Noticia publicada a las 04:46 am 28/07/15

Por: Denise Dresser.

En todas partes, en todas las transacciones. La corrupción acendrada, la corrupción arraigada, la corrupción corrosiva. Allí, presente en la recolección de basura, en las gasolineras, en las plazas de maestros heredadas, en la fuga de un delincuente, en la licitación de un puente, en la exoneración de impuestos, en cada reducto de la vida cotidiana del país.

Como forma de vida. Como obstáculo al crecimiento. Como detonador de la desigualdad. Y a pesar de sus consecuencias negativas, los mexicanos siguen tolerándola. Justificándola. Practicándola. Perpetuándola con la permanencia en el poder público y privado de quienes han sido sus íconos. Los impunes que ni siquiera reciben sanción social, ocupando una curul, un puesto del gabinete, una página en las revistas de sociales. México no castiga la corrupción; la normaliza.

Los datos disponibles lo constatan: el problema ha llegado a niveles alarmantes, como lo expone María Amparo Casar en el estudio México: Anatomía de la Corrupción. En 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar 103 de 175 países de acuerdo con Transparencia Internacional. En comparación con sus principales competidores, México retrocede, México cae, minando su capacidad para atraer la inversión extranjera, para posicionarse como potencia emergente. Según el Barómetro Global de la Corrupción, para un 90 por ciento de los ciudadanos la corrupción constituye un problema, actualmente situado entre los primeros lugares de preocupación. Lo cual no sorprende dados los casos de la Casa Blanca, la casa de Luis Videgaray, la licitación del tren México-Querétaro, la investigación estadounidense a Humberto Moreira, entre tantos más.

Basta con examinar el caso de OHL. Los abusos. Las mentiras. La ofuscación. La complicidad gubernamental. El monto original del Circuito Exterior Mexiquense calculado en 5,637 millones de pesos. Monto que inexplicablemente crece a 18,740 millones de pesos, según documentos presentados por OHL. Pero según la autoridad, la inversión ha sido de 23,376 millones de pesos, y con base en ese monto falso modifica el título de concesión y autoriza incrementar las tarifas legales, aunque no hay estudios del peaje. Gracias a esa colusión con el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, OHL ha tenido ingresos por cuotas de peaje en el Circuito Exterior Mexiquense por más de 12,000 millones de pesos hasta diciembre de 2014. Y mientras tanto, OHL afirma que el monto de su inversión pendiente de recuperar con cargo es superior a los 52,000 millones de pesos, casi 10 veces el monto total original del proyecto y 1.3 veces la deuda pública total del Estado de México. OHL ha adquirido una "renta a perpetuidad" con cargo a todos los usuarios que pagan los abusos de OHL, tarifas irracional e injustificadamente altas.

Y a pesar de las grabaciones donde directivos de la empresa hablan de sobornar a jueces, a pesar de la evidencia, a pesar de las cifras alteradas y el escándalo internacional, la empresa permanece intocable. Protegida. Cuidada por la connivencia que se da entre las empresas y el sector público. Impune en la intersección en donde hay puntos de encuentro entre compañías y autoridades. El contubernio concesionado. El imperio del influyentismo. Donde si hay sanción siempre es en la categoría de "mandos medios". Nunca se aplica a los jerarcas de la política, como debería ser el caso hoy con Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Y los ciudadanos se vuelven cómplices de esta situación. En México se cometen más de 4 millones anuales de actos de pequeña corrupción. El ciudadano de a pie con frecuencia es tan culpable como la clase política a la cual critica. En los trámites vehiculares. En los trámites ante el Ministerio Público. En el pago de la tenencia. En los trámites en juzgados o tribunales. En el pago del predial. En los trámites fiscales. En los trámites para abrir una empresa. Los ciudadanos construyen -día con día- la cultura de la ilegalidad al pensar que como el gobierno viola la ley, pueden hacerlo también. Un Estado depredador genera una población que también lo es. Un Estado que imparte la justicia diferencialmente produce una población que la aplica por su propia mano. Un Estado que transgrede las leyes engendra una población que no cree en ellas. Parafraseando a Voltaire, muchos terminan haciendo todo por dinero, porque creen que el dinero lo hace todo. Y en México, con demasiada frecuencia, así es.

Fuente: Reforma.

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