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El Estado debe garantizar el castigo a torturadores
Noticia publicada a
las 04:21 am 30/04/17
Por: José Antonio Román.
La Ley General contra la Tortura recién aprobada por el Congreso no dejará de ser palabra sobre papel si las autoridades mexicanas no garantizan el procesamiento y castigo de todos los responsables de los miles de casos denunciados cada año en el país, aseguró Tania Reneaun Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México.
Advirtió que hasta que la Cámara de Diputados y el Senado concluyan el proceso legislativo
para aprobar una ley general contra la desaparición forzada y cometida por particulares, como prometió el presidente Enrique Peña Nieto en 2014, el trabajo del Congreso no podrá considerarse terminado.
Al emitir su posicionamiento tras la aprobación de la Ley General contra la Tortura, la directiva de AI México consideró que el nuevo marco legal constituye un paso adelante para hacer frente a la crisis de derechos humanos que azota al país. Pero ahora las autoridades deben garantizar que todos los responsables de los infames delitos contra el derecho internacional comparezcan ante la justicia.
La ley establece la prohibición absoluta de la tortura y dispone que las pruebas y testimonios obtenidos mediante esta práctica atroz, deben ser excluidas de los tribunales, y este jueves el Senado aprobó la ley general contra la desaparición forzada, que será turnada a la Cámara de Diputados, por lo que el proceso legislativo no ha concluido.
Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció los avances en el nuevo marco legislativo, pero lamentó la falta de consenso en el tema de búsqueda con varias organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas.
Será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos. Para la ONU-DH, el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado.
El Alto Comisionado recordó que dicha ley se aprueba luego de más de dos años de discusiones en el Senado, pero sobre todo casi cuatro décadas después de que se empezaron a perpetrar las desapariciones de personas, varias de ellas por agentes del Estado, con saldo trágico para miles de familiares.
