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estuviera vivo, brincaría loco de contento porque uno de sus paisanos le heredó la proclividad a la represión, a la intolerancia y a la antidemocracia: el actual gobernador Rafael Moreno Valle.
Sí: Moreno Valle (priista por raíces políticas y familiares ya que su abuelo militar, del mismo nombre, fue gobernador de 1969 a 1975 y señalado como responsable de la masacre campesina en Huehuetlán El Chico donde murieron 18 personas), es heredero no sólo de la sangre del verdugo, sino de los aires represores de su paisano Díaz Ordaz.
Hoy panista – por llamarlo de alguna manera- por conveniencia, ya que en 2010 el PRI le negó la candidatura a la gubernatura y decidió entonces abanderar a los azules, Moreno Valle aspira a ser el candidato presidencial panista para 2018.
Resumamos: si Rafael Moreno Valle fuera el próximo candidato del PAN a la presidencia de México, sería un agravio para la historia del propio PAN. Una traición a la doctrina panista. Una escupitajo a Gómez Morín. Una bofetada a la democracia interna del PAN. Un insulto a los demás aspirantes: Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Gustavo Madero, ellos sí, quiera o no reconocerse, panistas de carrera.
Moreno Valle tiene de panista lo que el columnista tiene de americanista.
Moreno Valle, el gobernador que reprime manifestaciones a balazos.
Moreno Valle, el que cierra espacios a candidatos independientes.
Moreno Valle, el que copta a organismos ciudadanos.
Moreno Valle, la antidemocracia dentro del PAN.
Moreno Valle, una vergüenza para el panismo. ¡Y quiere ser Presidente!
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Cuando en mayo de 2014 el Congreso poblano – controlado, para no variar, por morenovallistas- aprobó la Ley Bala, no quedó duda de que Moreno Valle mantendría una política de represión en contra de manifestantes y críticos, cuyas voces han sido sometidas a través del uso de la fuerza pública.
¿Qué es la Ley Bala? Una disposición gubernamental que permite el uso de armas no letales —balas de goma y proyectiles de gas— en contra de manifestaciones públicas. Resultado: el mortal desalojo, en julio del año pasado, que sufrieron los habitantes de Chalchihuapan y que dejó como saldo la muerte del niño José Luis Tlehuatle, quien fue lesionado en la cabeza por un proyectil de gas lanzado por la policía estatal.
La CNDH determinó, por este caso, que Puebla fuera la única entidad que en 2014 cometió violaciones graves contra sus ciudadanos. Hasta hoy, el gobierno se ha negado a acatar el total de las recomendaciones emitidas por la Comisión. Una vergüenza.
Pero hay más.
En Puebla, mediante el uso de la fuerza pública, se encarcela a activistas y a manifestantes; a opositores al retiro de los mototaxis; a pobladores de Cholula que se inconformaron con la construcción del Parque Intermunicipal; a opositores del Gasoducto Morelos; a estudiantes por un delito en común: oponerse a la política gubernamental de Rafael Moreno Valle.
Y este troglodita quiere ser presidente de México.
Aún más:
Desde el gobierno poblano se han cerrado los espacios democráticos, haciendo prácticamente imposibles las candidaturas independientes, vetando toda posibilidad a los ciudadanos para participar en los procesos electorales.
Esta estrategia “anti-Bronco” fue cocinada por los legisladores morenovallistas en el Congreso local, quienes el pasado 29 de agosto aprobaron una serie de candados absurdos para los candidatos independientes, siendo el más grave exigir que presenten el respaldo del 3 por ciento del padrón electoral, no solo en firmas, sino que cada simpatizante acuda personalmente a ratificar su apoyo en un lapso de solo 20 días. Una aberración.
Y a través de sus diputados en el Congreso, Moreno Valle se ha apoderado también de los principales organismos ciudadanos, reprimiendo así cualquier acción que se pudiera emprenderse en su contra.
Los morenovallistas Javier Fregoso, María Gabriela Sierra y Federico González Magaña, integran la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), desde donde se han frenado las solicitudes de información más incomodas para la administración poblana.
Por si eso fuera poco, el Tribunal Electoral del Estado le responde al gobernador, ya que desde noviembre de 2012 se colocó como magistrados a Ricardo Adrián Rodríguez, exdirector de Asuntos Laborales y Agrarios del gobierno del estado, y a Francisco Javier de Unanue, hijo del notario 9, Fernando de Unanue, afín al gobierno.
Y para rematar: con la designación, en julio de 2011, de Adolfo López Badillo como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), el gobernador logró librar, al menos, una recomendación más por el caso Chalchihuapan a nivel local; además, este organismo se ha encargado de vigilar todas las manifestaciones en contra del gobierno.
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Para afianzarse dentro del partido, Moreno Valle envió a su esposa, Martha Erika Alonso, como secretaria general del PAN en Puebla. Jesús Giles, el “presidente” partidista, tan sólo será el patiño de la esposa del gobernador.
Moreno Valle quiere ser el candidato del PAN a la Presidencia en 2018.
Si don Manuel Gómez Morín viviera, se volvería a morir de la vergüenza.
Twitter: @_martinmoreno
Facebook: Martin Moreno
Fuente: Sin Embargo.
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