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ante la cual no se avistan mecanismos o proyectos institucionales mínimamente confiables de solución.
Ayer mismo, en Nuevo León, se produjo una masiva expresión de la inviabilidad del sistema actual degobierno (en sus tres ámbitos: federal, estatal y municipal), con un saldo de cuando menos medio centenar de muertos durante un episodio oficialmente considerado como riña entre bandos opuestos de internos en el penal de Topo Chico. Ante el tamaño del problema, mostró poco oficio el habilitado gobernador del estado, el falsamente independiente Jaime Rodríguez Calderón, experimento de élite para ganar con fórmulas de engaño el voto desesperado, pero también manipulable, de quienes están hartos de lo tradicional.
En la explosión de salvajismo acumulado en Topo Chico puede identificarse con claridad el fracaso con tonos funerarios de todo el esquema nacional de seguridad pública, procuración de justicia (procuradurías y fiscalías, agencias del Ministerio Público, etcétera…), sistema judicial (juzgados, tribunales, la Corte) y rehabilitación socialcomo objetivo concreto de la red nacional de cárceles. No son accidentes ni casos fortuitos o aislados, sino consecuencias claras y directas de la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones esenciales.
Si los grupos del crimen organizado dominan buena parte del país, de una manera abierta y retadora, es explicable que trasladen sus métodos de control a los Centros de Rehabilitación Social, en sus diferentes modalidades. Las prisiones se han convertido, por más que los políticos en turno al micrófono proclamen avances y mejorías, en cotos delictivos sustraídos a lo que engoladamente algunos recuerdan por ahí como imperio de la ley. Mediante el uso abundante de dinero corruptor hacia funcionarios de todos los niveles, o con la advertencia del castigo mortal a los rejegos, los cárteles gobiernan porciones de las cárceles mexicanas, entrando en conflicto brutal en ocasiones como la sucedida ayer.
Cincuenta muertes en Nuevo León que cruzan ya sin demasiado asombro la inmensidad mexicana de las masacres cotidianas. En Veracruz se enteran las autoridades, al buscar cinco cuerpos de jóvenes de Playa Vicente, de que hay un rancho destinado a sacrificios humanos en el que se estima que puede haber restos de cientos de personas desaparecidas. Y a los familiares de dos de esos jóvenes se les entregan los pocos restos disponibles (cuya auténtica correspondencia con los desaparecidos está por demostrarse) en una caja de cartón, como flete infame que pinta de corazón entero la inhumanidad burocrática que se ha desarrollado en la cultura del horror institucional. Ayer mismo, otros cuatro jóvenes desaparecieron en la entidad mencionada. A ese México llega Francisco, y es de esperarse que su discurso y comportamiento político estén en consonancia con el dolor de un pueblo que aún es mayoritariamente partícipe de la religión con base operativa en el Vaticano.
A las noticias que ya no son de nota roja, sino de nota política, pues hoy buena parte del ejercicio político es crimen, se sumó ayer el arribo del peso a niveles cercanos a las 20 unidades por dólar, en una depreciación imparable que agrega tonos de espanto a las finanzas nacionales maltrechas por el saqueo corrupto, la caída del precio del petróleo, la disminución de las reservas monetarias (subastados por sistema miles de millones de dólares del guardadito nacional para que especuladores y favorecidos se protejan de la debacle del peso) y la inflación que ya se ha desatado.
Francisco no sólo debería tener en su agenda discursiva temas externos a su Iglesia, pues se espera que en México aborde los propios, entre ellos el de la pederastia clerical y su sistemática protección por parte de los jerarcas regionales. Un caso relevante sucede en Oaxaca, donde el arzobispo José Luis Chávez Botello ha protegido durante años a un cura alegremente dedicado a la depredación sexual, Gerardo Silvestre Hernández, a quien exoneró una y otra vez hasta que hubo denuncia que lo llevó a la cárcel, donde espera sentencia generosa o francamente exculpatoria.
A Manuel Arias Montes, uno de los 10 curas y diáconos que denunciaron ante el arzobispo Chávez Botello y ante el Vaticano las agresiones sexuales cometidas contra cuando menos 45 indígenas menores de edad (años después, la suma estimada llega a un centenar de casos), se le ha enderezado una campaña de desprestigio y amenazas, con pintas injuriosas, un atentado, visitas de presuntos verdugos, robo fantasma e incluso una demanda por violencia intrafamiliar que, referida a una presunta relación de pareja, pretende crear las condiciones para el encarcelamiento de ese cura rebelde y su eventual suspensión en el ejercicio ministerial.
Arias Montes, quien este año cumplirá cuatro décadas como sacerdote, doctor en teología por la Universidad de Tübigen y promotor en Oaxaca de una práctica religiosa comprometida con los pobres y los indígenas, ha respondido presentando una demanda ante la procuraduría estatal de justicia contra el mencionado arzobispo Chávez Botello, por amenazas, y ha señalado, aparte del documento formal ante las autoridades civiles, que debe investigarse la posibilidad de complicidad y encubrimiento de ese arzobispo a lo largo de años en que protegió, cambió de adscripción y elevó de categoría (lo hizo decano) a su favorito, Silvestre Hernández, mientras éste acumulaba abusos sexuales contra menores de edad. Sobre el caso hay dos videos. Uno, con la entrevista a Arias Montes. Otro, con los padres de Jesús (14 años, entonces), nombre ficticio (también los padres pidieron no dar sus nombres reales) de una de esas víctimas. ¿Atenderá Francisco éste y otros casos de escandalosa protección a la pederastia clerical desde las cúpulas eclesiásticas? ¡Hasta el próximo lunes!
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Fuente: La Jornada.
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