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La profunda corrupción en el sector público del país, el traslado de la riqueza nacional a empresas privadas, especialmente trasnacionales, el despojo de los recursos del Estado por parte de los gobernantes, el estancamiento económico generador de mayor pobreza, la inseguridad en las ciudades y localidades del país y la militarización de amplias áreas del territorio nacional, conforman un peligroso cóctel generador no sólo del denominado “malestar social”, sino una abierta oposición al régimen del presidente Enrique Peña Nieto, expresada a través del voto popular en las recientes elecciones en entidades federativas, y también en manifestaciones contra las reformas estructurales, paros laborales, bloqueos, tomas de oficinas gubernamentales, linchamiento de presuntos delincuentes y bombardeos de repudio a través de las redes sociales, lo cual puede llevar a desencadenar una desobediencia e incluso rebelión civil. De ahí el miedo de armar a los ciudadanos para defenderse de los criminales, función en la cual ha fracasado rotundamente el actual gobierno federal.
El régimen no ignora los riesgos de la rebelión social, ha respondido con la fuerza y va por más. En el Congreso de la Unión empuja la iniciativa del PRI para aprobar una ley de seguridad interior, la cual busca otorgar a las fuerzas armadas un marco jurídico para el uso legitimo de la fuerza en operativos contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad y la paz pública, como el narcotráfico o incluso la corrupción. La propuesta del ex líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, se discute en la Comisión de Gobernación, donde aguarda a ser dictaminada, pero no hay consenso entre las bancadas para abordar el proyecto, por lo cual se espera que en la Cámara de Diputados no se toque en este periodo ordinario dicha iniciativa, sino hasta el próximo, de febrero a abril del 2017.
La propuesta priísta ya tiene el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional y propone distinguir la seguridad nacional de la interior, además de prever la participación del Ejército y la Marina en acciones de orden interno, las cuales serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación. De aprobarse como está la iniciativa priísta, se podrían autorizar las siguientes operaciones: destacamentos de seguridad, establecimientos de bases de operaciones móviles y fijas, y puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las que se considere necesarias. Se faculta al Ejecutivo federal para ampliar, sin necesidad de aprobación del Congreso, las responsabilidades enunciadas, lo cual sigue representando un peligro para cualquier tipo de movilización social bajo el esquema de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos no participantes o afectados comercialmente.
La iniciativa, de la cual hacen partícipe al ex gobernador y actual diputado mexiquense, César Camacho, fue elaborada en el departamento jurídico de la Presidencia y aprobada por el Ejecutivo federal. En ella proponen que se otorguen facultades al Ejército para formalmente hacerlos responsables de la “seguridad interior”, lo cual despierta gran inquietud ante la posibilidad, cada vez más cercana, de la militarización del país. Autorizaron ya la incursión de la Marina en tareas de tierra en los puertos. El siguiente paso es la incorporación de los militares, de manera formal y con apoyo legal, para realizar labores asignadas a los policías, con lo cual el regreso a los cuarteles y la situación de excepción, bajo las cual eran solamente coadyuvantes en la persecución y detención de narcos, pasa a la realización formal de vigilancia en todos los sentidos con todo lo que ello implica y en momentos en los cuales abundan las recomendaciones de organizaciones internacionales en sentido contrario.
Se envía la petición de aprobación cuando permanece viva y es de dominio internacional la serie de acusaciones de tortura, desaparición y ejecución existentes y de las cuales han buscado acelerar juicios y sentencias de inocencia. Sin encontrar aún el significado que para el gobierno tiene la seguridad interior y en vista del gran fracaso de las diferentes invenciones policíacas formando cuerpos a los cuales solamente les otorgan nombre, pero no se les exigen resultados, aun cuando en su presentación les asignan tareas específicas como es la gendarmería, el mando único, sobre las existentes: auxiliar, bancaria, municipal, estatal, federal, judicial, etcétera, hoy se inclinan por la institución donde se tiene disciplina demostrada y capacitación permanente.
Como con la Ley de Seguridad Nacional, aprobada el año pasado, de avalarse la iniciativa de Camacho Quiroz, los militares y marinos podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información y obligaría a las instituciones gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar todos los datos que se requieran. Estas áreas, antes responsabilidad de civiles o de grupos policíacos en dependencias dentro de las cuales se llevan a cabo operaciones de inteligencia como el CISEN, quedan rebasadas y en el terreno de proporcionar datos quedan excluidas dentro de la iniciativa las referencias a las intervenciones a través de la orden de un juez.
Pero el uso de las fuerzas armadas no ha servido para detener la violencia en el país, como se pude constatar todos los días tan sólo leyendo los encabezados de los diferentes diarios regionales y los distribuidos en la capital del país. Por ejemplo, en la región sur: “El incremento notorio de la violencia y el incumplimiento de los derechos humanos desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso el Plan Frontera Sur, en 2014, apoyado y financiado por el gobierno de Estados Unidos para detener los flujos migratorios centroamericanos”, fue constatado por la Caravana de Madres de Centroamérica, quienes buscan a sus hijos y recorrieron 11 estados del país en 18 días. El Movimiento Migrante Centroamericano aseguró: “El Plan Frontera Sur intensifica las medidas de control, vigilancia, contención y militarización, y ha obligado a los migrantes a viajar por rutas más remotas y peligrosas, que cruzamos esta año en la caravana”. Y agregó: “Por veredas y caminos las familias indocumentadas se vuelven presa de los delincuentes, el crimen organizado y agentes estatales corruptos. Lejos de garantizar su seguridad y derechos, las políticas represivas del Estado han sumergido a los migrantes, quienes huyen de la violencia y el hambre en sus comunidades de origen, en un infierno donde están expuestos a robos, extorsiones, violaciones sexuales, trata, desapariciones y muerte”.
Otros ejemplos están a la vista: en Guerrero, los días más violentos se resintieron el pasado mes de noviembre. Van 2 mil 68 homicidios tan sólo este año. Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Benítez y San Miguel Totolapan son los municipios con más alta incidencia. Los operativos militares y sus refuerzos no han servido para reducir los incidentes violentos en las regiones Costa Grande, Centro y Tierra Caliente. El gobernador priísta, Héctor Astudillo, atribuye el incremento de muertes a la pugna de grupos de la delincuencia organizada. Precisó las pugnas entre Los Rojos y Los Ardillos, en la zona centro, y Los Tequileros y La Familia Michoacana en Tierra Caliente y zona norte. Las victimas han sido lo mismo activistas que empresarios, funcionarios, policías comunitarios y jóvenes. Guerrero, además, ocupa el segundo sitio nacional en feminicidios, después del Estado de México, de acuerdo a los reportes del Inegi.
Y en Veracruz, el cambio de gobierno del PRI al PAN no disminuye la violencia, al contrario, la potenció. En las últimas 72 horas suman 28 personas fallecidas en territorio veracruzano en distintos enfrentamientos armados, ataques a bares y asesinatos. En los últimos hechos, fuerzas estatales y federales se enfrentaron en diversas ocasiones contra presuntos delincuentes en el municipio de Jesús Carranza, con saldo de 14 muertos. Además, diversas ejecuciones se registraron en los municipios de Jáltipan, Álamo, Tierra Blanca, Minatitlán, Córdoba y Coatepec. Así también fueron localizados cuerpos de personas ejecutadas en el municipio de Boca del Río.
Tamaulipas ha permanecido bajo el resguardo de grupos militares, sin embargo, sigue multiplicándose el número de muertos, de víctimas incluso de encontrones entre uniformados y delincuentes. Michoacán ha registrado iguales experiencias y en Acapulco se constata un mayor alejamiento de visitantes al pasear por las playas elementos del Ejército portando armas largas. En este último renglón, se subrayan expresiones de los propios miembros del regimiento quienes afirman que son los narcotraficantes quienes portan mejor armamento en virtud de tener el suyo limitado en el llamado “uso exclusivo”. En otro renglón y en virtud de conocer el texto completo de la iniciativa, se advierten opiniones referentes a Colombia donde las fuerzas armadas no votan ante la responsabilidad contraída de vigilar por la seguridad de todo el pueblo, fuera de cualquier tinte político.
Con reglamentaciones y leyes en donde se presenta un rostro aparente, el de dar seguridad en sus tareas al Ejército y apoyar el regreso de la seguridad ciudadana, se busca contener movimientos de orden social, crear la burbuja necesaria para darle al Ejecutivo federal, como jefe de las fuerzas armadas del país, aprobaciones adelantadas a cualquier determinación de ataque sobre la población. El peligro está ahí, latente y en manos de quienes obtienen prebendas económicas con las cuales arrastran la obligación de votarlo todo en favor de quien les está pagando. Hasta ahora las únicas voces en contra son las de Morena.
Urge viraje económico
El terreno de la economía es el generador de muchas de las dificultades del país en el gobierno de Enrique Peña Nieto, además de los obstáculos por la corrupción, la impunidad, los espacios de ilegalidad y la inseguridad vigentes y reinantes. La confianza de los mexicanos en las finanzas nacionales se desplomó en noviembre a su peor nivel en casi tres años, de acuerdo a las mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) y del Banco de México.
En el penúltimo mes de 2016, el Indice de Confianza del Consumidor (ICC) retrocedió 0.8 por ciento con cifras desestacionalizadas, con lo cual en su comparación anual la caída fue de 9 por ciento, el nivel más bajo que registra el indicador desde febrero de 2014 cuando fue de 11.2 por ciento. De los cinco componentes que integran esta medición, los que más cayeron fueron los relacionados con la opinión sobre la situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual; así como la opinión sobre la situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses. El primero retrocedió 15.4 por ciento anual y el segundo cayó 12.6 por ciento anual.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, hay cuatro elementos que pesan sobre la economía mexicana y tienen efectos negativos: el endeudamiento público, el déficit creciente de la balanza comercial, debilidad de la economía y el comercio mundial, y los efectos de la elección presidencial estadounidense en los mercados financieros y en los flujos de inversión extranjera. “Todos estos factores combinados podrían impedir que creciéramos más de 2 por ciento en 2017, con afectaciones importantes en el empleo y el bienestar de las familias. Por eso es fundamental llevar a cabo acciones emergentes”, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
El empresario señaló: “Es fundamental que México asuma una estrategia proactiva, con políticas y acciones que puedan implementarse y dar resultados con la mayor rapidez posible. En particular, hoy se torna crítico fortalecer nuestro mercado interno”. Por eso, propuso llevar a cabo diversas acciones como otorgar incentivos fiscales que contrarresten la posible disminución de inversión nacional y extranjera, así como definir políticas y objetivos con visión de largo plazo que tengan continuidad, independientemente del partido en el poder. Urgió a ejercer sin demora el gasto público e iniciar los proyectos y los pagos durante el primer bimestre de 2017, dar flexibilidad a las asociaciones público-privadas, asegurar financiamiento para las pequeñas, medianas y grandes empresas, combinar programas de banca de desarrollo y banca comercial, y que las entidades federativas y sus municipios hagan un esfuerzo para recaudar más.
Respecto a este último pronunciamiento, habrán de advertirse las grandes diferencias existentes entre las facilidades otorgadas a los inversionistas extranjeros y el calvario por el cual atraviesan los nacionales, sea cual sea su estatus. Mientras a los del exterior se les puede regalar terrenos, dar plazos de gracia para iniciar el pago de impuestos, darles créditos y descuentos fiscales, permitir el uso y el abuso de empresas contratantes de trabajadores sin recibir éstos ninguna prestación, etcétera, sobre los nacionales se dictamina en sentido totalmente contrario llegando, inclusive, a la utilización de la fuerza pública para obligar a pagar adeudos en el IMSS, en el Infonavit o los Hacendarios. No existen incentivos fiscales y mucho menos, si se es mediano o pequeño, se cuenta con créditos o plazos para la liquidación de adeudos al gobierno. Con esta actuación ni se crece ni se invierte, menos aún si para abrir un pequeño comercio o una oficina de servicios se deben pagar todo tipo de licencias, obtener múltiples autorizaciones y desembolsar una fortuna en una veintena de trámites.
Rezago educativo
Cuatro años después de ser aprobada por el Congreso de la Unión, la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto es un fracaso total, pues como se advirtió suficientemente es únicamente de carácter laboral y se implementó contra la voluntad de los maestros para controlar al sindicato más grande de América Latina y el enorme aparato político electoral que les representa. No pueden soslayarse todas las mentiras en torno a los pretendidos cambios educativos, una de ellas centrada en la figura de Elba Esther Gordillo, seguramente cierta de los objetivos perseguidos y enfocados exclusivamente a dañar a los mentores, a sus representados. El mantenerla presa ha inmovilizado a ese gremio y con ello avanzan, inclusive, en otras aprobaciones en perjuicio de la población.
Los resultados de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe Pisa 2015, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual mide el desempeño de los estudiantes en diversas materias, así lo confirma: los estudiantes mexicanos que concluyeron la secundaria tienen un rezago en habilidades matemáticas de casi 3 años, comparado con el promedio de los 34 miembros de la OCDE. En el caso de ciencia y lectura, el desfase es de dos años. Según los resultados, México obtuvo 416 puntos en ciencias, 423 en lectura y 408 en matemáticas, cuando el promedio de la OCDE, es de 493 puntos en las dos primeras asignaturas y 490 para la última. Parece que hicieron un gran favor con esta ubicación del país en materia educativa. Si partimos de la llegada a las aulas con el estómago vacío, la carencia de un lugar para estudiar, la capacitación magisterial de altura, la falta de elementos para conocimientos ligados a la física y a la química, etcétera, el hundimiento educativo es mucho mayor.
De acuerdo a esa evaluación, son prácticamente inexistentes los alumnos mexicanos con alto rendimiento, a pesar de que la prueba se aplicó a una muestra de escuelas públicas y privadas de todo el país. Para Gabriela Ramos, directora del gabinete de la organización, el desempeño de los alumnos mexicanos es decepcionante, pues a 15 años de la primera edición de esta evaluación internacional no hay mejoras y la inversión sigue siendo necesaria. En México, la inversión por alumno está muy por debajo de la que realizan los países de la organización. Y habrá de resaltar que no han estado en contacto con las zonas donde los alumnos intentan aprender sentados en el suelo, bajo techos de palma, en condiciones paupérrimas.
El renglón económico es tomado para el levantamiento de esta calificación, de ahí la importancia de resaltar lo referente a la condición social de la mayoría del alumnado mexicano. “Para lograr alcanzar los niveles de desempeño de los sistemas educativos más exitosos del mundo, México necesita redoblar esfuerzos. Es muy claro que la calidad de la educación no podrá nunca ser mayor a la calidad de los maestros”, dijo Andreas Schleicher, investigador alemán creador de la prueba PISA. Aunque por ahora, son pocos los mentores con calidad educativa y, como puede apreciarse muchos menos los alumnos preparados, ni siquiera las escuelas particulares, las de las más altas colegiaturas, los tienen.
Pero para el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, es complicado señalar en qué plazo se verán reflejados los resultados de la Reforma Educativa, porque, dijo, naciones como Corea del Sur, que la hicieron antes, se han llevado incluso décadas y en México, advirtió, se verán algunos resultados hasta dentro de 10 años. El funcionario, también reconoció que no hay manera de blindar la reforma educativa porque está sujeta a los procesos democráticos y corresponde a quienes a futuro encabecen el gobierno continuar su impulso o no, con lo cual se protege de las críticas lanzadas dentro de un tiempo, cuando ya no esté en el gabinete y su posición sea mucho más vulnerable y sin forma de que se desquite.
De los pasillos
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) calificó de “obscena” la forma en la cual Pemex licitó la cuarta etapa de la Ronda Uno, con la cual se entregan 10 campos de exploración y extracción de petróleo de aguas profundas y ultra profundas en la modalidad de contrato de licencia –que son concesiones que prohíbe la Constitución-, para lo cual solicitó un mínimo de 1.9 por ciento del valor contractual de los hidrocarburos, a fin de ampliar el beneficio a los intereses extranjeros… Con estas licitaciones, el gobierno está despojando a los mexicanos de ésta y las siguientes generaciones de los recursos energéticos y de la soberanía al ofrecer estos contratos a 35 años prorrogables 15 –es decir, medio siglo-, todo ello a voluntad de los contratistas, consideró la UNTyPP… Existe un enorme potencial de recursos prospectivos en esta aguas, de cerca de 10 mil 500 millones de barriles de crudo, que se entregará a las trasnacionales, denunció en un mitin frente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos… Estas operaciones si el próximo Ejecutivo Federal no resulta abanderado del PRI o del PAN, podrá llevar a la cárcel a quienes hicieron semejantes remates e hicieron añicos el patrimonio nacional…
Por el presunto desvío de al menos 307.4 millones de pesos de recursos públicos de 2012 a 2016 durante la administración del ex gobernador priísta de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, actual director de Fonatur, la ex candidata de Morena a la alcaldía de Zacatecas, María Soledad Luévano, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. “Miguel Alonso usaba el mismo modus que usó Javier Duarte en Veracruz, con una amplia red de empresas simuladoras de operaciones y de lavado de dinero llevaban a cabo el desvío de millones de recursos robando así a la ciudadanía”, dijo afuera de la PGR después de entregar su denuncia acompañada de 121 fojas presentadas como prueba…
En Cancún, Quintana Roo, se lleva a cabo la reunión denominada COP 13; los pronunciamientos para proteger el medio ambiente, a la naturaleza, se han multiplicado y tal vez como consecuencia de una imparable depredación en la cual, fraccionadores y buscadores de oro negro y metales llevan la delantera. El foro fue aprovechado por Peña Nieto para hablar acerca de la creación de reservas naturales protegidas, entendidas éstas como reservas para los ambiciosos del futuro, naturales al ser ubicadas en las zonas donde de esa misma forma, natural, les llegarán los millones y la protección es para evitar que las toquen antes de ser autorizada su desaparición para dar lugar al levantamiento de fraccionamientos de lujo, de zonas turísticas con sus respectivos hoteles con muchas estrellas y todo ello será bajo el argumento del desarrollo, la competitividad, el bienestar del pueblo a través del empleo y con la garantía de mejores salarios. Porque justo, en esa misma reunión, tuvieron a bien premiar a quienes explotan delfines, no sin antes autorizar que se quiten los impedimentos para construir en sitios marcados por ambientalistas como zonas de defensa ante embates naturales como Tajamar.
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Fuente: Por Esto.
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