Noticia publicada a las 04:59 am 28/08/16

Por: Vicente Bello.

El Congreso de la Unión tendría mucho trabajo si estuviera dedicado realmente a cumplir con su función primigenia, esencial, del control político.

Están las ejecuciones de civiles perpetradas por policías y militares, que hacen pensar a todo el mundo que en México hay un terrorismo de Estado galopante. Y las leyes que han estado provocando terribles dolores a la sociedad, como la educativa y la energética.

Son temas que el Poder Legislativo tendría que atender desde la óptica de sus dos funciones principales, la legislativa y la de contrapeso, pero no lo hace.

Apenas una diputada, de 500 legisladores –la morenista Araceli Damián González-, anunció que solicitará al Congreso llame comparecer a Renato Sales Heredia y a Enrique Galindo Ceballos para que expliquen por qué la policía federal ejecutó a 22 de los 42 civiles muertos en el operativo del 22 de mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán.

El planteamiento de Damián González está sustentado en el informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó sobre aquel supuesto enfrentamiento con presuntos miembros del Cártel de narcotraficantes conocido como Jalisco Nueva Generación; enfrentamiento en el que –según el parte oficial- también murió un policía federal.

De acuerdo con el informe de la CNDH, la ejecución de 22 personas por parte de los policías federales fue precedida por actos de tortura, manipulación de los cuerpos y siembra de armas de fuego.

Araceli Damián incluso dijo que en torno de ejecuciones como la de Tanhuato, Tlatlaya y Nochixtlán, “existe un patrón en la actuación de la policía federal en cuanto a las violaciones de los derechos humanos y la falta de protocolos para defender y proteger a la ciudadanía, como también lo demuestra la participación (de la policía federal) en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y Nochixtlán”.

Y apostillaba Araceli Damián González: “Parecería ser que hay un actuar sistemático de la policía federal, en hacer un uso excesivo de la fuerza, cometer delitos de lesa humanidad, como son en este caso las ejecuciones extrajudiciales, y eso es una forma de aterrorizar a la población”.

Más allá de voces en lo individual, como la de Araceli Damián, no se escuchaba todavía este fin de semana que el Congreso se pronunciara como tal. Al contrario, soslayó a través de su Comisión Permanente el abordaje de este tipo de temas, en cuyo aireamiento sin duda quedaría muy mal parado el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El Congreso mexicano sigue pareciendo un remedo de contrapeso. Los diputados y senadores callan cuando deberían estar saliendo al paso de estos hechos que están marcando la historia de México.

Un día después del informe de la CNDH, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tendrían que haberse pronunciado, por su condición de ser el Poder del Contrapeso constitucional de México.

¿Lo harán diputados y senadores en la sesión de la Comisión Permanente próxima? Difícilmente, porque están a punto de la clausura del receso. Pero si miran hacia su naturaleza, entonces deberían hacerle caso a propuestas como la que hace Araceli Damián, de llamar a comparecer con prontitud a los hombres de Enrique Peña Nieto encargados de la policía federal preventiva: Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, y Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la policía federal preventiva.

Ayer, por cierto, el gobierno federal comenzó a hablar a través de Renato Sales Heredia, sobre el conflicto magisterial.

En voz de Sales Heredia, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha avisado a los profesores disidentes que han dicho que no permitirán que dé inicio el ciclo escolar 2016-2017, que evitarán las movilizaciones incluso “con la fuerza utilizada dentro de protocolos permitidos”.

Y fue Renato Sales quien ha llamado al Congreso de la Unión a que construya la Ley General sobre el Uso de la Fuerza “que permita actuar con plena legitimidad en el caso de manifestaciones, por parte de los tres órdenes de gobierno”.

Llamó la atención este viernes la propuesta de Sales porque éste, simple y sencillamente, no hablaría de tal cosa si no se lo hubieran ordenado.

A los casos de las ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares y al asunto candente del conflicto magisterial, se le estará agregando el anuncio de que el Ejecutivo ahora pretendería la creación de una nueva ley para legitimar el uso de la fuerza contra la movilización social.

Esta ley, por definición, estaría dedicada al Magisterio disidente, cuando el magisterio es el único sector gremial del país que se ha enfrentado al feroz autoritarismo de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, que ahora amaga con endurecer su papel coercitivo.

Desde que la Secretaría de Gobernación llamó a una mesa a los maestros disidentes a dialogar, los profesores sabían del riesgo de que estuvieran siendo engañados por Miguel Ángel Osorio Chong.

Que ese llamado a dialogar sólo fuera una estrategia para debilitarlos y engañar a la población, que desde los hechos de Nochixtlán -en que policías federales ejecutaron bajo el sello de la cobardía a cuando menos ocho personas- acrecentó su simpatía por los maestros rebeldes, cosa que alarmó grandemente al gobierno dictatorial de Peña Nieto.

Con el anuncio magisterial de que este lunes no permitirán que comience el ciclo escolar 2016-2017, el gobierno responde con una amenaza ominosa. Grave. La CNDH exhorta al diálogo.

¿Qué ocurrirá? Nadie duda de que se enfrentarán. El Congreso, a pesar de lo mafioso y entregado que está, debería preguntar con prontitud al gobierno si en el uso de la fuerza incluirá otra vez balas y vileza.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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