Noticia publicada a las 04:44 am 01/03/15

Por: Isabel Sepúlveda.

A todos nos emociona ser iluminados por un gran proyecto que sea fuente de innovación, despierte el entusiasmo y mejore las condiciones de vida de la población. Lo terrible, que con cierta frecuencia sucede, es caer en la cuenta de que ni la idea era original ni el maravilloso proyecto funciona y, encima, nos salió carísima la ocurrencia.

Ese podría ser el caso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el nuevo organismo federal diseñado para combatir los dos virus que nos están matando de cólera e impotencia a los mexicanos: la corrupción y su engendro, la impunidad. El SNA ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, sigue el visto bueno del Senado para después pasar a la minuciosa revisión (es un decir) de los congresos estatales, de los cuales se necesitaría un mínimo de 17 anuencias para reformar la Constitución.

Una vez aprobado por todas estas instancias, se reformarán 14 artículos de la Carta Magna para implementar diversas medidas con el fin de coordinar los tres órdenes de gobierno y así garantizar la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción (me suena, ¿en dónde lo hemos escuchado antes?).

También posibilitará la revisión en tiempo real de fondos y fideicomisos públicos y privados, permitiendo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audite a los estados y a los órganos autónomos. Además, los delitos no prescribirán antes de siete años, para evitar la impunidad.

Excelente. Todo lo que se haga para obligar a la rendición de cuentas y combatir la corrupción e impunidad es bienvenido, siempre y cuando sean organismos efectivos y no un elefante blanco que engorda con millonarios presupuestos y carísimos e inútiles funcionarios, como sucede con casi todos los que hoy en día mantenemos.

Lo que se debe aclarar desde ahora es cómo se van a relacionar con el SNA los organismos estatales, porque el 92 por ciento de los ingresos de las entidades son de origen federal, y con las reformas se auditará el 100 por ciento. Cada estado tiene su propia auditoría, además de organismos de transparencia y áreas de fiscalización en casi todas las instituciones públicas. El riesgo es la duplicidad de funciones, que en vez de facilitar el combate a la corrupción, alargue y enrede la rendición de cuentas.

En todo el país ya existen leyes, reglamentos, instituciones y personal para realizar los procedimientos específicos para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción (¡Lo ven! Ya lo habíamos escuchado antes) en los tres poderes y tres niveles de gobierno y organismos autónomos. El problema es que simulan hacer su chamba o, si la hacen, sus efectos son muy limitados o de plano nulos. Ejemplos sobran.

En 14 años de revisión de cuentas públicas, de 444 denuncias realizadas por la ASF, sólo se han consignado siete personas. En este periodo, el organismo recibió 12 mil 670 millones de pesos, o sea, cada consignado nos costó mil 810 millones de pesos (Reforma, 24/02/15).

En Jalisco, la Auditoría Superior del Estado es la mayor y más eficiente lavandería de cuentas públicas; y al auditor, Alonso Godoy, sus conocimientos profundos de la cañería de la corrupción estatal, municipal y legislativa lo han convertido en una especie de cacique al que nadie se atreve a tocar ni a remover. Su presupuesto multimillonario arroja resultados más magros que los de la ASF y gran parte se utiliza en caprichos como estrenar un edificio de 318 millones de pesos y comprar camionetas de más de 300 mil pesos a sus funcionarios.

Mire, con semejante eficiencia y racionalidad de gasto, mejor nos repartimos el presupuesto de la ASF y de todas las instituciones públicas dedicadas a vigilar la rendición de cuentas, al cabo, de todas maneras estamos infestados de corrupción e impunidad.

Conclusión: no hay que pensarle mucho para revertir la crisis de credibilidad y confianza en el gobierno ni para remediar la epidemia de podredumbre que nos azota. Los gobernantes deben de hacer su trabajo con honestidad, valentía y voluntad de cumplir lo que ya dicen la ley y los reglamentos.

Adelante con buenas ideas y organismos para mejorar la vigilancia, siempre y cuando se cumplan.

Fuente: Reforma.

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