en la “fábrica” de presidentes de la República (hasta 1970) alejó los reflectores y la atención de la SHCP.
Dos etapas caracterizan la historia económica mexicana después de la segunda guerra mundial y antes de la llegada al poder de Salinas. En la primera, el Gobierno Federal buscó alcanzar tasas elevadas de crecimiento económico sin prestar mucha atención en la inflación. En la segunda, hubo un esfuerzo para mantener la inflación bajo un estrecho control como resultado de los negativos efectos económicos provocados por las devaluaciones del peso de 1948 y de 1954.
Durante este periodo, conocido como la era del “desarrollo estabilizador”, el papel jugado por la SHCP le permitió recuperar el gran poder de que dispuso durante el porfiriato (recordemos a los “científicos” encabezados por Limantour). Para entonces se había ya consolidado una relación simbiótica entre dicha secretaria y el influyente Banco de México.
Hasta 1970, el poder de la SHCP tuvo dos fuentes principales. La primera fue su férreo control sobre los ingresos y los egresos públicos nacionales, así como la posibilidad real de influir sobre sus montos. Esta potestad le permitió participar de manera destacada en la determinación de las prioridades nacionales en materia de desarrollo. Así, desde la gestión de Eduardo Suárez, Secretario de Hacienda durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-46), dicha secretaría se convirtió en la promotora e impulsora de un modelo de industrialización acelerada dirigido por el Estado, a través del Gobierno Federal pero con una nula participación de las entidades federativas.
La segunda fuente de poder de la SHCP tiene su origen en sus atribuciones en materia de deuda pública en sus dos vertientes: la obtención de créditos y la administración de dicha deuda. En estos asuntos, ha ejercido un monopolio histórico indisputable. Digámoslo con claridad. Los bancos y organismos financieros internacionales no tratan con desconocidos, incluidos los presidentes. En la lógica racional, estos actores prefieren llegar a acuerdos con quienes han conocido a través del tiempo y a quienes consideran, por tanto, confiables.
Este estado de cosas se modificó significativamente cuando el presidente Echeverría (1970-76) decidió que la política económica ya no se haría en SHCP sino en Los Pinos. El llamado “desarrollo compartido” fue la respuesta de la presidencia a las políticas económicas formuladas e implantadas por dicha secretaría. El resultado de un mayor gasto público al margen del crecimiento real de la economía rindió pronto sus frutos. En 1976, el déficit del sector público fue de casi 10% y la inflación se disparó a más del 27%. Luego de 22 años de estabilidad cambiaria, el peso fue devaluado de 12.50 a 28.50 pesos por dólar y la deuda pública alcanzaría en ese año la cifra histórica de 22,000 millones de dólares.
A pesar de estos negros resultados, López Portillo amplió lo que Gabriel Zaid bautizó como la “presidencia económica”. Los crecientes ingresos petroleros le permitieron el lujo no sólo de continuar dilapidando los recursos públicos, sino de consolidar el ya largo proceso de centralización de facultades formales e informales en la oficina de la presidencia. Su reforma administrativa presentó a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) como un avance notable en materia de presupuestación y evaluación de programas. En el fondo, la SPP fue concebida como un dispositivo político para minimizar las interferencias y ortodoxia de la SHCP.
La separación presidencial de los ingresos y los egresos, esto es, de la “planeación” y las “finanzas” probó ser altamente perjudicial para la economía nacional y, por tanto, para el nivel de vida de los mexicanos. Las luchas burocráticas protagonizadas por la SHCP y la SPP desde 1977 y hasta la renuncia de Silva Herzog a mediados de 1986 fueron decididas por la presidencia a favor de la segunda. La política de gasto presidencial, al margen de los ingresos públicos reales, es responsable de que el déficit del sector público se disparara a 14% en 1981 y a casi 17% en 1982. Quien tiene el control sobre el dinero público manda y gobierna. De esta forma, la presidencialización de la política económica nacional produciría su primer presidente, Miguel de la Madrid, ex-secretario de Programación y Presupuesto.
Al inicio, De la Madrid respaldó los cambios institucionales introducidos por su antecesor. Sin embargo, los problemas derivados de la confrontación entre los secretarios Silva-Herzog y Salinas, provocaron una mayor intervención presidencial en la elaboración de la política económica. Ello queda demostrado por la creación del Comité de Asesores Económicos de la Presidencia en 1985. Tal estrategia no pudo prevenir que el déficit del sector público alcanzara el 16% en 1986 y 1987 y que en este último año la inflación fuera de casi 160%. A pesar de esta pésima administración económica, o tal vez gracias a ella, la SPP nos daría dos presidentes más: Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
La intervención presidencial en la economía alcanzaría su clímax durante la administración salinista cuando a la Oficina de Coordinación de la Presidencia de Córdoba Montoya se le concedió la supervisión del proceso de elaboración de la política económica. En 1991, Salinas, un beneficiario incuestionablemente de la política presidencial de gasto, decidió terminar con el poderío económico y político de la SPP. A pesar de que el modelo económico había cambiado radicalmente, el hecho es que tanto la creación como la muerte de la SPP tuvieron el mismo propósito: fortalecer el papel de la presidencia.
A pesar de las adversidades, el dúo SHCP-Banco de México no sólo sobrevivió sino que se convirtió en el principal proveedor de secretarios y funcionarios públicos clave durante la administración de De la Madrid. La gravedad de la crisis económica de 1982, aunada a la presión externa por un cambio radical de política económica, condujo a la implementación de acciones orientadas a privilegiar al mercado, proceso en el que los hacedores de política mexicanos educados en el extranjero desempeñaron un papel muy destacado. Como ha sostenido Malory Greene, las ideas neoliberales fueron transportadas de la arena internacional a la doméstica por conducto esa élite.
La administración de Salinas (1988-94) aceleró la velocidad en la implantación del proyecto de reforma estructural a favor del mercado. El ambiente político requerido se logró, con un éxito inesperado, a través de un resurgimiento del presidencialismo tradicional, esto es, del centralismo político y económico combinado con prácticas corporativistas. Los resultados son conocidos. Para 1991, se habían corregido las finanzas públicas, crecía la economía y las negociaciones de un tratado comercial con los Estados Unidos se encontraban en un curso prometedor. Los resultados logrados por el PRI en las elecciones federales en ese año dan cuenta de la popularidad de las políticas económicas y sociales de Salinas. Sin embargo, el crecimiento, al más viejo estilo, del poder político y el insistente proyecto del presidente Salinas de hacer trascender más allá de su sexenio a los nuevos órdenes político y económico, dieron por resultado en 1996 la más grave perturbación de ambos ámbitos desde la crisis Calles - Obregón, hecho que se ejemplifica con la muerte del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, y con la crisis financiera producida por el dúo Zedillo - Serra Puche (presidencia – SHCP).
Esta narración, como toda la historia posterior hasta nuestros días, plantea muchas preguntas de fondo: ¿Dónde está la intervención de los ciudadanos, del pueblo, como dice el artículo 39 de la Constitución en estos procesos político-económicos? ¿Dónde quedó en este periodo el federalismo? En una palabra: ¿dónde está la aspiración del constituyente de 1917 de instituir a la soberanía popular como fuente de todo poder?
Fuente: Sdpnoticias.com
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