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No hay nada nuevo en estas historias: grupos de delincuentes ligados a diferentes organizaciones criminales pelean en forma brutal por el control del penal. A veces tienen incluso armas de alto poder, siempre armas blancas y otro tipo de instrumentos letales. A veces, en medio del motín se da una fuga. No es, simplemente, un control nominal: se controla desde la comida hasta los dormitorios, desde las visitas conyugales hasta el alcohol y las drogas, se paga por la seguridad personal y por un catre cómodo. Como en todos esos reclusorios hay sobrepoblación, las autoridades dan libertades adelantadas en forma constante, hay colusión con los reos y delincuentes condenados por asesinato o secuestro, que dejan la cárcel en unos pocos años para seguir delinquiendo.
Y se suceden los motines y asesinatos. En 2008, 19 muertos en Tijuana. Un mes después, 15 muertos en Reynosa y 23 muertos en Durango, al inicio de 2010; un año después, en Gómez Palacio (que después se supo era un reclusorio tan controlado por el crimen organizado que los delincuentes, uno de ellos amante de la directora del penal, salían en la noche con las propias armas de la guardia para ajusticiar enemigos, secuestrar y extorsionar y regresaban a descansar al reclusorio) otros 11 muertos. En julio, se enfrentaron a tiros en el penal de Ciudad Juárez (el mismo que va a visitar el papa Francisco) miembros de Los Aztecas y Los Mexicles, dos pandillas pertenecientes a los cárteles de Juárez y de Sinaloa, respectivamente: quedan 27 muertos y veinte heridos. En octubre de ese año hubo 20 internos muertos y 12 heridos en Matamoros. En enero de 2012, otros 31 muertos en Altamira. Un mes más tarde, en febrero, en el penal de Apodaca, en Nuevo León, hubo 44 muertos y 30 reclusos se fugaron durante el motín. En diciembre hubo otros 24 muertos en el penal de Gómez Palacios. En abril de 2013, hubo 13 muertos en el penal de La Pila, en San Luis Potosí. La lista no es exhaustiva, ha habido decenas de motines, fugas, asesinatos, extorsiones.
La pregunta es obvia: ¿cómo puede ser que el Estado no pueda controlar un espacio absolutamente determinado, con una población perfectamente identificada, donde debería haber normas estrictas de funcionamiento, operación y seguridad? Sencillo: porque los reclusorios no los controla el Estado, sino los propios delincuentes.
Lo que sucede es que 80% de los penales dependientes de los gobiernos locales (estatales y municipales) se rige por un sistema de autogobierno, lo que traducido quiere decir que quienes controlan esos reclusorios son los internos y, obviamente, los que mandan son los delincuentes más poderosos. Ellos se hacen cargo de todo: de la comida, de la distribución de lugares, las visitas e, incluso, de la seguridad interior. Los sistemas de vigilancia sirven para controlar el entorno y garantizarle a los principales delincuentes su propia seguridad.
Topo Chico, por ejemplo, es controlado por Los Zetas. No hay restricciones para moverse, para vestirse, se maneja efectivo, hay visitas de niños y conyugales a cualquier hora. Los reclusos controlan el penal e, incluso, en los hechos, a sus directivos. Y lo mismo sucede en poco más de 65 penales estatales y municipales en el país. Cuenta Eduardo Guerrero, actual responsable del sistema penitenciario federal, que cuando se hizo cargo de esa responsabilidad en Chihuahua lo primero que decidió fue visitar el penal de Ciudad Juárez. Se encontró con que los reclusos, armados con fusiles de asalto, le prohibieron la entrada, no les importaba si era o no funcionario. Había autogobierno. Guerreroacabó con el autogobierno, hizo trasladar a los jefes de los reclusos a otros penales e impuso las normas que existen a nivel internacional sobre movimientos, seguridad, manejo de dinero y comunicaciones, en cualquier reclusorio del mundo. Después de la fuga de El Chapo, Eduardo Guerrero fue llamado para encargarse de los penales federales, que están recuperando la extrema seguridad perdida. Pero esos son sólo los penales federales, no puede intervenir en los locales.
No hay leyes ni normas obligatorias para los más de cien penales controlados por estados o municipios. No hay un sistema nacional. Tampoco nadie parece querer establecerlo. Son los reclusos los que deciden qué, quién y cómo. Pero, ¿quién quiere meterse en un tema tan poco sexi como los reclusorios? Mejor sigamos con temas tan trascendentes como la legalización de la mariguana. No vaya a ser que a alguien se le ocurra presentar una iniciativa para tener control sobre los reclusorios y se arruinen los prósperos negocios que genera el autogobierno en los penales. Vuelvo a preguntar: ¿si el Estado no puede o no quiere controlar los reclusorios, cómo puede controlar un país?
Fuente: Excélsior.
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