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exiliado por decisión propia, y porque el miedo cala, traído luego a Veracruz y finalmente asesinado.
Horas después de su muerte se entretejen versiones que sitúan, por enésima ocasión, a la policía de Veracruz bajo sospecha, por su conducta en el momento del crimen, por su pasividad, por su falta de auxilio, por evitar que su familia lo pudiera ayudar.
Ultimado a eso de las 11 de la noche del miércoles 20, a manos de un grupo armado que irrumpió en su hogar, que era también su negocio de alimentos, herido de muerte Pedro Tamayo Rosas habría de ser trasladado a una clínica del Seguro Social cuando dejó de existir.
Pasa a ser el periodista número 19, asesinado en los días de Javier Duarte como gobernador.
No fueron once balazos como refieren en las primeras informaciones. Fue sólo uno o dos que le traspasaron el pulmón y le cortaron la vida. Fueron once disparos, quizá más, unos al piso como pretendieron intimidarlo, o como si los matones no anduvieran en su juicio. Sólo uno o dos dieron en su humanidad.
Disparaban los sicarios, o aprendices de sicarios, sin ton ni son. “Sólo pasaron unos minutos cuando se empezaron a oír disparos —cuenta Ángeles González en el portal en internet Al Calor Político, del que Pedro Tamayo era corresponsal—. Fueron varios. No todos eran hacia Pedro. Disparaban al piso o no le daban quizá por el estado inconveniente en el que parecía que se encontraban. Sólo fue un disparo el que acertaron, no nueve ni 11: uno que le perforó el costado izquierdo y lo desangró”.
Otra versión:
“El ataque se consumó a las 10:45 PM —refiere Ignacio Carvajal, de Liberal del Sur y Blog Expediente— afuera de la casa ubicada en avenida Cinco de Mayo. Quienes fueron a matar a Pedro lo saludaron y pidieron comida para llevar. ‘No traigan cartas; quieren cuatro hamburguesas de res’, alcanzó a gritar al de la cocina, y pocos segundos después se oyen dos disparos. Algunos testigos hablan de once detonaciones, otros que más. En la plancha del forense de Tierra Blanca, consta en las primeras averiguaciones, sólo extrajeron dos balas calibre .9 mm del cuerpo de Pedro Tamayo. Le deshicieron los pulmones”.
Luego reitera:
“Sólo dos disparos dieron en el cuerpo de Pedro. Los demás, presuntamente efectuados para intimidarlo, lanzados al suelo”.
Otra vez Ángeles González, de Al Calor Político. Invoca a los testigos, la familia, directo el señalamiento hacia la policía de Veracruz:
“Como en otras muchas incontables, inacabables, ocasiones, malos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no hicieron nada a pesar de encontrarse a escasos 10 metros de donde ocurrían los hechos.
“ ‘Porque no podemos hacer nada’, respondieron a uno de los hijos mientras el cuerpo yacía malherido a la puerta de su casa.
“Lo increíble, lo impensable, es que en lugar de apresurar al ayuda, la ambulancia, los policías interrumpieron la línea telefónica para darle mal la dirección a los servicios de emergencia. En más de tres ocasiones dieron mal la dirección para que se demorara”.
De nuevo Ignacio Carvajal:
“Al llegar los atacantes a donde Tamayo, él acababa de entregar un pedido de hamburguesas. Estaba sentado en la calle, aunque se oyeron varias detonaciones, sólo dos disparos dieron en el cuerpo de Pedro. Las demás, presuntamente, efectuadas para intimidarlo, lanzadas al suelo. Agonizó unos 20 minutos, durante los cuales se despidió de sus seres queridos. Ese tiempo tardó en llegar la ambulancia aunque los hechos se dieron en el centro (de la ciudad). La familia señala que los policías que llegaron a atender la alerta de disparos dieron mal la dirección a la Cruz Roja”.
Noé Zavaleta toca el tema en la revista Proceso, la omisión de auxilio, la simulada confusión en el reporte del crimen a la central que debía enviar la ambulancia:
“El periodista fue asesinado frente a su familia en su domicilio, por dos sujetos desconocidos quienes le dispararon en once ocasiones. Una patrulla se encontraba a solo diez metros de distancia.
“ ‘A la hora del crimen una patrulla de la policía del estado con número económico 08-2841 se encontraba a 10 metros de los hechos y no hicieron nada por detener a los agresores’, escribió el periodista y amigo de Pedro, Octavio Bravo, en su cuenta de Facebook.
“La familia narra que los policías obstruyeron que su esposa le diera los primeros auxilios, esperando que falleciera, y cuando vieron que prácticamente había muerto de inmediato un oficial de policía llamo a la Cruz Roja dando una dirección equivocada”.
Malos, los policías.
Enero marcó una tragedia en Tierra Blanca, levantados los cinco jóvenes que procedentes del puerto de Veracruz se dirigían a su lugar de origen, Playa Vicente. Comieron, cargaron gasolina y emprendieron el regreso. Una patrulla los interceptó. Inició el interrogatorio y se los llevó. Entregados al crimen organizado, nunca más se volvió a saber de ellos.
Hurgaba en el caso Pedro Tamayo. Hurgaba en la actuación de la Policía de Veracruz, implicada con los malosos, su jefe Marcos Conde, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública, el superpolicía de Arturo Bermúdez, con historial de muerte, de levantones de jóvenes, de desaparición de otros policías, impune hasta ese día. Hoy está en prisión señalado de ser el conecte con los narcos, el abastecedor de inocentes.
Ocurrió el levantón el 11 de enero. Casi dos semanas después, el día 24, fue aprehendido Francisco Navarrete Serna, alias “El Ingeniero”, propietario del rancho El Limón, ubicado entre Tierra Blanca y Tlalixcoyan, donde habrían sido llevados los jóvenes, torturados, asesinados y cocinados para no dejar rastro.
Su esposa convocó meses antes a Pedro Tamayo. Lo instó que se adhiriera al proyecto de volver a la circulación al diario La Voz de Tierra Blanca. Ella en lo financiero, él en lo periodístico, Navarrete operador del diputado federal por Cosamaloapan, Tarek Abdalá, fidelista y duartista.
Con la aprehensión de Francisco Navarrete se frustró el arranque del periódico. Y Pedro Tamayo percibió que el siguiente sería él. Sospechaba de la policía desde enero, cuando se marchó de Veracruz.
Cuenta Plumas Libres:
“Tamayo Rosas a la vez trabajaba como corresponsal de los medios Alcalorpolítico y El Piñero de la Cuenta pero tras haber sido amenazado por la cobertura de la desaparición de los chicos de Playa Vicente. Se fue de esa ciudad en enero de 2016.
“El sabía que los propios elementos policíacos fueron quienes lo había amenazado. Por eso la CEAPP (Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas) lo sacó de Tierra Blanca a un lugar de Oaxaca donde su familia lo alcanzó.
“Pedro Tamayo regresó en marzo de este año a vivir de nuevo en Tierra Blanca y se incorporó a trabajar en el periódico La Voz de Tierra Blanca, pero pidió a la CEAPP que le retiraran la vigilancia policíaca porque desconfiaba de los policías y firmó una responsiva donde se le retiraran las medidas ‘invasivas’ y solo aceptó los rondines de la SSP, es decir estaba bajo un protocolo seguridad.
“El temía a los elementos policíacos. Por eso pidió que se retirarán la vigilancia constante a las que calificaba como invasiva.
“Al inicio de ese protocolo una patrulla de la SSP pasaba a su domicilio para que el reportero firmara en la bitácora. Después sólo pasaban una vez al día incluyendo sábados y domingos”.
En “El Piñero de la Cuenca”, periódico que se edita en Tuxtepec, Oaxaca, del que fue corresponsal, se lee el sentir de la familia:
“Familiares del reportero Pedro Tamayo Rosas informaron que tras su asesinato, una patrulla de la Policía Estatal inmediatamente arribó al sitio pero no hizo nada, se rehusó a perseguir a los delincuentes pese a que les indicaron para donde habían escapado.
“Los policías, indicaron, se limitaron a cercar a la familia para que no hiciera contacto con el cuerpo del infortunado.
“Además, obstaculizaron la calle y por ende el paso a los cuerpos de rescate que acudieron al auxilio.
“Tal parece que hubo complicidad, indicó un familiar del reportero.
“Por su parte Alicia Blanco, esposa del malogrado, dio a conocer que ella y sus hijos daban de comer a los policías que cuidaban de Pedro; él les tuvo confianza y por la atención nosotros les dábamos de comer lo que había, a veces frijoles’.
“Bajo esa premisa, la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrá que llevar a cuentas a los policías que acudieron al crimen y se movilizaron para truncar cualquier resquicio de persecución y detención de los asesinos”.
Vicente Bello, en su Tren parlamentario, dice:
“Uno de los hijos del periodista subió a un vehículo y persiguió al automóvil gris. Les dio alcance cuadras adelante, pero una patrulla estatal lo bloqueó. Ha afirmado ante las autoridades el hijo del periodista que uno de los asesinos hizo señas desde el Bora a los policías que se acercaban y entonces la patrulla bloqueó el paso del joven”.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, sostiene que Pedro Tamayo estuvo en Tijuana, sin protección oficial. Quería regresar. Le recomendaron que no lo hiciera. “No había condiciones para volver a Tierra Blanca, para volver a Veracruz”.
Una vez más, la policía. Sobre ella pesa la imputación del levantón a los cinco jóvenes de Playa Vicente a su paso por Tierra Blanca, entregados luego al crimen organizado.
Sobre la policía, hoy, la sospecha del crimen del periodista Pedro Tamayo, el número 19 en perder la vida violentamente en el Veracruz de Javier Duarte.
Malos, los policías. Por algo les temía Pedro Tamayo.
Archivo muerto
Pagará Javier Duarte y su pandilla. Pagarán La Rémora Callejas y la corte duartista en el Congreso, los diputados cómplices, la runfla que aprobó el nuevo atraco a las finanzas de Veracruz, vía los dos fideicomisos que usarán recursos del 3 por ciento a la nómina para saldar adeudo a proveedores. Suyo el tono, insólita la advertencia —amenaza, dicen sus enemigos—, Miguel Ángel Yunes Linares anticipa que “no podrán dormir tranquilos”, que les espera la cárcel, “porque la ley irá sobre ellos”. Y agrega: “Me he comprometido y hoy lo reitero, a que Duarte y sus cómplices irán a la cárcel y devolverán lo robado. Lo de hoy no tendrá perdón, Duarte y los diputados serán severamente sancionados”. Avizora que extinguirá el impuesto sobre la nómina para evitar el dinero que aportan los empresarios sea para pagarle a los amigos y cómplices de Javier Duarte por servicios que nunca le prestaron al gobierno de Veracruz. “Ya lo hemos denunciado —precisa—. Ese dinero, que debe servir para obras públicas, que debe servir para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos, quieren que vaya a parar a la bolsa de los cómplices de esta banda”. Y los categoriza como pillos… Corren las ratas. O se agazapan. O se amparan. Así andan Deantes, Manzur y Aguirre, un subsecretario y dos titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, buscando la protección de la justicia federal. Tramitan una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación o aprehensión que pudieran emitir los más 100 jueces federales y estatales del estado de Veracruz. Su lío es con la justicia federal, acusados por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR de malversar recursos, reclamando que las autoridades judiciales señaladas rindan un informe para establecer si las actuaciones en su contra derivan del nuevo proceso penal acusatorio y oral, cuál es el hecho delictuoso que se imputa a los quejosos, la penalidad aplicable y la cuantía de los daños causados o el beneficio económico obtenido, en caso que se trate de delito de carácter patrimonial, o el monto estimado de la reparación del daño. Dicho: las ratas también se amparan… Nota para los reporteros: Armando Gálvez Pérez Aragón, el notario asesinado en Polanco, en 2013, el que dio fe de las empresas del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, sus hermanos, su mamá y su socio, figura en escrituras de connotados personajes de Coatzacoalcos. Por su fe, el despojo de tierras a la familia Vidal, en lo que hoy es Celanese, Balcones, Pensiones. Por su fe, los entuertos y los enredos de los Hillman, los Ramón, los Montes de Oca. Y convenientemente —la diosa fortuna siempre está de lado de los pillos— Armando Gálvez Pérez Aragón fue asesinado el 13 de marzo de 2013, en la Ciudad de Mexico. Acusaba amenazas y asedio. Reforzaba su seguridad y atendía a contadas personas, previa cita. Tenía su historial, investigado por fraude con obras de arte y la validación de documentos para la construcción ilegal en un predio en la delegación Magdalena Contreras. Fue acribillado en su automóvil, recibiendo cuatro disparos lanzados por un comando que lo cazó. Armando Gálvez Perez Aragón laboró en la notaría número 116, cuyo titular es Ignacio Morales Lechuga, el padrino de Los Pantera, o sea Juan Hillman, Alfredo Ramón de Diego y Francisco Montes de Oca. Qué historia. Para Netflix… Atiza el fuego Mónica Robles. Tilda de chantajista al alcalde de Tatahuicapan, Filogonio Hernández Bautista, que politiza el conflicto por el agua, por su reclamo al gobierno de Veracruz por incumplir la inversión en obras, por su amenaza de destruir las tuberías del sistema Yuribia, que surte de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y parte de Cosoleacaque. No dice la diputada que en el centro del conflicto está la disputa PRD-Morena, los del ex alcalde Esteban Bautista y los de Lino Bautista, y la sangría económica pues mes con mes suben a la sierra 2.5 millones de pesos a manos de los morenistas, que son quienes controlan a ejidatarios y avecindados. También tensa el hilo Flavino Ríos Alvarado con su silencio, sin atender los llamados del alcalde tatahui, deslizando que de los 50 millones que se han trasladado al ayuntamiento no ha rendido cuentas el edil. Pero Flavino cuida el lenguaje. No los llama chantajistas. No los acusa de lucrar con el conflicto. Reconoce que hay adeudo, mientras la diputada afirma que no. Les dice que no dejará de haber diálogo. Y mientras el secretario e Gobierno rema en una dirección, Mónica Robles patea a los tatahuis del sol azteca como si un incendio se sofocara arrojándole gasolina…
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